Recomendaciones de organismos de derechos humanos serían más efectivas con sanciones económicas y restricciones a servidores públicos: CEDHBC
TIJUANA.- Para fortalecer la efectividad de las recomendaciones emitidas por organismos defensores de Derechos Humanos, se ha planteado que estén acompañadas de sanciones económicas y restricciones de derechos para servidores públicos responsables de violaciones.
Jorge Álvaro Ochoa Orduño, Presidente de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Baja California (CEDHBC), reconoció que en Baja California se han registrado avances graduales en materia de derechos humanos, aunque señaló que aún existen pendientes importantes.
Explicó que las recomendaciones no deben permanecer únicamente como documentos administrativos, por lo que propuso a nivel nacional mantener su carácter no vinculante, pero fortalecer sus consecuencias cuando se acrediten violaciones.
Entre las propuestas destaca la creación de un padrón nacional de servidores públicos sancionados por vulnerar derechos humanos, con el objetivo de generar antecedentes claros y evitar la reincidencia dentro del servicio público.
"Yo he propuesto a nivel nacional que se tiene que hacer modificaciones. Que las recomendaciones sigan siendo no vinculatorias, sigan siendo recomendaciones, pero que haya mayores consecuencias. Que exista un padrón nacional de servidores, servidoras públicas que han violado derechos humanos y que han quedado acreditados en recomendaciones", dijo.
El ombudsperson planteó además que, en casos graves como tortura o privación de la vida, se contemple la suspensión de derechos políticos para impedir que los responsables puedan ocupar nuevamente cargos públicos.
Asimismo, señaló que la incorporación de sanciones económicas contra funcionarios que incurran en violaciones acreditadas permitiría generar mayor conciencia institucional y reforzar la responsabilidad en el respeto y protección de los derechos humanos.
"En casos de posiblemente de violaciones graves a derechos humanos, como tortura, como privación de la vida, etcétera, que se le suspendan sus derechos políticos, que no puedan acceder al servicio público cuando haya violaciones graves a derechos humanos. También yo lo que he dicho es que, y lo propuse a nivel nacional y ya está en la historia de los organismos públicos de derechos humanos, que existan sanciones peculiares en contra del servidor o servidora pública que quede acreditado que violó derechos humanos. Creo que con ese tipo de cosas habrá mayor conciencia en las consecuencias que puede haber si queda acreditada violaciones a derechos humanos", finalizó.