por El Universal
03/10/2026 10:25 / Uniradio Informa Baja California / Gobierno / Actualizado al 03/10/2026
MÉXICO.- A cinco días de que el exgobernador de Baja California, Ernesto Ruffo Appel, ligado a una red de huachicol fiscal, llegara a su casa en Ensenada para enfrentar su proceso penal en prisión domiciliaria, la Fiscalía General de la República (FGR) aseguró tener pruebas "contundentes" de que el político participó activamente en las decisiones de la empresa Ingemar.
"La indagatoria cuenta con datos de prueba contundentes, como dictámenes periciales, entrevistas, diligencias, análisis de información, entre muchos otros", sostuvo la FGR a cargo de Ernestina Godoy y detalló que como accionista y secretario del Consejo de Administración de la empresa Ingemar, Ruffo Appel habría participado en la conducción, representación legal y toma de decisiones estratégicas de la empresa.
Por medio de un comunicado, la Fiscalía General de la República compartió que el mismo exgobernador de Baja California ha reconocido tener 49% de las acciones de la empresa señalada, así como tener conocimiento, al menos desde 2024, que los camiones y ferrotanques con mayor capacidad de transporte de combustible eran declarados con menos volumen, es decir, el procedimiento conocido como huachicol fiscal.
"Camiones y ferrotanques con capacidad de 30 mil, 40 mil, 110 mil y 112 mil litros eran declarados en los pedimentos de importación por un volumen de 10 mil litros", indicó la FGR.
De acuerdo con las investigaciones de la Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada (FEMDO), Ingemar era usada para el contrabando de combustible por medio del uso de ferrotanques para desarrollar sus operaciones.
La empresa está vinculada con actividades de servicios portuarios, dragados y operación de puertos que con el tiempo presentó un "comportamiento incongruente con su perfil fiscal", al registrar movimientos millonarios en cuentas nacionales, añadió la máxima autoridad.
Finalmente indicó que el proceso penal contra Ruffo Appel continúa su curso ante la autoridad judicial correspondiente y que se le presume inocente mientras no exista una sentencia condenatoria basada en los datos de prueba de la investigación.
