por El Universal
27/02/2026 17:36 / Uniradio Informa Baja California / Sociedad / Actualizado al 27/02/2026
En la última década, más de 23 mil niñas, niños y jóvenes (NNA) han quedado en orfandad por feminicidio y no se cuenta con un dato estimado de víctimas indirectas de la grave problemática de desaparición en México, señaló Justicia Pro Persona A.C., una organización feminista dedicada a la defensa y promoción de los derechos humanos de las mujeres.
En un comunicado, dijo que, sin registros claros, es evidente que en el país no existe una red nacional suficiente que garantice atención psicológica, apoyos económicos, acompañamiento educativo y protección a largo plazo para esta población.
Señaló que la crisis de desapariciones impacta de manera directa a las infancias, las niñas, niños y adolescentes que pierden a sus madres o familiares y quedan al cuidado de otros familiares, principalmente las abuelas, quienes junto con las infancias y adolescencias enfrentan precarización económica, afectaciones emocionales, abandono institucional y ausencia de políticas públicas integrales.
Mencionó que el feminicidio no sólo vulnera los derechos de la víctima directa, sino que genera cambios profundos en la estructura familiar como la modificación de roles y convivencia familiares, la carga de responsabilidad en algunos integrantes de la familia, dificultades en la comunicación de una realidad que ha modificado o interrumpido proyectos de vida.
En este contexto, durante enero y febrero pasados, Justicia Pro Persona A.C., con el apoyo del Fondo Canadá para Iniciativas Locales (FCIL) y en colaboración con Arte Obrera, implementaron el proyecto "Intervenciones comunitarias de empoderamiento jurídico para una justicia transformadora", un espacio de creación artística y empoderamiento jurídico donde niñas, niños, adolescentes y personas cuidadoras que han sido afectados por la violencia feminicida y la desaparición en la Ciudad de México y el Estado de México, reflexionaron sobre sus derechos humanos y la importancia de las redes de cuidado colectivo frente a la violencia extrema en sus territorios.
El proyecto permitió generar espacios seguros donde las infancias y sus familias pudieron compartir sus historias, nombrar las violencias que viven y reconocer que el cuidado, la memoria y la organización comunitaria son también formas de resistencia.
Detalló que la Corte estableció que las niñas y niños que pierden a su madre en un contexto de violencia feminicida se convierten en víctimas indirectas, expuestas a inestabilidad emocional, precarización económica y ruptura de sus vínculos familiares.
Asimismo, señaló que la falta de investigaciones diligentes y la impunidad agravan su sufrimiento y prolongan el duelo y constató que la falta de atención especializada a las NNA víctimas indirectas de feminicidio es un problema estructural.
Expresó que, a pesar del anuncio del gobierno federal en torno a una política de cuidados, en consonancia con la Opinión consultiva OC-31/25 emitida también por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en junio de 2025, las víctimas indirectas de feminicidio y desaparición como personas cuidadoras de NNA, son nuevamente invisibilizadas por el Estado.
En el marco del cierre de los talleres del proyecto, personas cuidadoras de NNA afectadas por el feminicidio y la desaparición hicieron público un pronunciamiento en el que señalaron que el cuidado también es un derecho humano y que, sin condiciones dignas para quienes cuidan, no existen infancias protegidas.
Las personas participantes denunciaron la invisibilización institucional, la insuficiencia de políticas públicas, la fragmentación de los apoyos y la ausencia de una atención integral.
Asimismo, documentaron afectaciones en las infancias como depresión, ansiedad, discriminación escolar, estigmatización y riesgos asociados al aislamiento y la pobreza.
Entre sus principales demandas destacaron la creación de un registro nacional diferenciado de víctimas indirectas, espacios gratuitos de acompañamiento psicosocial, sanciones a funcionarias y funcionarios negligentes, capacitación obligatoria con enfoque de derechos humanos y la construcción de un protocolo nacional especializado con presupuesto suficiente.
Por su parte, las niñas, niños y adolescentes que participaron en el proyecto, emitieron un pronunciamiento colectivo en el que son sujetos de derechos, personas con sueños, miedos y esperanza.
Señalaron que desean estudiar sin discriminación, recibir atención médica integral, caminar sin miedo en sus comunidades y vivir en un país libre de violencia.
Exigieron ser escuchados, que se respeten sus derechos y que existan políticas públicas reales que protejan a sus familias.
