por Guillermo Parra
27/03/2026 11:00 / Uniradio Informa Baja California / Gobierno / Actualizado al 24/03/2026
- En Aguascalientes y en Nuevo León se viven situaciones similares, con actores y empresas que coinciden con estos esquemas, dijo.
- De no haber actuado la actual administración estatal, aún si construirse la planta de energía se habrían pagado más de 6 mil millones de pesos.
- Los argumentos de la defensa del exgobernador no solamente no son creíbles, sino ofensivos para los bajacalifornianos, dijo el Consejero Jurídico del Gobierno de Baja California.
BAJA CALIFORNIA.- La gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila Olmeda, y el consejero jurídico del estado, Juan José Pon Méndez, rechazaron que exista motivación política en el proceso judicial relacionado con el caso Next Energy, tras los señalamientos del exgobernador Jaime Bonilla Valdés, recientemente vinculado a proceso.
Ambos funcionarios sostuvieron que las acciones emprendidas por la actual administración responden a la defensa de los recursos públicos y no a una persecución política. "Este proceso inició desde el inicio de la administración. No hay ningún tinte político. Al contrario, hay nueve personas vinculadas... son 10 en total", señalaron.
Indicaron que el exmandatario no es el único implicado en el caso y que el proceso judicial se sigue conforme a derecho. "Él podrá decir lo que considere para su defensa. Es un proceso. Si hubiera tintes políticos, hubiéramos actuado de otra manera. No lo hemos hecho", afirmaron.
Las autoridades estatales explicaron que el contrato con la empresa Next Energy comprometía recursos públicos por miles de millones de pesos, incluso sin que se concretara la obra. "Aquí lo único que estamos haciendo es proteger los recursos públicos del estado de un contrato que arriesgaba el patrimonio de los bajacalifornianos", subrayaron.
En ese contexto, el consejero jurídico detalló que el acuerdo firmado durante la administración anterior contemplaba la construcción de una planta fotovoltaica, pese a que el estado no tenía competencia en materia energética. "Se suscribió un contrato para la construcción de una planta fotovoltaica... en la convocatoria del 2020 y en el contrato plurianual se establece claramente ese propósito", explicó.
Añadió que incluso existía un señalamiento previo por parte de la autoridad federal. "La Secretaría de Energía le determinó al exgobernador que los estados no eran competentes para llevar a cabo ese tipo de licitación... y no obstante eso se procedió con la adjudicación", dijo.
Las autoridades también señalaron que, de no haberse intervenido, el estado habría enfrentado pagos superiores a los seis mil millones de pesos. "De no haber actuado nosotros... hubiéramos pagado a la fecha más de 6 mil millones de pesos, inclusive sin que se construyera esa planta", indicaron.
Además, informaron que recientemente se evitó un pago millonario tras la resolución de un tribunal. "De haber perdido ese asunto ya estaríamos obligados a pagar más de 3 mil 758 millones de pesos. Logramos ganar y detuvimos ese pago", puntualizó Pon Méndez.
Sobre los argumentos de la defensa del exgobernador, el funcionario fue enfático: "Ese tipo de declaraciones no solo no son creíbles, son ofensivas para la inteligencia de los bajacalifornianos".
Finalmente, destacaron que existen casos similares en otras entidades del país, como Aguascalientes y Nuevo León, donde coinciden actores y esquemas contractuales. "Son tres casos... actores que coinciden, empresas involucradas. No hay ningún tema político, es la defensa de los recursos públicos", concluyeron.
