Colusión de funcionarios y carga laboral en fiscalía favorecen fraudes inmobiliarios en Baja California, advierten abogados
TIJUANA.- La colusión entre funcionarios de Catastro y del Registro Público de la Propiedad y el Comercio, sumada a la carga de trabajo en la Fiscalía de Delitos Patrimoniales, está favoreciendo la comisión de fraudes inmobiliarios en la región.
Así lo señaló Hassan Martín Franco Ríos, ex presidente de la Federación de Colegios y Barras de Abogados, quien advirtió que este tipo de delitos no podrían concretarse sin la participación o permisividad de alguna autoridad.
"El origen de los fraudes con bienes inmuebles no se pueden concebir si no hay una coalición de alguna autoridad", dijo.
Explicó que los sistemas de ambas dependencias pueden ser vulnerados, lo que abre la puerta a actos de corrupción que facilitan la alteración o manipulación de información relacionada con bienes inmuebles.
Añadió que la agencia especializada en delitos patrimoniales enfrenta una sobrecarga crítica, ya que cada agente atiende cerca de cuatro mil expedientes, lo que dificulta avanzar en las investigaciones.
"Un agente de la fiscalía atiende 4 mil expedientes, entonces es humanamente imposible que pueda darse abasto con tanto trabajo", agregó.
Indicó que esta situación provoca retrasos prolongados en la resolución de casos, permitiendo que presuntos responsables operen durante años sin consecuencias, mientras las víctimas no logran recuperar su patrimonio.
Subrayó que el problema persiste pese a detenciones recientes, ya que existen numerosas denuncias rezagadas y familias afectadas, principalmente en Tijuana, que continúan sin acceso a la justicia.
"Es una pena que salga la Fiscalía a decir que detuvieron al líder del cártel inmobiliario en 2026, pero su primera denuncia fue en 2016. Entonces, duró 10 años operando esta persona, en el supuesto de que sea culpable, porque está vigente la presunción de inocencia. Pero así como esta persona, hay más que están denunciadas y que tienen años sus carpetas ahí, y hay ciudadanos que tienen años sin poder conseguir que se les reintegre su inmueble, que se les regrese su inmueble. Entonces, es una problemática seria que no se acaba con una rueda de prensa diciendo que detuvieron a la cabecilla o al supuesto líder de un cártel; esa parte no termina ahí. Todavía existen cientos de familias que están sufriendo esta situación en Tijuana, sobre todo en Tijuana", concluyó.