Personas en espectro autista aún enfrentan obstáculos en escuelas y justicia en Baja California
TIJUANA.- Las personas en espectro autista en Baja California continúan enfrentando barreras para ejercer plenamente sus derechos, principalmente en los ámbitos educativo, judicial y de participación pública, debido a la falta de accesibilidad, apoyos adecuados y conocimiento especializado, señaló Karla Alejandra Cuentas Riveroll, consultora en Derechos Humanos, Comunicación y Discapacidad.
Uno de los principales problemas se presenta en el sistema educativo, particularmente en los Centros de Atención Múltiple (CAM) y las Unidades de Servicios de Apoyo a la Educación Regular (USAER), donde, de acuerdo con la especialista, persisten condiciones que dificultan una inclusión efectiva.
Cuentas Riveroll señaló que algunos menores son rechazados o condicionados para ingresar a determinados espacios escolares debido a su condición de autismo, mientras que otros requieren apoyos específicos que no siempre están disponibles.
Entre estos apoyos se encuentra la llamada "maestra sombra", cuya función puede ser necesaria para determinados estudiantes cuando existen evaluaciones que justifican su implementación. Sin embargo, también se presentan casos en los que este acompañamiento se exige únicamente por tratarse de una persona autista, sin una valoración individual que determine su necesidad.
La consultora cuestionó lo que denominó la "industria azul", al referirse a prácticas en las que algunas personas autistas pueden permanecer durante largos periodos en terapias o con acompañamiento permanente, sin que exista una justificación suficiente sobre la necesidad de mantener dichos apoyos.
En materia judicial, identificó obstáculos relacionados con la falta de abogados especializados en derechos humanos y amparo, así como con el desconocimiento de los derechos de las personas autistas.
A estas dificultades se suman barreras burocráticas, falta de accesibilidad, ausencia de ajustes razonables y desconfianza hacia las instituciones encargadas de garantizar el acceso a la justicia.