por Uniradio Informa
15/07/2026 11:22 / Uniradio Informa Baja California / Gobierno / Actualizado al 15/07/2026
La gobernadora de Baja California sostuvo que el exmandatario le tendió una "operación de engaño" al ofrecerle una reunión con supuestos agentes estadounidenses, de la cual se grabaron y difundieron fragmentos manipulados en plena antesala electoral.
TIJUANA. — La gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila Olmeda, responsabilizó al exgobernador Jaime Bonilla Valdez de impulsar lo que calificó como una narrativa engañosa a partir de audios filtrados de una conversación privada, y negó haber entregado información que comprometiera la seguridad nacional, la soberanía del país o la integridad de las instituciones mexicanas.
"Jamás he traicionado ni traicionaría a nuestra patria. Nunca he entregado ni entregaría información que comprometa la seguridad nacional, la soberanía de nuestro país o la integridad de nuestras instituciones", declaró la mandataria en un mensaje a medios.
La gobernadora precisó que, en su calidad de titular del Ejecutivo estatal, no tiene acceso a información de seguridad nacional, y ubicó el origen de los audios en un contexto distinto: gestiones personales relacionadas con la visa estadounidense que le fue cancelada, situación que ella misma hizo pública en su momento.
"Lo que se escucha en los audios que ustedes ya conocen ocurrió en el contexto de una situación personal relacionada con mi visa, que yo misma hice pública. Nada de lo expresado implicó subordinación, entrega de información reservada o afectación alguna a los intereses de nuestro país", afirmó.
La reunión que, según ella, resultó una trampa
Ávila Olmeda relató que, tras decidir el año pasado dejar atrás sus diferencias políticas con Bonilla Valdez, el exgobernador le ofreció reunirse con personas de Estados Unidos para tratar el tema de su visa. Dijo haber confiado de buena fe en su antecesor y haber sostenido ese encuentro, del cual después se difundieron fragmentos.
"Confié de buena fe en mi antecesor y tuve esa reunión, de la cual se han difundido ciertos fragmentos. Hoy queda claro para todos que fue una trampa", expresó la gobernadora, quien afirmó que los participantes se hicieron pasar por agentes o intermediarios de autoridades estadounidenses y le plantearon supuestos cargos y procedimientos judiciales en el extranjero.
Según su versión, al notar lo extraño de las circunstancias los remitió con un abogado que en algún momento había consultado. "Nunca lo buscaron, nunca se comunicaron con él, nunca presentaron un solo documento y nunca se concretó ninguna reunión. Solo quisieron grabar una conversación privada para después difundirla con el único interés de afectarme políticamente", sostuvo.
La mandataria ubicó la grabación en una reunión sostenida a mediados de diciembre de 2025 en Tijuana y señaló que su difusión ocurre en el arranque del periodo preelectoral. "Es evidente que aquí nunca hubo intervención de agentes o enlaces con el gobierno de los Estados Unidos. El enviado de Jaime Bonilla hizo un montaje y fui víctima de una operación de engaño y de venganza política", dijo.
El señalamiento cruzado sobre el caso Next Energy
En su mensaje, la gobernadora recordó que Bonilla Valdez enfrenta un proceso penal por el caso de la planta fotovoltaica Next Energy, por los delitos de peculado, abuso de autoridad y uso ilícito de atribuciones y facultades. "Eso tendrá que enfrentarlo ante las autoridades judiciales y responderle al pueblo de Baja California", señaló.
Un juez de control vinculó a proceso a Bonilla Valdez el 24 de marzo de 2026 por ese caso, tras una audiencia que se extendió por casi 24 horas en Mexicali, según consta en registros judiciales y periodísticos de ese momento. El expediente señala presuntas irregularidades en un contrato plurianual para construir una planta de energía fotovoltaica en el Valle de Mexicali, cuyos pagos comprometían participaciones federales y cuya obra nunca se concretó por falta de permisos.
Niega entrega de información de las mesas de seguridad
La gobernadora afirmó que los audios fueron editados y presentados fuera de su contexto original. "Es fundamental que la opinión pública sepa que esos audios han sido burdamente manipulados y completamente sacados de contexto. Han cortado, pegado fragmentos a su conveniencia para construir una falsedad", dijo.
