por Redacción
13/03/2026 15:44 / Uniradio Informa Baja California / Gobierno / Actualizado al 13/03/2026
SAN DIEGO.- Autoridades del condado de San Diego presentaron cargos criminales contra Kim Huynh, de 51 años, acusada de defraudar a Medicare y a compañías de seguros por más de 11 millones de dólares mediante prácticas de facturación fraudulenta, lavado de dinero y ejercicio de la medicina sin licencia.
La fiscal de distrito del condado de San Diego, Summer Stephan, informó que la investigación permitió el cierre del centro médico Tubi Connect, Inc., que operaba clínicas en San Diego, el condado de Orange y Texas.
Según las autoridades, Huynh instruía al personal de facturación para presentar reclamaciones por electroencefalogramas (EEG) —pruebas médicas utilizadas para diagnosticar trastornos como epilepsia— pese a que esos servicios no eran realizados. En su lugar, la clínica practicaba electroencefalogramas cuantitativos (QEEG), estudios que generalmente no están cubiertos por Medicare ni por seguros privados.
De acuerdo con la investigación, al declarar falsamente que brindaba servicios médicos que no prestaba, la acusada facturó más de 10 millones de dólares a Medicare, lo que derivó en pagos superiores a 4.6 millones de dólares. Además, compañías de seguros privadas recibieron facturación por más de 600 mil dólares, con pagos que superaron los 100 mil dólares.
Las clínicas ofrecían supuestos tratamientos de "neurofeedback" dirigidos principalmente a adultos mayores neurodivergentes. Las pruebas eran realizadas por técnicos sin licencia, mientras que los resultados eran interpretados por el copropietario de la clínica, Iman Shirali, quien se presentaba como médico sin contar con formación ni certificación profesional; Shirali falleció posteriormente.
El caso fue investigado de manera conjunta por el Federal Bureau of Investigation (FBI), el U.S. Department of Health and Human Services a través de su Oficina del Inspector General (HHS-OIG), y la Fiscalía del Condado de San Diego.
Huynh fue arrestada el 11 de marzo y durante su primera audiencia se declaró no culpable. El tribunal fijó una fianza de 750 mil dólares y programó una nueva audiencia para el 18 de marzo de 2026 para revisar su situación. En caso de ser declarada culpable, podría enfrentar hasta 14 años de prisión.
Las autoridades señalaron que la investigación tomó dos años y que continuarán trabajando para combatir el fraude en el sistema de salud y proteger los recursos destinados a pacientes que realmente necesitan atención médica.
