Condado de San Diego pagará a organizaciones comunitarias tras investigación por fraude
San Diego.- El Condado de San Diego informó que compensará a varias organizaciones comunitarias que no recibieron pagos por servicios realizados como subcontratistas de la Harm Reduction Coalition of San Diego (HRCSD), cuyo exdirector de operaciones enfrenta acusaciones de malversación de fondos.
De acuerdo con autoridades, se destinarán cerca de 150 mil dólares para cubrir adeudos con seis subcontratistas que brindaron servicios dentro del contrato con la organización, pero que nunca fueron facturados al condado ni pagados por HRCSD.
Aunque el contrato establecía que la organización era responsable de pagar a su personal y subcontratistas, el gobierno local determinó realizar estos pagos debido a las circunstancias excepcionales del caso, reconociendo el trabajo y materiales entregados.
Posible restitución adicional
El condado señaló que los subcontratistas también pueden solicitar compensación adicional como víctimas dentro del proceso penal que lleva la San Diego County District Attorney's Office.
Servicios de salud no se interrumpieron
La HRCSD tenía como función distribuir naloxona —medicamento para revertir sobredosis— y materiales de detección de drogas. Sin embargo, el condado canceló todos los contratos con la organización en junio de 2025.
A pesar de ello, las autoridades aseguraron que la distribución de naloxona continúa sin interrupciones, con el objetivo de garantizar el acceso a recursos que salvan vidas.
Auditoría y medidas de control
Como parte de las acciones tras el caso, el condado trabaja con un auditor independiente para revisar sus procesos de contratación. Se espera que el informe, con hallazgos y recomendaciones, esté listo a finales de mayo.
Posteriormente, el gobierno evaluará posibles medidas adicionales para fortalecer los controles y proteger los recursos públicos.
Llamado a denunciar irregularidades
Finalmente, el condado exhortó a empleados, contratistas y ciudadanos a reportar posibles casos de fraude, abuso o mal uso de recursos a través de su línea ética disponible las 24 horas, así como ante la unidad de integridad pública de la fiscalía.
El caso se mantiene bajo investigación.