California demanda a Trump por el uso ilegal de aranceles, otra vez

SACRAMENTO.-  El gobernador Gavin Newsom y el fiscal general de California, Rob Bonta, junto con una coalición multiestatal, anunciaron hoy una nueva demanda que impugna la imposición de aranceles globales por parte del presidente Trump al aplicar ilegalmente la Sección 122 de la Ley de Comercio de 1974. La demanda, presentada hoy en el Tribunal de Comercio Internacional, argumenta que el uso de la Sección 122 por parte del presidente para imponer aranceles es ilegal. 

Estos aranceles no son más que un impuesto a las familias trabajadoras: trasladan la carga de las fallidas negociaciones comerciales de Trump a quienes ya tienen dificultades para llegar a fin de mes. Trump sigue implementando políticas ilegales e imprudentes, con la esperanza de que algo funcione, mientras que los estadounidenses comunes pagan las consecuencias. Los aranceles de Trump fueron anulados por la Corte Suprema, así que ahora está imponiendo nuevos aranceles a los californianos y a todos los estadounidenses como un niño pequeño en una rabieta. El caos no es liderazgo. Y merecemos algo mejor.

Gobernador Gavin Newsom

Los consumidores y empresarios estadounidenses han dejado claro que no quieren aranceles, pero el presidente Trump ha intentado implementarlos una y otra vez. Esta vez, el presidente intenta usar una ley oscura como herramienta para sus aranceles, y, una vez más, lo hace ilegalmente  —declaró la Fiscal General Bonta—.  Esto no es nuevo para California, pero es exasperante. ¿Por qué el presidente Trump, quien durante su campaña electoral prometió hacer la vida más asequible para las familias, infringe la ley para aumentar el costo de vida de los estadounidenses? California ha impugnado la imposición ilegal de aranceles una y otra vez porque esta cuestión es de suma importancia para los californianos, que ya enfrentan el aumento de los costos. Por sexagésima vez desde que asumió el cargo, veremos al presidente en los tribunales.  

California fue el primer estado en desafiar la imposición ilegal de aranceles por parte de Trump bajo la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional de 1977 (IEEPA). Y el mes pasado, la  Corte Suprema de los Estados Unidos anuló la imposición de aranceles del presidente Trump bajo la IEEPA,  declarándolos ilegales. La decisión de 6 a 3 de la Corte confirmó lo que el gobernador Newsom y la fiscal general Bonta argumentaron desde el principio en  la demanda de California : el presidente Trump carecía de la autoridad para imponer aranceles radicales bajo poderes de emergencia. El régimen del presidente de aranceles o impuestos ilegales ha empeorado la crisis de asequibilidad para millones de estadounidenses y ha enviado ondas de choque a través de los mercados financieros, las empresas y los consumidores en todos los rincones del mundo, incluso en California, que es la cuarta economía más grande del mundo y el mayor importador y el segundo mayor exportador del país entre los 50 estados. Un  informe reciente de Yale  encontró que los aranceles llevaron a la familia promedio a perder $1,751 dólares el año pasado.

El 20 de febrero de 2026, el mismo día en que la Corte Suprema anuló los aranceles de Trump, el presidente respondió emitiendo una proclamación en la que se atribuía la autoridad, bajo la Sección 122 de la Ley de Comercio de 1974, para imponer un arancel del 10 % a la mayoría de los productos y países del mundo. Al día siguiente, el presidente Trump decidió aumentar estos aranceles al 15 %. Los aranceles bajo esta ley no pueden superar el 15 % y tienen una vigencia de 150 días, tras los cuales el presidente debe solicitar la aprobación del Congreso. La Sección 122 autoriza al presidente a imponer aranceles en circunstancias muy específicas relacionadas con problemas de pagos internacionales, ninguna de las cuales se aplica en este caso. 

Además, la Sección 122 exige que los aranceles se apliquen de forma no discriminatoria entre países y de manera uniforme entre productos. Dado que la Proclamación exime a muchos productos de Canadá, México, Costa Rica y otros países, la demanda de hoy argumenta que viola el requisito de la Sección 122 de que los aranceles se apliquen de manera consistente con el principio de trato no discriminatorio. Dado que la Proclamación también incluye 84 páginas de excepciones de productos, también viola el requisito de que los aranceles se apliquen de manera uniforme entre productos. La demanda también incluye una reclamación contra la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos, argumentando que la guía de la agencia que anuncia su implementación de la Proclamación Presidencial es ilegal según la Ley de Procedimiento Administrativo (APA).