VIDEO.- Detenido de Afirme, había demandado a BC para no regresar 123 mdp y seguir cobrando

- Detención de Nabor "N", directivo de Afirme, por mandato judicial: Consejero Jurídico

BAJA CALIFORNIA.- La detención del directivo de Banca Afirme, Nabor "N", ocurrida esta semana y señalado como presunto responsable en el caso de Next Energy en Baja California, obedece exclusivamente al cumplimiento de un mandato judicial emitido en el marco del debido proceso, aclaró el Consejero Jurídico del Gobierno del Estado, Juan José Pon Méndez.

El funcionario aseguró que las autoridades estatales han actuado en todo momento conforme a derecho y con responsabilidad institucional, por lo que el proceso legal contra Nabor "N" no solo es legal y justo, sino que además ha estado marcado por la tolerancia y la paciencia. Recordó que el indiciado permaneció prófugo por más de dos años, periodo durante el cual promovió diversos recursos legales a su conveniencia e incluso solicitó asilo político en los Estados Unidos.

"Las autoridades estatales han actuado conforme a derecho y con gran responsabilidad institucional. Garantizamos que el proceso judicial que se está llevando en contra del señor Nabor no solo es legal y justo: ha sido tolerante y paciente. Durante más de 2 años esta persona se mantuvo prófugo de la justicia y promovió todo lo que a su derecho convenía", comentó.

Pese a haber recibido múltiples citatorios para atender el caso, el directivo no se presentó a ninguna de las audiencias, lo que obligó a las autoridades a solicitar prisión preventiva, explicó Pon Méndez.

Indicó que, en su calidad de delegado fiduciario de Banca Afirme, Nabor "N" tenía la capacidad legal para llevar a cabo acciones y gestiones necesarias para devolver los 123 millones de pesos que una autoridad judicial ordenó reembolsar al Estado, sin embargo, no lo hizo. Por esta razón, fue vinculado a proceso por el delito de abuso por retención.

Finalmente, el consejero jurídico calificó como contradictorio que el directivo argumente no tener facultades para devolver los recursos, cuando sí ejerció poderes legales para demandar mercantilmente al Gobierno de Baja California con el objetivo de evitar la devolución del dinero, e incluso para continuar afectando las participaciones federales que podrían haber alcanzado los 5 mil millones de pesos.

"A la fecha no estaríamos hablando de una retención ilegal de 123 millones de pesos. Si hubiera procedido esa acción mercantil, estaríamos hablando de una retención de más de 5123 millones de pesos. Esta persona ha actuado en contra de los intereses de los bajacalifornianos", concluyó.