por Octavio Fabela
02/04/2026 13:45 / Uniradio Informa Baja California / Sociedad / Actualizado al 30/03/2026
TIJUANA.- Karolina Fharrera, directora general de Alma Migrante, expuso que el caso documentado por la CNDH evidenció traslados irregulares, sin protocolos adecuados ni garantías mínimas de seguridad para las personas migrantes.
De acuerdo con la organización, en los hechos ocurridos en septiembre de 2023, migrantes de nacionalidad colombiana, ecuatoriana y guatemalteca fueron detenidos en el aeropuerto de Mexicali y posteriormente trasladados en condiciones que no cumplían con medidas básicas de protección física y emocional.
"Personas de nacionalidad colombiana, ecuatoriana y Guatemala, fueron detenidos en el aeropuerto de la ciudad de Mexicali y fueron trasladados por el Instituto Nacional de Migración en condiciones irregulares y sin protocolos adecuados que pudieran proteger su integridad física y emocional obviamente", mencionó.
Durante el traslado, el vehículo oficial sufrió un accidente atribuido a conducción imprudente y exceso de velocidad, lo que provocó lesiones graves a nueve personas y la muerte de dos migrantes bajo custodia.
"La Comisión Nacional de Derechos Humanos ha documentado con claridad que estas acciones no fueron hechos aislados, sino consecuencia de omisiones estructurales, falta de legalidad en los procedimientos y ausencia de garantías mínimas de seguridad y protección", comentó.
La recomendación emitida por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos concluyó que las violaciones no fueron hechos aislados, sino resultado de fallas estructurales, ausencia de legalidad en los procedimientos y falta de garantías de seguridad.
"Este caso evidencia una vez más las profundas fallas en la política migratoria en México, así como la falta de condiciones dignas y seguras para las personas en situación de movilidad y lo que es más grave aún incluyendo niñas, niños y presentes", indicó.
Advirtió que el caso refleja deficiencias en la política migratoria y una respuesta institucional insuficiente para proteger a personas en situación de movilidad, además de evidenciar falta de coordinación y lineamientos claros dentro del Instituto Nacional de Migración.
