Residentes médicos, al límite; CNDH alerta por abusos
Las personas médicas residentes en México enfrentan precarización laboral, violencia de género, guardias extenuantes y agotamiento físico y emocional, además de una dualidad jurídica que las coloca como estudiantes y trabajadores sin garantizar plenamente sus derechos, de acuerdo con un informe especial presentado por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH).
Ante este panorama, la presidenta del organismo, Rosario Piedra Ibarra, llamó a las instituciones públicas y privadas que participan en los programas de residencias médicas a homologar sus procesos y realizar ajustes para proteger a quienes cursan una especialidad.
También exhortó a las cámaras de Diputados y Senadores a dictaminar las iniciativas de reforma existentes en la materia.
Durante la presentación del "Informe Especial sobre la situación de los derechos humanos de las personas médicas residentes en México", destacó la necesidad de que la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) actualice sus programas y convenios de colaboración con las instituciones de salud para garantizar espacios libres de violencia.
Sostuvo que no es posible aspirar a un sistema de salud fuerte si quienes lo sostienen durante las guardias, en las urgencias y en los quirófanos enfrentan condiciones que vulneran sus propios derechos.
Explicó que el documento identifica la desprotección derivada de que las personas residentes sean tratadas como estudiantes en formación o como personal trabajador, según las circunstancias, una situación que también tiene consecuencias para quienes reciben atención médica.
La presidenta de la CNDH atribuyó estos problemas al desmantelamiento del sistema de salud que, afirmó, propiciaron las políticas neoliberales implementadas desde los años ochenta y durante casi cuatro décadas.
Según su planteamiento, mientras aumentó el número de personas afiliadas a los servicios de salud, se abandonaron la construcción de hospitales y la preparación y contratación del personal necesario.
Sostuvo que esa situación trasladó la carga operativa a los médicos en formación, con consecuencias para sus condiciones laborales y educativas, así como para la población.
Entre sus efectos mencionó la precarización, la ambigüedad de su condición jurídica y la normalización de las violencias.
También señaló avances, entre ellos el anuncio del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), realizado en febrero pasado, sobre la eliminación de guardias mayores a 24 horas.
Añadió que entre 2020 y 2025 se duplicaron las plazas para residentes de primer año y destacó el incremento en la contratación de especialistas egresados de las residencias médicas en el IMSS-Bienestar.
Por su parte, Teresa Guadalupe Reyes Sahagún, directora general y encargada de despacho de la Sexta Visitaduría, explicó que el informe forma parte del Programa Anual de Trabajo 2026 de esa área, enfocado en los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales.
Detalló que el documento consta de seis apartados que abordan los antecedentes de las residencias y su relación con los derechos a la salud, el trabajo y la educación; las acciones realizadas y los casos de estudio; los obstáculos recurrentes; las observaciones sobre los esfuerzos institucionales; las conclusiones, y las sugerencias de buenas prácticas.
La revisión incluye cuatro casos de estudio y datos de instituciones como el IMSS, el Hospital General de México "Dr. Eduardo Liceaga" y el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición "Salvador Zubirán".
Entre los problemas examinados se encuentran la dualidad jurídica de los residentes, los riesgos durante su formación, la precarización laboral, la violencia de género y el agotamiento que afecta su propia salud.
El informe también revisa los programas académicos, los canales de denuncia y la disminución de horas de guardia, e identifica la necesidad de establecer mecanismos claros de corresponsabilidad entre las instituciones educativas y las de salud.
Reyes Sahagún señaló que las propuestas están dirigidas al IMSS, al ISSSTE, a la Secretaría de Salud, a las secretarías estatales del ramo, a la UNAM y al Poder Legislativo, con el propósito de mejorar de manera verificable las condiciones de las personas residentes.
La funcionaria atribuyó parte de la situación a las políticas que, sostuvo, impuso el Fondo Monetario Internacional desde los años ochenta. También cuestionó los resultados del Seguro Popular y afirmó que, a partir de 2019, se han dado pasos para mejorar los servicios de salud.
En tanto, Juan José Sánchez, coordinador general de Administración y Finanzas de la CNDH, consideró que actualmente se realizan esfuerzos para revertir el abandono gubernamental en el sector, incluido el de hospitales cuya construcción quedó inconclusa.