Sociedad

Cuestiona regidora, falta de transparencia en presupuesto para infraestructura en Tijuana

La presidenta de la Comisión de Movilidad en el Cabildo de Tijuana, Gina Arana, cuestionó la falta de transparencia en el manejo del presupuesto destinado a obras de infraestructura en la ciudad.
Ley y Presupuesto de Ingresos Municipal Archivo
Octavio Fabela 15-04-2026

TIJUANA.- Señaló que, pese a la magnitud de los recursos invertidos en proyectos recientes, no existe suficiente claridad sobre los montos ni sobre los detalles de ejecución, lo que limita la rendición de cuentas.

Como ejemplo, refirió el viaducto elevado en la zona del Cañón Zapata, una obra financiada con recursos federales que implicó una inversión de entre 14 mil y 16 mil millones de pesos.

"La obra del viaducto del Cañón Zapata, que inicia en el aeropuerto y desemboca en el cañón del Matadero que costó entre catorce y dieciséis mil millones de pesos y es por recurso federal, por supuesto que si hay recurso en el país y más aquí en Baja California que manda mucho dinero, producimos muchos impuestos que se mandan al interior de la república, se envía mucho y se regresa poco", refirió.

Indicó que, a pesar de tratarse de una obra de gran impacto, desde el Cabildo no se ha tenido acceso completo a la información del proyecto, aun cuando se han realizado solicitudes formales a dependencias federales.

"A la regiduría no llegó una invitación para conocer el proyecto como tal, pero sí decirles que por parte de esta regiduría sí envía oficios para que se haga llegar el proyecto y ojalá si nos lo hagan llegar porque somos nosotros autoridad, porque así como fue el del viaducto del Cañón Zapata que solo lo solicité a la SICT y a Sedena y nunca fue este atendida esa solicitud", indicó.

En este contexto, se pronunció a favor de que las vialidades dentro de la mancha urbana sean de libre tránsito, al considerar que el cobro de peaje en este tipo de infraestructura no es adecuado para la ciudadanía.

Insistió en la necesidad de transparentar los proyectos y garantizar el acceso a la información, al subrayar que las autoridades locales también deben conocer los detalles de las obras que impactan directamente en la población.