por Octavio Fabela
28/04/2026 06:45 / Uniradio Informa Baja California / Sociedad / Actualizado al 26/04/2026
TIJUANA.- La operación de un presunto cártel inmobiliario en Baja California fue denunciada por el abogado Vicente Piña, quien señaló el despojo de 3.5 hectáreas que formaban parte del patrimonio de la familia Otañez.
El caso involucra a la activista Erika Miroslava Limón Enciso, a quien se atribuye la autoría intelectual de los hechos.
"Es derivado de un despojo de aproximadamente 3.5 hectáreas que son parte de un predio mayor y que en su momento esas 3.5 hectáreas fueron patrimonio de la familia Otánez, que al paso de los años comenzaron a vender; y este despojo se hace por un nuevo cartel inmobiliario, aclarando, el cartel inmobiliario que nosotros señalamos no es el que ya está detenido, es un nuevo cartel inmobiliario que el autor intelectual, a quien le atribuimos estos hechos delictivos, es a Erika Miroslava Limón Enciso", señaló.
De acuerdo con el abogado, el despojo se habría concretado mediante un juicio laboral iniciado en 2009 en la Junta Local número 4 de la Ciudad de México, en el que originalmente figuraban otras partes. Sin embargo, acusó que los nombres de los actores y demandados fueron modificados de forma irregular mediante una red de influencias.
Explicó que a partir de ese expediente se giró un acta de embargo sobre 47 hectáreas vinculadas al patrimonio familiar, sin que se cumpliera el procedimiento legal correspondiente. Señaló que el Registro Público de la Propiedad en Baja California habría inscrito el documento sin verificar su autenticidad ni notificar previamente a los propietarios afectados.
El denunciante también apuntó a posibles responsabilidades de funcionarios del registro, incluyendo a la magistrada Nisma Nivel Romero Pelayo, quien habría intervenido en la inscripción del embargo en 2023, así como del analista Omar Rodarte Trujillo. Añadió que existen antecedentes de señalamientos similares contra la funcionaria.
"Ese despojo se da mediante un juicio laboral del centro de arbitraje laboral número 4 de la Ciudad de México, un expediente del año 2009, el expediente 338 del 2009, que aquí lo tenemos, es un informe justificado que le entrega el responsable de la Junta Laboral 4, que es el nombre que tiene actualmente, al juez de distrito con residencia en Tijuana Baja de California a través de un juicio de amparo indirecto. El juicio de origen está a nombre de otros titulares. A este expediente le cambiaron el nombre del actor y de los demandados. Esto no se pudo haber hecho sin el responsable de la Junta Local 4 de la Ciudad de México, la Junta Laboral número 4", agregó.
Asimismo, atribuyó responsabilidad al director del Registro Público, Carlos Murguía Mejía, al considerar que debía garantizar la legalidad de los documentos inscritos. El abogado sostuvo que la operación habría sido posible mediante tráfico de influencias y omisiones administrativas.
Detalló que el despojo se ejecutó de forma progresiva mediante la ocupación de predios, respaldada por documentos presuntamente falsos. Indicó que el caso ya fue llevado ante un juez federal mediante un amparo, con el objetivo de obtener un informe de autoridad que evidencie las irregularidades en el proceso.
"Nosotros atribuimos esto a la responsabilidad del director del Registro Público, el licenciado Carlos Murguía Mejía, porque él es el que tiene que tener la certeza de los documentos y cualquier actividad que realice cualquier persona de su entera confianza, la responsabilidad recae hay sobre él. No se vale que a través del tráfico de influencias, a través de la mafia del poder estén afectando a ciudadanos", concluyó.
