VIDEO.- Una persona debe decidir si ingresa o no a un centro de rehabilitación: SS BC
Marina del Pilar Ávila Olmeda y el Dr. José Adrián Medina Amarillas explicaron ante medios de comunicación que solo la figura del tutor legal, ante una persona en crisis por consumo de sustancias, constituye una excepción a la regla general. Una vez superada la crisis, la persona tiene el derecho de decidir si permanece o abandona el establecimiento. El gobierno estatal activó además operativos interinstitucionales y anunció el fortalecimiento de protocolos en centros de rehabilitación.
TIJUANA.- La gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila Olmeda, y el secretario de Salud del estado, Dr. José Adrián Medina Amarillas, precisaron ante medios de comunicación los límites legales que rigen el ingreso de personas a centros de rehabilitación, en el contexto de las denuncias públicas contra la organización denominada "Patrulla Espiritual". Ambos funcionarios coincidieron en que trasladar a una persona a uno de esos establecimientos en contra de su voluntad constituye un delito, aunque existen excepciones legales específicas.
El secretario Medina Amarillas fue categórico al abordar el punto central del debate generado por el caso:
"Eso es ilegal. Nadie puede, en contra de su voluntad, llevarse a una persona a un centro de rehabilitación; quien lo haga está en la ilegalidad", dijo.
La excepción: el tutor legal ante una persona en crisis.
Medina Amarillas explicó que la única circunstancia en que el ingreso sin el consentimiento directo de la persona puede ser admitido es cuando existe un tutor o responsable legal y cuando esa persona se encuentra en crisis derivada del consumo de alguna sustancia. En ese supuesto, la figura del tutor habilita la intervención para garantizar la atención médica necesaria, en coincidencia con las excepciones también señaladas por la Fiscal General del Estado.
"Es diferente si hay un tutor o un responsable de esa persona y ella está en crisis por la cuestión del consumo de alguna sustancia; ahí es diferente. Ahí sí se acepta el que haya un tutor, un responsable", agregó el Dr. José Adrián Medina Amarillas, secretario de Salud de Baja California.
Después de la desintoxicación, la persona decide.
La gobernadora Ávila Olmeda reforzó ese punto al señalar que la potestad de la persona se restablece una vez superada la fase de crisis. Tanto la mandataria estatal como el secretario de Salud dejaron asentado que, una vez que la persona se encuentre totalmente desintoxicada, tiene el derecho a decidir si continúa dentro del centro de rehabilitación o si opta por retirarse.
"En ningún caso se quedan después de que ya estén totalmente desintoxicados", dijo Marina del Pilar Ávila Olmeda, gobernadora de Baja California
Operativos interinstitucionales y protocolos de actuación.
El secretario Medina Amarillas detalló que el gobierno del estado ha activado operativos coordinados entre la Secretaría General de Gobierno, la Secretaría de Bienestar, la Secretaría de Salud y la Comisión Estatal de Derechos Humanos. Esos operativos tienen como objetivo establecer un protocolo de actuación para situaciones en que se presentan determinadas circunstancias que requieren la intervención del Estado.
"El gobierno del Estado, lo que hemos hecho en su momento son operativos a través de la Secretaría General de Gobierno, con la Secretaría de Bienestar, con la Secretaría de Salud, pero sobre todo con Derechos Humanos, que nos permita entablar un protocolo cuando hay ciertas circunstancias", agregó la gobernadora de Baja California.
Mesa interinstitucional y refuerzo de capacitación en centros.
La gobernadora instruyó la conformación de una mesa interinstitucional para fortalecer la capacitación y los protocolos internos de los establecimientos especializados en atención a personas con adicciones. La titular de la Secretaría de Inclusión Social e Igualdad de Género (SISIG), Belinda Rodríguez Moreno, explicó el alcance de esa instrucción:
"Nuestra gobernadora nos ha instruido que desde una mesa interinstitucional reforcemos la capacitación y los protocolos de actuación hacia adentro de estos establecimientos especializados para el tratamiento de adicciones", expresó en su momento Belinda Rodríguez Moreno, secretaria de Inclusión Social e Igualdad de Género (SISIG).
Rodríguez Moreno subrayó que las personas en situación de calle son sujetas de derechos y que cualquier proceso al que sean sometidas en esos centros debe garantizar su dignidad con perspectiva de derechos humanos y sin discriminación:
"Las personas en situación de calle son personas sujetas de derechos y si bien es cierto pasan por un proceso en estos establecimientos, todos esos procesos deben primero salvaguardar su dignidad con perspectiva de derechos humanos y sin discriminación", agregó.
La gobernadora condena amenazas a periodistas y activa mecanismo de protección
En el mismo contexto, la gobernadora Ávila Olmeda se refirió a las amenazas que recibieron periodistas tras publicar denuncias contra la "Patrulla Espiritual". La mandataria estatal rechazó de forma explícita cualquier forma de intimidación contra comunicadores y anunció la activación del mecanismo de protección correspondiente, en coordinación con la Fiscalía General del Estado y la Secretaría General de Gobierno:
"Siempre vamos a trabajar por el respeto a los derechos humanos y reconocer el trabajo que hacen todos los organismos de la sociedad civil y condenar cualquier tipo de amenazas que puedan sufrir ciudadanos y en este caso también periodistas. También nos acompaña la fiscal para que inicie con el mecanismo junto con la Secretaría General de Gobierno y atender estas denuncias que hacen nuestros compañeros y compañeras periodistas", señaló.
Contexto: centros clausurados y una denuncia formal en la Fiscalía
Las declaraciones de la gobernadora y del secretario de Salud se producen luego de que la Fiscal General del Estado, María Elena Andrade Ramírez, confirmara la existencia de una denuncia formal contra la "Patrulla Espiritual" por privación ilegal de la libertad y lo que resulte, presentada por el titular de un colectivo de la sociedad civil.
El caso se originó por la denuncia pública de que esa organización habría trasladado e internado a una mujer trans en contra de su voluntad, y la habría exhibido en redes sociales.
La Secretaría de Salud ha intervenido en instalaciones de la organización en al menos una ocasión anterior, ordenando el cierre de centros que no cumplían con la normativa sanitaria y condicionando su reapertura al cumplimiento de los reglamentos.
La Comisión Estatal de Derechos Humanos de Baja California abrió además un expediente y emitió medidas cautelares en el caso de la mujer trans, cuyo seguimiento corresponde a las cuatro dependencias que actúan de forma coordinada: Fiscalía, Secretaría de Salud, CEDHBC y Secretaría de Inclusión Social.