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Familiares de desaparecidos denuncian que fiscalía condiciona investigación a que ellos aporten pruebas

Acusan que la falta de coordinación entre dependencias provoca que las familias sean revictimizadas y los casos queden en el abandono institucional.

Desaparecidos
Desaparecidos Archivo

por Octavio Fabela

25/07/2025 14:59 / Uniradio Informa Baja California / Sociedad / Actualizado al 24/07/2025

TIJUANA.- Familiares de Cristian Omar Valadéz y Enrique Flores, adolescentes desaparecidos desde el 28 de junio de 2024, denunciaron que la Fiscalía Especializada en Desapariciones se ha negado a buscarlos y condicionan la investigación a que las familias aporten pruebas.

La madre y la hermana de los menores, integrantes del colectivo Armadillos de Tijuana, señalaron que pese a haber entregado datos sobre la ubicación de los adolescentes, la fiscalía no ha realizado operativos. Añadieron que, a pesar de tratarse de menores de edad, no se activó la Alerta Amber.

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Iliana Valdez, madre de Cristian, lamentó que las autoridades le hayan negado la búsqueda y que incluso le indicaran que debía aportar pruebas contundentes por su cuenta. Aseguró sentirse abandonada por un sistema que debería proteger a los menores y apoyar a las familias.

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Maritza Espíritu, hermana de Enrique, aseguró que ha buscado a su hermano durante más de un año sin obtener respuestas. Afirmó que al acudir a la fiscalía fue informada de que el caso pasaría al archivo si ella no presentaba pruebas sobre quién lo desapareció o dónde podría estar.

Valeria Yordián, presidenta del colectivo Armadillos de Tijuana, reprochó que las instituciones como la Fiscalía, CAPEA y la Comisión Local de Búsqueda no atiendan con urgencia los casos. Recalcó que las víctimas deben ser tratadas como tal y no recibir una atención limitada solo por formar parte de un colectivo.

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El colectivo exige que se activen los protocolos correspondientes para menores desaparecidos y se realicen búsquedas individuales. Acusan que la falta de coordinación entre dependencias provoca que las familias sean revictimizadas y los casos queden en el abandono institucional.

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