por Guillermo Parra
03/10/2025 18:00 / Uniradio Informa Baja California / Gobierno / Actualizado al 02/10/2025
BAJA CALIFORNIA.- En Baja California se apoyan las iniciativas para la expedición de la Ley General de Aguas y de reforma a la Ley de Aguas Nacionales para que la nación recupere el derecho humano al agua y se combata el mercado negro en torno a este vital líquido, manifestaron la Gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda y Víctor Amador Barragán, Secretario del Agua en Baja California (Seproa BC).
Estas dos iniciativas tienen el objetivo de que el agua se convierta en un instrumento de la nación de nuevo, explicaron, tras recordar que en 1992, Carlos Salinas de Gortari cambió la Ley de Aguas para convertir las concesiones en una mercancía.
Amador Barragán explicó que todavía no cuentan con todos los detalles de las iniciativas pero que coinciden en que es un bien nacional y que se debe garantizar el acceso como un derecho humano, además de que se darán a conocer en su momento las sanciones correspondientes.
El funcionario estatal aclaró que este tema no tiene que ver con la firma de acuerdos con los Distritos de Riego en Mexicali, pero que se está trabajando en ello.
Si se aprueban esas iniciativas, se regularizará todo lo relacionado con el agua y el Estado será el único responsable para manejarlas, de manera que ya no se les darán otros usos, como actualmente ocurre y que con la Ley General de Aguas se establecen las bases para garantizar el derecho humano al agua y al saneamiento.
Además, se definen los planes, programas y estrategias que contengan las acciones y medidas para garantizar ese derecho y también las competencias de los tres niveles de gobierno en materia de formulación e instrumentación de la política hídrica.
Asimismo, se reconocen los sistemas comunitarios de agua para uso personal y doméstico, sin fines de lucro; se prevé la existencia de sistemas comunitarios de agua bajo la coordinación de núcleos y comunidades indígenas.
Se explicó que con la iniciativa de reforma a la Ley de Aguas Nacionales se ordenarán las concesiones, no será posible transmitir títulos entre particulares, toda prórroga pasará por el análisis de la autoridad del agua; elimina los cambios de uso, crea un nuevo registro nacional del agua y da certeza jurídica para todos los usuarios.
Para combatir el uso indebido del agua se fortalece el procedimiento para la imposición de sanciones y multas, y las incrementa, concluyeron.
