por Redacción
19/08/2025 11:55 / Uniradio Informa Baja California / Gobierno / Actualizado al 19/08/2025
CALIFORNIA.- Reafirmando los valores del estado y el compromiso continuo de proteger a los californianos, la oficina del gobernador Gavin Newsom respondió a las amenazas del gobierno federal con respecto a las leyes del estado relacionadas con la cooperación de las fuerzas del orden con las fuerzas de inmigración y recordó a la Fiscal General de los EU Pam Bondi las obligaciones éticas de los abogados del Departamento de Justicia de los EE. UU. (US DOJ).
La semana pasada, la Fiscal General de los Estados Unidos, Pam Bondi, envió una carta a varios estados y ciudades de todo el país, incluida California, amenazando con procesar penalmente a los funcionarios estatales y locales que usen su cargo oficial para "obstruir los esfuerzos federales de inmigración y facilitar e inducir la inmigración ilegal".
Los tribunales han reafirmado la validez de las leyes de California una y otra vez. Este es otro intento del gobierno federal de presionar a los estados para que se arrodillen y acepten sus tácticas autoritarias. No nos dejaremos intimidar para que renunciemos a nuestra soberanía, dijo el Gobernador Gavin Newsom
En 2019, el Noveno Circuito confirmó la ley de California ante una demanda interpuesta por la Administración Trump ( Estados Unidos contra California) . El Tribunal sostuvo que el Proyecto de Ley del Senado 54 no está invalidado por la ley federal, concluyendo que los estados tienen derecho, en virtud de la Décima Enmienda y su norma anti-apropiación, a negarse a adoptar o aplicar políticas federales conforme a la ley estatal o con sus propios recursos.
La carta de hoy observó que amenazar con iniciar procesos judiciales en California mientras Estados Unidos v. California y un caso posterior decidido en 2020 siguen siendo un precedente legal vinculante en California podría considerarse un proceso penal malicioso.
Obligado por la conducta profesional
La carta de hoy también explicó que las Reglas de Conducta Profesional de California generalmente prohíben a los abogados presentar una demanda o una posición en litigio sin causa probable y con el propósito de acosar o lesionar a una persona. Iniciar un proceso penal por conductas que los tribunales han declarado expresamente lícitas —como amenazó implícitamente la carta de la Fiscal General Bondi del 13 de agosto— probablemente violaría estas obligaciones éticas.
Por lo tanto, cualquier abogado del Departamento de Justicia de los Estados Unidos con licencia en California que participe en amenazar o iniciar un proceso de este tipo en California puede correr el riesgo de enfrentar una queja ética ante el Colegio de Abogados del Estado de California.
La realidad sobre la ley de California
La ley estatal no impide las investigaciones penales ni el intercambio de información sobre los antecedentes penales de una persona. California no interfiere con la autoridad del gobierno federal para aplicar las leyes federales de inmigración con recursos federales. Con ese fin, desde 2019, el Departamento de Correcciones y Rehabilitación de California (CDCR) ha coordinado con el ICE en más de 11,300 casos, incluyendo casos de personas condenadas por asesinato, violación, abuso sexual infantil y otros delitos graves.
La ley estatal prioriza la seguridad pública al permitir la coordinación con el ICE para las personas condenadas o que enfrentan cargos creíbles por delitos violentos o graves, u otros delitos que amenazan la seguridad pública. La ley estatal ayuda a garantizar que todos los californianos no teman denunciar delitos a la policía, como las víctimas de trata de personas o violencia doméstica, y que las fuerzas del orden locales cooperen con las federales para proteger la seguridad pública.
A nivel local, hay más de 30 delitos (graves, violentos, específicos y otras categorías) que permiten la comunicación y coordinación para fines de control migratorio federal.
El mal uso de agentes federales por parte de Trump en un evento público
El domingo, el gobernador Newsom anunció que presentó una solicitud formal de información sobre la reciente acción y el papel de la administración Trump al dirigir a las fuerzas del orden federales y al personal militar en lo que parecía ser una operación destinada a intimidar a quienes defienden un proceso electoral justo y a quienes Trump percibe como posibles amenazas políticas.
El despliegue ilegal de la Guardia Nacional por parte de Trump
A principios de este mes, el gobernador Gavin Newsom anunció que solicitará al gobierno federal que proporcione a los contribuyentes el costo total de este despliegue ilegal. En virtud de la Ley de Libertad de Información, la Oficina del Gobernador solicita todos los documentos y registros para identificar los gastos totales incurridos para activar a los Marines de EE. UU. y federalizar la Guardia Nacional desde el 7 de junio.
El impacto económico de este teatro de Trump
El despliegue militar y las consiguientes redadas migratorias están costando millones a los contribuyentes y perjudicando la economía de California. La asistencia al trabajo en el sector privado ha disminuido un 3,1 % , una caída comparable solo a los niveles de confinamiento por la COVID-19. Se espera que las medidas de Trump, incluyendo aranceles globales y redadas migratorias, contraiga la economía de California a finales de este año, impactando en la construcción, la hostelería y la agricultura, según un pronóstico de UCLA Anderson.
Los arrestos, detenciones y deportaciones masivas en California podrían costarle a la economía estatal $275 mil millones y eliminar $23 mil millones en ingresos fiscales anuales. La pérdida de trabajadores inmigrantes, incluyendo a personas indocumentadas y quienes pierden su estatus legal, obstaculizaría proyectos (como la reconstrucción de Los Ángeles tras los incendios forestales), reduciría el suministro de alimentos y aumentaría los costos. En 2022, los inmigrantes indocumentados contribuyeron con $8.5 mil millones en impuestos estatales y locales, una cifra que aumentaría a $10.3 mil millones si pudieran trabajar legalmente.
