FGE intensifica investigación contra servidores policiales y combate a la corrupción
MEXICALI.- La investigación y persecución penal de delitos de alto impacto presuntamente cometidos por servidores públicos policiales constituye una prioridad para la Fiscalía General del Estado (FGE), afirmó su titular, Dra. Ma. Elena Andrade Ramírez, al presentar ante el Congreso del Estado los resultados alcanzados durante su gestión en materia de combate a la corrupción y fortalecimiento de la legalidad institucional.
Como parte de esta política se implementó el Operativo Especial Alba, estrategia dirigida a investigar conductas delictivas cometidas por servidores públicos policiales. Como resultado de estas acciones, durante la actual administración se han ejecutado 36 órdenes de aprehensión contra agentes policiales, por su probable colaboración con grupos criminales. La Fiscal General destacó que estas investigaciones representan un hecho relevante, al señalar que habían transcurrido más de 25 años sin una intervención de esta naturaleza contra grupos policiales. La titular puntualizó que se trata de casos específicos y reiteró su respeto al trabajo que diariamente realiza la gran mayoría de los elementos de las distintas corporaciones de seguridad.
"Para la Fiscalía General nadie está por encima de la ley", enfatizó la titular de la institución, al señalar que las conductas que vulneren la legalidad y la confianza ciudadana deben ser investigadas y, cuando existan elementos suficientes, llevadas ante la autoridad judicial correspondiente.
En materia de combate a la corrupción, la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción ejerció acción penal contra 169 servidores públicos y obtuvo 29 vinculaciones a proceso por hechos relacionados con corrupción. Asimismo, como parte de las acciones de control interno, se incrementaron en 72 por ciento las labores de supervisión, mediante 400 inspecciones en las distintas unidades de la Fiscalía, enfocadas en la revisión de carpetas de investigación y la atención brindada a la ciudadanía. Derivado de estas acciones, el Órgano Interno de Control inició 590 investigaciones administrativas, de las cuales 30 servidores públicos fueron suspendidos y tres destituidos. Por su parte, la Comisión de Régimen Disciplinario determinó la separación de tres policías de investigación y ejercitó acción penal contra 30 servidores públicos de la Fiscalía General del Estado.