Sean "Diddy" Combs ha obtenido un alivio significativo en su situación legal tras una modificación reciente a su condena federal.
Las autoridades penitenciarias de Estados Unidos ajustaron la fecha en la que Combs recuperará su libertad, reduciendo su tiempo de reclusión tras su participación en un programa de rehabilitación por abuso de sustancias.
La Oficina Federal de Prisiones notificó que la nueva fecha estimada de liberación de Combs será el 25 de abril de 2028, aproximadamente mes y medio antes del 4 de junio de 2028, que era la fecha anterior más reciente programada para su salida.
El rapero, de 56 años, cumple actualmente una condena de cuatro años y dos meses de prisión luego de haber sido encontrado culpable en octubre de 2025 de dos cargos federales de transporte para ejercer la prostitución. En su juicio, fue exonerado de cargos más graves como tráfico sexual y conspiración de crimen organizado, pero las condenas por transporte para fines de prostitución lo enviaron a prisión federal en 2024.
La participación de Combs en el programa de rehabilitación ha sido descrita por sus representantes como un compromiso serio con su recuperación y crecimiento personal. Según el comunicado difundido tras su ingreso al Programa Residencial para el Abuso de Drogas (RDAP), el artista "participa activamente" en el tratamiento, lo cual le ha permitido acceder al beneficio de una reducción en su sentencia, una práctica común en el sistema penitenciario estadounidense para internos que cumplen con ciertos requisitos de conducta y progreso.
Esta no es la primera vez que la fecha de liberación de Combs se modifica. En noviembre de 2025, su salida fue empujada de mayo a junio de 2028 después de reportes de mala conducta dentro del Federal Correctional Institute Fort Dix, ubicado en Nueva Jersey, donde cumple su condena. Entre las supuestas infracciones se incluyen incidentes como el consumo de alcohol casero y la realización de llamadas telefónicas no autorizadas.
Mientras tanto, el equipo legal del también empresario continúa con un proceso de apelación ante un tribunal federal, buscando revocar o reducir aún más su condena. Los abogados han argumentado en su defensa que algunos aspectos de su sentencia original fueron excesivos y que se han producido irregularidades procesales, aunque los fiscales se han opuesto firmemente a esos argumentos.


