por Redacción
01/04/2026 18:50 / Uniradio Informa Baja California / Sociedad / Actualizado al 01/04/2026
TIJUANA.- Representantes de colegios, barras y asociaciones de abogados manifestaron su rechazo al acuerdo emitido por el Poder Judicial del Estado que exige acreditar especialización profesional para litigar en procedimientos familiares donde estén involucrados derechos de niñas, niños y adolescentes.
En conferencia de prensa, Daniel Avitia Beltrán, titular del Colegio de Abogados de Tijuana, afirmó que la medida "transgrede el ejercicio libre de la profesión" y rebasa las facultades del órgano judicial, al imponer requisitos no contemplados en el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares.
El abogado señaló que, en reuniones previas, el gremio expuso los posibles efectos negativos de exigir grados académicos como maestrías o doctorados, al considerar que estos no garantizan una especialización práctica en la materia.
Por su parte, Reyna Ramírez Oropeza, presidenta del Instituto de Defensa Estratégica en Derechos Humanos (INDEDH), indicó que dicha exigencia no fue contemplada durante la elaboración del nuevo Código Nacional.
En ese sentido, Eva Covarrubias, delegada de la Coordinadora Nacional de Abogados de México (CONAMEX), explicó que el gremio sí manifestó su disposición para capacitarse en el sistema de oralidad familiar, pero rechazó que se imponga como requisito obligatorio contar con estudios de posgrado.
A su vez, Alexander Bazán Gómez Llanos criticó que el Poder Judicial no haya atendido los planteamientos realizados por la comunidad jurídica durante los encuentros previos.
El coordinador del Consejo de Organizaciones Ciudadanas Independientes, Carlos Atilano, advirtió que la disposición podría derivar en una ola de amparos por posibles violaciones a derechos fundamentales como la libertad de trabajo.
En la misma línea, Hassan Martín Franco Ruiz recordó antecedentes similares durante la transición al sistema penal oral, cuando la exigencia de certificaciones generó escasez de litigantes y afectó el acceso a la justicia.
Finalmente, el gremio anunció que promoverá un amparo colectivo para buscar la revocación del acuerdo y no descartó realizar movilizaciones en caso de no obtener una respuesta favorable.
"El objetivo es defender los derechos del gremio y evitar afectaciones a la ciudadanía, especialmente en temas sensibles como los derechos de niñas, niños y adolescentes", concluyeron.
