por Redacción
12/04/2026 14:20 / Uniradio Informa Baja California / Sociedad / Actualizado al 12/04/2026
ENSENADA.- Luego de que fuera expuesto públicamente y rechazado por el gremio jurídico, el intento de imponer requisitos de maestría y doctorado para litigar en materia familiar fue calificado como una medida que no debe repetirse, al considerar que vulnera derechos constitucionales y excede lo establecido en la legislación vigente.
La abogada Nora Checker, litigante con más de 35 años de experiencia en Ensenada, sostuvo que la mayoría de colegios, barras y asociaciones de abogados se pronunciaron en contra del planteamiento impulsado por Alejandro Fragoso y respaldado por la presidenta del Colegio de Mujeres Profesionistas del Derecho, Wendy Pringle, al advertir que se trató de una interpretación incorrecta del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares que derivó en un intento de imponer criterios sin sustento legal.
Señaló que el respaldo institucional promovido por Pringle no solo careció de base jurídica, sino que intentó normalizar una restricción al ejercicio profesional que no está prevista en la ley, lo que generó una reacción inmediata de rechazo entre litigantes al considerar que se pretendía imponer una barrera de acceso al derecho de defensa.
Indicó que la propuesta evidenció una desconexión con la realidad del ejercicio profesional, al pretender trasladar al ámbito administrativo una exigencia que corresponde exclusivamente al marco legislativo, lo que fue interpretado como un exceso en las atribuciones promovidas desde el colegio.
Explicó que la formación en derecho en México es de carácter general, lo que permite a los profesionistas ejercer en distintas áreas, por lo que imponer especializaciones obligatorias representa una restricción indebida al derecho al trabajo establecido en la Constitución.
Añadió que los grados académicos como maestrías y doctorados no determinan la capacidad de un abogado litigante, ya que el ejercicio profesional se construye en la práctica diaria, en audiencias, en la presentación de pruebas y en la argumentación ante tribunales.
Indicó que el nuevo modelo de justicia oral exige habilidades técnicas específicas que deben fortalecerse mediante capacitación práctica, no mediante requisitos académicos que no están contemplados en la ley.
Precisó que tras la reacción del gremio se llevaron a cabo reuniones con magistrados del Poder Judicial, donde se reconoció la necesidad de modificar el acuerdo 7/2026 para evitar interpretaciones que condicionen el ejercicio profesional.
Añadió que la ruta planteada por los abogados es clara: capacitación continua, cursos especializados en oralidad y fortalecimiento institucional desde el propio sistema judicial, sin imposiciones que limiten el acceso a la defensa legal.
La abogada expuso que incluso al interior del colegio encabezado por Pringle surgieron posturas en contra, al señalar que integrantes manifestaron su desacuerdo con un posicionamiento institucional que no fue consensuado y que terminó por exponer divisiones internas.
Subrayó que este tipo de planteamientos generan incertidumbre en el gremio y afectan directamente a la sociedad, especialmente en asuntos de menores, donde se requiere garantizar el acceso a una defensa amplia y sin restricciones indebidas.
Indicó que además de la capacitación, el sistema judicial requiere mayor inversión en infraestructura, más juzgados y recursos suficientes para atender la demanda en materia familiar.
Señaló que también es necesario actualizar los planes de estudio en las universidades para preparar a los futuros abogados en el modelo de oralidad, en lugar de trasladar esa responsabilidad a quienes ya ejercen mediante disposiciones administrativas.
Finalmente, advirtió que el gremio se mantendrá atento a las modificaciones que emita el Poder Judicial y reiteró que no se permitirá que se vulneren derechos ni que se establezcan criterios que contravengan la ley bajo el argumento de modernizar la justicia.
