Falta de coordinación entre Catastro y RPPC eleva riesgo de fraude inmobiliario en Baja California
TIJUANA.- La falta de sincronización entre Catastro y el Registro Público de la Propiedad y de Comercio (RPPC) genera riesgos de fraude inmobiliario en Baja California, advirtió el presidente de la Asociación de Agentes Inmobiliarios de Baja California (ASAI), Mario Fajardo Solana, al señalar que la desactualización de datos puede provocar inconsistencias sobre la titularidad de viviendas, terrenos y otros inmuebles.
Fajardo explicó que la falta de coordinación entre ambas instituciones puede facilitar operaciones irregulares y complicar los procesos de compraventa, debido a que la información sobre un mismo inmueble puede no coincidir entre los registros.
Ante esta situación, recomendó a las personas interesadas en adquirir una propiedad verificar previamente la situación jurídica del inmueble ante el Registro Público de la Propiedad y de Comercio, ya que una hoja de Catastro no acredita por sí misma la propiedad de un predio.
Durante un foro con integrantes del sector inmobiliario, la diputada local Evelyn Sánchez abordó la problemática y presentó los alcances de una iniciativa que busca establecer un mecanismo permanente de actualización entre el Registro Público y Catastro.
La propuesta contempla que, una vez realizada la inscripción definitiva de un acto de transmisión de dominio, el Registro Público envíe un aviso a la autoridad catastral correspondiente para que actualice la titularidad del inmueble dentro de los 10 días hábiles siguientes.
Para ello, la iniciativa plantea modificaciones a la Ley del Registro Público de la Propiedad y de Comercio y a la Ley de Catastro, además de incorporar el artículo 21 Bis, con el propósito de establecer mecanismos de vinculación y actualización de información entre ambas instituciones.
La legisladora señaló que la iniciativa ya fue presentada ante el Congreso de Baja California y estimó que su análisis y eventual aprobación podrían tomar entre tres y cuatro meses. En caso de ser aprobada, se contempla posteriormente un periodo de 90 días antes de su entrada en vigor.