Expertas analizan en la Ibero Tijuana los mecanismos alternativos de solución de controversias del nuevo código nacional
TIJUANA.- En el marco de las actividades por el 8M, la IBERO Tijuana fue sede del panel "La importancia de los Mecanismos Alternativos para la Solución de Controversias (MASC) en el nuevo Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares (CNPCyF)", un espacio de diálogo que reunió a especialistas del ámbito jurídico para profundizar en los desafíos y oportunidades que representa esta reforma en el sistema de impartición de justicia en México.
Con este tipo de foros, la Universidad Iberoamericana reafirma su compromiso de fomentar el análisis académico y la discusión de temas que transforman e impactan el entorno social y jurídico de la región, impulsando la formación de profesionales comprometidos con una justicia más humana, moderna y accesible.
En el panel participaron tres expertas de amplia trayectoria en el ámbito jurídico: la Mtra. Michelle Corona Navarro, Magistrada del PJEBC e integrante del Comité de Implementación del CNPCyF; la Mtra. Nubia Ismene Rivera Patiño, Jueza de Primera Instancia de lo Familiar del PJT, adscrita al Juzgado 3ro. Familiar; y la Dra. Mónica de Fátima Gómez Llanos Juárez, Procuradora de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes en B.C.
La conversación fue moderada por la Lic. Yadira Anaya González, Coordinadora de la Comisión MASC de la Barra Mexicana de Abogados, Capítulo Baja California.
El Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares (CNPCyF), publicado el 7 de junio de 2023, marca una transformación histórica en la justicia mexicana, pues casi dos tercios de los asuntos atendidos por los poderes judiciales del país pertenecen a materias civiles y familiares.
"Estamos obligados a generar y ofrecer espacios de conciliación. En lo familiar cobra especial relevancia por las emociones y vínculos involucrados; en lo civil resulta un poco más complejo porque debemos apegarnos estrictamente a la norma. Sin embargo, la reciente reforma nos pide ir más allá de los formalismos, dentro de la legalidad y el debido proceso, claro está. Considero que es de voluntad; sin voluntad, desde cualquier ámbito, será difícil dar ese paso que fortalezca esta nueva visión de justicia. Estamos ya en eso", refirió la Magistrada Corona Navarro.
La transición hacia este nuevo modelo avanza gradualmente en las entidades federativas, con fecha límite de implementación nacional para el 1 de abril de 2027. En todo el país se han iniciado procesos de capacitación, adecuación de infraestructura y creación de Unidades de Gestión Judicial que permitirán una adopción ordenada del nuevo sistema.
Su implementación busca modernizar, homologar y agilizar los procesos judiciales mediante el uso de tecnología, la estandarización de criterios y la incorporación de la oralidad. Es considerada una de las reformas más profundas en la estructura jurídica del país. Al sustituir los 33 códigos procesales que operaban de manera independiente, busca unificar y modernizar los procesos civiles y familiares.
Compuesto por 1,191 artículos y 20 transitorios, el nuevo Código integra conceptos desarrollados por la jurisprudencia federal, impulsa herramientas digitales como expedientes electrónicos y firmas digitales, y promueve la emisión de resoluciones accesibles y comprensibles, especialmente para personas en situación de desventaja social. Este avance normativo sienta las bases para una justicia más eficiente, coherente y cercana a la realidad de las personas.
"Se pretende resolver los conflictos de manera rápida, voluntaria y pacífica, fomentando una cultura de paz, ese tejido social que necesitamos reestructurar y poder realizar a través de un mecanismo que, a lo mejor, es pronto para apostarle, pero ya es obligatorio constitucionalmente. Que no quede nada más en letras; depende también de nosotros procurarlo. Sabemos que el Poder Judicial de Baja California tiene toda la voluntad de establecerlo plenamente", enfatizó la Dra. Gómez Llanos.
Con estos cambios se busca que los juicios sean más ágiles, transparentes y centrados en las personas, reduciendo la carga administrativa de los juzgadores para que puedan enfocarse en la resolución de los conflictos.
Por su parte, la Mtra. Rivera Patiño, de la Barra Mexicana de Abogados, añadió: "Las barras de abogados tenemos todos los mecanismos; debemos incluirlos en los procesos para ponderar la solución de conflictos y la justicia alternativa. Estos deberían ser la primera opción. La solución de los conflictos está en nosotros: el conocimiento que tengo para ayudar a los demás. La justicia debe ser un traje hecho a la medida".
Para concluir, las panelistas coincidieron en que los Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias son una pieza clave en la implementación del nuevo Código, al ofrecer vías más rápidas y eficientes para resolver conflictos sin necesidad de llegar a juicio, lo que permitirá despresurizar los tribunales y fortalecer la cultura de diálogo y paz mediante acuerdos más justos, procesos más ágiles y flexibles.