Reconoce el grupo Unidos por Tijuana a la Fiscalía por detención del cártel inmobiliario, pero pide investigación más profunda
Tijuana.- El presidente del grupo Unidos por Tijuana, José Antonio Serratos García, reconoció el trabajo de la Fiscalía General del Estado por la investigación y detención de un abogado presuntamente involucrado en actos de despojo en la ciudad.
El dirigente señaló que es fundamental que el caso avance a proceso, respetando el derecho a la defensa, pero subrayó que este tipo de prácticas, a las que denominó "huachicol de propiedades", han generado un daño considerable en Baja California, particularmente en Tijuana.
Indicó que resulta clave la correcta integración de la carpeta de investigación y su judicialización, a fin de garantizar que el caso se resuelva conforme a derecho.
Serratos García recordó que la organización impulsó anteriormente una iniciativa de reforma al artículo 2191 del Código Civil de Baja California, con el objetivo de fortalecer la protección de la propiedad, ante irregularidades detectadas en trámites de cambio de propietario en instancias como Catastro.
Señaló que diversas personas afectadas han denunciado casos en los que, al acudir al Registro Público de la Propiedad, ya no aparecían como titulares de sus bienes, además de enfrentar invasiones por parte de grupos dedicados a estas prácticas.
El representante de la asociación hizo un llamado al Poder Judicial para que realice un análisis exhaustivo del caso y actúe conforme a derecho, al considerar que el despojo de bienes constituye una afectación grave al patrimonio de las familias.
Asimismo, advirtió que podrían existir más personas involucradas, por lo que solicitó ampliar las investigaciones para deslindar responsabilidades, incluso en dependencias como el Registro Público de la Propiedad y de Comercio y Catastro.
Finalmente, pidió que las indagatorias se conduzcan con transparencia y se proceda contra todos los posibles responsables, incluidos servidores públicos, al tratarse de un problema que impacta la paz social y la confianza en las instituciones en Baja California.