No hay exigencia de grados académicos a abogados en juicios que involucren menores, sino especialización técnica, aclara PJBC

BAJA CALIFORNIA.- Isaac Fragoso López, magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia de Baja California, señaló que el artículo fue aprobado por el Congreso de la Unión y establece la necesidad de garantizar una defensa especializada en asuntos relacionados con menores de edad.

Indicó que la interpretación realizada por el Consejo de la Judicatura y el Comité de Implementación del nuevo sistema derivó de consultas con legisladores que participaron en la elaboración de la iniciativa, quienes precisaron que el objetivo es asegurar conocimientos especializados y no imponer requisitos académicos específicos.

"Ellos asimilaron la especialización, consultando a los redactores de la iniciativa y ello ahora sí que en el día en la situación de no hubo diario de debates en ese artículo particularmente, pero la intención que tuvieron, se referían a una defensa especializada a una especialidad", indicó.

Precisó que la medida no exige maestrías ni doctorados para ejercer la profesión, sino que busca acreditar preparación en materia de derechos de la infancia, permitiendo que distintos perfiles jurídicos puedan cumplir con la disposición sin restringir el ejercicio profesional.

"No se está pidiendo ni una maestría ni un doctorado, sino se da una salida solamente que bueno, si no tienes una especialidad en derechos de la infancia pero tienes una maestría en derecho familiar, te puede servir. Tienes algún doctorado porque mucha gente ya ha estudiado y no se les está prohibiendo de ninguna manera el ejercicio de su derecho", mencionó

Agregó que actualmente se analiza la posibilidad de solicitar una prórroga al plazo establecido en el artículo transitorio, a través de instancias federales, con el fin de ampliar el periodo de implementación y permitir una adaptación gradual de los operadores jurídicos.

"Entonces, se está planteando una prórroga. Están manejando la secretaría de gobernación presentar una solicitud de prórroga de modificación al transitorio en el Código Nacional para efecto de dar un periodo mayor, un par de años más y obviamente eso se alarga más", comentó.

Subrayó que la prioridad del nuevo marco legal es fortalecer la protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes mediante una defensa especializada, garantizando al mismo tiempo condiciones equitativas para quienes participan en el sistema de justicia familiar.

"Aquí lo que se está privilegiando es básicamente una defensa especializada para niñas, niños y adolescentes. Los derechos de la infancia es algo muy delicado y es evidente que todos los operadores de justicia tienen que ser tratados con la misma medida y del mismo rasado", mencionó.