"Aún así, con toda claridad lo digo: nunca he proporcionado información confidencial o reservada de las mesas de seguridad a autoridades extranjeras", puntualizó. Añadió que el intercambio de información entre los gobiernos de Baja California y California, estado vecino de Estados Unidos, es una práctica cotidiana derivada de la condición fronteriza binacional, "siempre en un marco institucional".
Sobre su situación financiera, reiteró una aclaración que ya había hecho meses atrás: "Solo tengo dos cuentas bancarias en México (...) no tengo ninguna cuenta bancaria fuera del país". Anticipó además que podrían seguir apareciendo más fragmentos de la grabación. "No recuerdo cada palabra utilizada en esa conversación, pero tengo la tranquilidad de que el contexto real será siempre el mismo", indicó.
"La verdad pesa más que los montajes"
Al cierre de su mensaje, Ávila Olmeda reiteró su rechazo a cualquier señalamiento de deslealtad y afirmó que continuará al frente de su administración. "Nunca traicionaré a México. Nunca traicionaré a la patria. Jamás lo haría y jamás lo haré. Mi lealtad es al pueblo de Baja California y a nuestra nación es absoluta e inquebrantable", expresó.
"A quienes prepararon esta trampa les digo que la verdad pesa más que los montajes. Mi compromiso con el combate al crimen organizado ha sido y será, hasta el último día de mi gobierno, total y absoluto", sostuvo, antes de reiterar que continuará gobernando "con responsabilidad, con total transparencia" hasta el final de su administración.
Antecedentes del caso
La controversia se originó el 21 de junio de 2026, cuando el columnista de EL UNIVERSAL Héctor de Mauleón difundió un primer audio en el que se escucha a la gobernadora dialogar con un presunto asesor externo del FBI sobre la posibilidad de una reunión en el Consulado de Estados Unidos en Tijuana para abordar su situación migratoria. Ávila Olmeda confirmó entonces la autenticidad de la grabación y la vinculó a las gestiones derivadas de la cancelación de su visa estadounidense, ocurrida en mayo de 2025.
El 13 de julio de 2026, De Mauleón publicó una segunda grabación en la que se escucha a la mandataria hablar con un supuesto intermediario de autoridades estadounidenses sobre distintos escenarios legales, incluida una posible extradición, y expresar disposición a compartir información conocida en las mesas de seguridad estatales. El gobierno de Baja California respondió que se trataba de fragmentos de una conversación privada con personas que no acreditaron formalmente representar a agencias de Estados Unidos.
La difusión del segundo audio derivó en que el dirigente nacional del PAN, Jorge Romero Herrera, exigiera que la gobernadora solicitara licencia al cargo mientras se esclarecen los hechos, al considerar que el tema trasciende lo político y toca la seguridad nacional. El comité estatal del PAN en Baja California, encabezado por Lizbeth Mata Lozano, respaldó la exigencia y anunció que impulsará una solicitud de juicio político.
Por su parte, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, señaló en la conferencia matutina del 14 de julio de 2026 que, en un primer análisis, no se advierte que la grabación contenga información de un nivel de sensibilidad que representara un riesgo de haberse compartido. La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo indicó que no existe certeza sobre la identidad de la persona con la que conversa la gobernadora en los audios, y diferenció el caso del de la presencia de agentes estadounidenses en Chihuahua, al señalar que en aquel sí hay certeza sobre la actuación de funcionarios extranjeros en territorio nacional.
El proceso penal contra Jaime Bonilla Valdez por el caso Next Energy fue documentado por el Sistema de Justicia Acusatorio de Baja California el 24 de marzo de 2026, cuando un juez lo vinculó a proceso como coautor por los delitos de peculado, abuso de autoridad y uso ilícito de atribuciones y facultades, con una garantía de 100 mil pesos. El propio Bonilla Valdez ha cuestionado públicamente el manejo de los audios filtrados, afirmando en declaraciones a medios que la situación de la gobernadora se debe a sus propias decisiones.
