por Alberto Elenes
18/02/2026 08:45 / Uniradio Informa Baja California / Reportajes especiales / Actualizado al 18/02/2026
La percepción de seguridad ciudadana contrasta con la estadística oficial, que se ve reflejado en las llamadas realizadas al 911 y no a las denuncias.
La confianza a la autoridad en este 2026 va en decremento a raíz de la irrupción a un domicilio de supuestos agentes de la GN
Dentro de un mes policías municipales portarán cámaras pectorales para documentar toda actividad.
TIJUANA.- La inseguridad en Tijuana se concentra en zonas específicas de la ciudad y no siempre coincide con el discurso oficial.
Un estudio realizado por del Consejo Ciudadano de Seguridad Pública de Baja California identifica a la Zona Centro, Zona Río, Tercera Etapa del Río, El Florido y la colonia 20 de Noviembre como las áreas con mayor incidencia delictiva, con base en reportes al 911, un indicador que —advierten— refleja con mayor precisión lo que vive la población en las calles.
"Estamos hablando de entre 500 a 600 cámaras aproximadamente. Entonces, presumimos aproximadamente un mes, si no es que menos, ya el oficial de policía, bueno, en este caso, toda la institución, ya portemos nuestra cámara ahí para tener las evidencias necesarias. Estamos hablando aproximadamente más o menos a finales del mes de marzo", señaló
David García, dir. Seguridad pública de Tijuana.
Mientras la autoridad apuesta por tecnología para documentar el actuar policial, los organismos ciudadanos alertan sobre focos rojos en el este y sureste de la ciudad, donde delitos como la violencia familiar, las amenazas y la extorsión se mantienen en niveles elevados.
"Lo más grave que vemos nosotros es la alta incidencia delictiva en esa zona de la ciudad, particularmente el tema de la violencia familiar. Natura es, por mucho, la colonia o la región de la ciudad con más violencia familiar. Hay ausencia de policías, ausencia de luminarias, ausencia de accesos y de espacios de recreación", refirió Roberto Quijano, presidente del Consejo Ciudadano de Seguridad Pública de Baja California.
De acuerdo con el Consejo, la falta de presencia institucional y de políticas públicas diferenciadas ha permitido que los delitos se desplacen por la ciudad, afectando de manera distinta a cada colonia.
"La delincuencia se va moviendo. Las amenazas y extorsiones son en la zona Este; los muertos son en Camino Verde; violencia familiar es en Natura; robos es en la Zona Centro; robo de vehículos en la zona de Otay. Pero más allá de hacer una descripción de los hechos, ¿cuál es la política pública para atender precisamente los delitos en esas colonias?", sentenció.
El análisis ciudadano también cuestiona la confiabilidad de las cifras oficiales y advierte que la percepción de inseguridad sigue en aumento, incluso dentro de los hogares.
"Si los delitos van a la baja y la percepción de inseguridad va a la alza, es que en realidad es una manera simulada o artificial de reclasificar los delitos. Más de un 50% —de la población— piensa que la inseguridad para el 2026 va a ser peor que en el 2025", agregó.
A este escenario se suma la desconfianza generada por hechos en los que presuntos agentes de seguridad habrían participado en delitos, lo que impacta directamente en la credibilidad de las instituciones.
"Es terrible que ahora los delitos no solo los cometan los delincuentes, sino desafortunadamente un elemento de seguridad pública. Estas organizaciones, sobre todo el Ejército y la Guardia Nacional no tienen sistemas claros de transparencia", concluyó Roberto Quijano, presidente del Consejo Ciudadano de Seguridad Pública de Baja California.
Desde otros sectores ciudadanos reconocen que la implementación de cámaras corporales puede ser un avance, pero insuficiente frente a una problemática estructural.
"Todo lo que abone a la transparencia y a la rendición de cuentas, al actuar policial, son características de una democracia moderna. A mí me parece que hay una crisis institucional. Es decir, el estado de fuerza mismo, 1,400, ponle 2,000 elementos, dista mucho de los 7,000 y 9,000 que se requiere, la propia geografía, el despliegue de patrullaje en los distritos de la ciudad", dijo Edgardo Flores Campbell, presidente del Comité Ciudadano de Seguridad Pública de Tijuana.
El impacto de esta percepción de inseguridad también alcanza al sector económico, particularmente al turismo y al comercio.
"Hemos tenido ya una merma económica de hasta un 30% o 35% de lo que va el inicio del año. Son situaciones que nos pega en la imagen, nos pega en la percepción y nos pega también en el bolsillo", apuntó Julián Palombo Saucedo, consejero de Canaco Tijuana.
Mientras la autoridad municipal se prepara para equipar a todos sus elementos con cámaras pectorales, los organismos ciudadanos insisten en que la verdadera incidencia delictiva se refleja en las llamadas al 911 y en cómo se siente la gente en la calle. Para ellos, más allá de las cifras, el reto para Tijuana es recuperar la presencia institucional, aplicar políticas focalizadas y reconstruir la confianza de una población que inicia el 2026 con mayor sensación de inseguridad.
