Reforma a la ley de amparo dejará en la indefensión a empresas de BC frente a presiones fiscales del gobierno: experto
TIJUANA.- El abogado fiscalista Adolfo Solís Farías advirtió que la iniciativa de reforma a la Ley de Amparo dejará en la indefensión a las empresas frente a la presión fiscal del gobierno. Señaló que de aprobarse en el Congreso, representaría un retroceso de 200 años para el país.
Explicó que actualmente la legislación sanciona a los funcionarios que incumplen una orden judicial, pero con la reforma ya no se impondrían multas directas a los responsables, sino a las dependencias donde laboran.
"La primera regla es que, si un juez ordena que no se moleste a un contribuyente, que no se abuse de él o que se le restituyan sus derechos, y la autoridad no quiere cumplir, actualmente se le impone una multa. Con la nueva ley de amparo, con la reforma, se establece que no se va a multar a la autoridad si tiene una justificación y alega imposibilidad jurídico-material", dijo el especialista.
Advirtió que esta modificación abriría la puerta a que las autoridades eludan sus responsabilidades y debiliten el papel de los jueces en la protección de los derechos de los contribuyentes.
Sostuvo que la eliminación de sanciones individuales favorece un escenario en el que el poder del Estado se imponga sin contrapesos, con el riesgo de desmantelar instituciones y socavar el sistema democrático.
"Con la nueva ley de amparo ya no se le impondrá la multa directamente al funcionario, sino al órgano o dependencia donde trabaja. Cuando un Estado es capaz de destruir o desmantelar una estructura jurídica o constitucional, existe el riesgo de pasar de un sistema democrático a un sistema oclocrático. Y actualmente creo que estamos en un sistema oclocrático", expresó Adolfo Solís.
El especialista señaló que la presión fiscal ya está afectando a las empresas, al limitar su operación y provocar cierres parciales, lo que inevitablemente se traducirá en despidos de trabajadores.
En ese sentido, insistió en que la reforma a la Ley de Amparo sería lo peor que podría suceder al país, ya que debilita la defensa legal de las empresas y amenaza la estabilidad económica de miles de familias.