VIDEO: Ruffo responsabiliza por huachicol a la corrupción en las aduanas

• La Fiscal General de Baja California, María Elena Andrade Ramírez, confirma que la FGE no tiene una investigación estatal contra Ruffo, pero colaborarían en una posible detención si la FGR lo solicita oficialmente.

BAJA CALIFORNIA.- Luego de que trascendiera una investigación de la Fiscalía General de la República en contra del exgobernador de Baja California, Ernesto Ruffo Appel, quien gobernó el estado de 1989 a 1995, por su presunta implicación en el delito de "huachicol fiscal", el propio exmandatario ha salido a dar su versión de los hechos.

En entrevista telefónica, Ruffo Appel negó que exista, hasta el momento, una orden de aprehensión emitida en su contra, aunque reconoció estar en una lista de aproximadamente 200 personas investigadas. Atribuyó el uso de su nombre a que es la figura "más notable" del grupo.

El exgobernador panista insistió en que no ha sido citado ni notificado por ninguna autoridad.

"No ha pasado nada, nadie ha ido a la oficina, nadie me ha hablado de la autoridad para preguntarme, hoy sale este asunto de las 200 ordenes de aprehensión, que pues curiosamente, no más escogen mi nombre, bueno, me están haciendo famoso. Ni he sacado amparo", expuso Ernesto Ruffo Appel, Exgobernador De Baja California

Para Ruffo Appel, la culpa del ingreso ilegal de combustible al país es del sistema aduanero, al que calificó como el principal responsable por fallar en sus funciones de vigilancia.

"La famosa caja china, que le truena el problema a alguien y luego va a inventa una cosa en otra parte, para que se vaya el problema para allá, entonces tú te desahogas en la presión, en este caso mediática. Traemos algunos asuntos administrativos que son normales, porque estamos operando para un solo comercializador desde marzo del año pasado y son tantos pedimentos que algunos a veces se confunde con otro y tienes que aclarar, y le pagas los impuestos al SAT y luego se revuelven con un pedimento con otro, pero esas cosas son administrativas y esas siempre las hemos estado actualizando, poniendo al día, contestando y todo eso, pero de ahí en fuera, no ha pasado nada más", comentó Ernesto Ruffo Appel, Exgobernador De Baja California

Por su parte, la Fiscal General de Baja California, María Elena Andrade Ramírez, aclaró que su dependencia no cuenta con una investigación propia sobre el exgobernador por estos hechos, sin embargo, la fiscal subrayó que, de recibir una solicitud formal de colaboración por parte de las autoridades federales, la fiscalía estatal participaría en el cumplimiento de cualquier orden de aprehensión.

"Nosotros tenemos la información por el tema mediático. Seguramente sí se va a formalizar la intervención, cooperación correspondiente y, obviamente, cualquier autoridad, teniendo la información oficial, podemos proceder al aseguramiento de cualquier persona que tenga orden de aprehensión en nuestro país por cualquier delito. Sí participaríamos", añadió María Elena Andrade Ramírez, Fiscal General De Baja California

Este caso se da en un contexto en el que la Presidenta de México ha reiterado la política de "cero impunidad" de su gobierno. Sin mencionar el caso específico del exgobernador, la mandataria señaló que, si bien no se tolerará la corrupción en ningún funcionario, toda acusación debe estar sustentada con pruebas sólidas para que un juez pueda emitir una orden de aprehensión.

"Cero impunidad, tope hasta donde tope. Ahí donde hay involucramiento de un funcionario, cero impunidad. Ahora, tiene que haber pruebas, porque es muy fácil acusar, pero construir una carpeta de investigación con las pruebas suficientes para demostrar que hay alguna persona involucrada, requiere de una investigación muy profunda y de llevar pruebas para que un juez les otorgue una orden de aprehensión", dijo Claudia Sheinbaum, Presidenta De México

El futuro de este caso dependerá de la capacidad de la Fiscalía General de la República para construir un expediente inobjetable. Mientras tanto, la atención se centra en si las acusaciones se sostendrán con pruebas contundentes, como lo exige el discurso oficial, o si terminarán por alimentar la narrativa de una disputa política, como sugiere la defensa del exgobernador.