por Guillermo Parra
29/05/2026 06:00 / Uniradio Informa Baja California / Sociedad / Actualizado al 27/05/2026
- Toda persona que es impedida de su movilidad es víctima de privación ilegal de la libertad, aunque hay causas de excepción como los casos de resguardo de salud o vida, y por ello se tiene que revisar cada caso en particular, comentó la Fiscal General del Estado de Baja California (FGE BC), María Elena Andrade Ramírez, en relación a las acusaciones de la denominada "Patrulla Espiritual".
- Cuatro instituciones del gobierno bajacaliforniano intervienen de forma coordinada en el caso del centro de rehabilitación señalado por colectivos de la diversidad sexual. La Fiscal General del Estado aclaró que la privación de la libertad puede tener excepciones legales cuando está de por medio la salud o la vida de una persona.
TIJUANA.- La Fiscal General del Estado de Baja California, María Elena Andrade Ramírez, confirmó que existe una denuncia formal radicada en esa dependencia contra la organización denominada "Patrulla Espiritual" por privación ilegal de la libertad y lo que resulte de la investigación. La denuncia fue presentada por el titular de un colectivo de la sociedad civil, cuya identidad no será revelada, tras las acusaciones públicas de que el centro habría internado a una mujer trans en contra de su voluntad y la habría exhibido en redes sociales.
En declaraciones a medios de comunicación, Andrade Ramírez explicó el marco jurídico que rodea el caso y las circunstancias en que la retención de una persona puede constituir o no un delito:
"Toda la persona que es impedida para su movilización contra su voluntad, por el motivo que sea, incurre en víctima de una privación ilegal de la libertad. Así lo dice el tipo penal del Código Penal. Sin embargo, hay causas de excepción que son para resguardar un bien superior como la salud o la vida, ya sea salud física o salud mental", dijo.
La titular de la FGE BC precisó que cada caso se analizará en lo particular, tomando en cuenta si existe una voluntad viciada, si hay permiso de los familiares directos o si media una solicitud de atención médica, física o psicológica. Asimismo, confirmó que la familia de la mujer trans afectada será incorporada al proceso de investigación.
"Hay una denuncia radicada por privación ilegal de la libertad y lo que resulte en investigación. La denuncia la presentó el titular de un colectivo; no voy a mencionar el nombre. Obviamente la familia también va a ser parte de la investigación", agregó.
Cuatro instituciones actúan de forma coordinada
El caso activó la intervención simultánea de la Fiscalía General del Estado, la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Baja California (CEDHBC), la Secretaría de Salud y la Secretaría de Inclusión Social. Andrade Ramírez informó que las actuaciones que esas dependencias realizaran en el centro de rehabilitación formarán parte del acervo probatorio de la investigación ministerial.
"Vamos a pedirle información a las autoridades que en este momento —como ya lo dijo el titular de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, el secretario de salud y además inclusión— están interviniendo dicho centro. Eso va a ser parte de la información o la evidencia que va a recabar la Fiscalía para después determinar la posible comisión de un hecho delictivo, como marca el protocolo de investigación", expresó en su momento la Fiscal General del Estado de Baja California
La CEDHBC emite medidas cautelares y abre expediente
El presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Baja California, Jorge Álvaro Ochoa Orduño, confirmó la apertura de un expediente de investigación tanto de oficio como a petición de colectivos. El ombudsperson emitió medidas cautelares dirigidas al secretario de Salud del estado para verificar las condiciones en que se encontraba la mujer trans al interior del establecimiento, diligencias que se cumplieron ese mismo día. Tras la verificación, la afectada manifestó que se encontraba bien.
Ochoa Orduño subrayó que la condición de adicción de una persona no suspende sus derechos fundamentales:
"El hecho de que una persona esté afectada con los efectos de una droga no suspende sus derechos; al contrario, se tienen que activar para respetar sus derechos: el derecho a libre tránsito, el derecho a la integridad física, etcétera", dijo.
El ombudsperson también reveló que aproximadamente dos semanas antes de las protestas públicas, una persona se presentó ante la CEDHBC para denunciar que durante su estancia en uno de los centros de la "Patrulla Espiritual" fue objeto de violencia, y que ya había radicado una denuncia ante el Ministerio Público.
Secretaría de Salud: centros clausurados y condicionados a la norma
El secretario de Salud de Baja California, Adrián Medina Amarillas, confirmó que la dependencia ya había intervenido en instalaciones de la "Patrulla Espiritual" con anterioridad a las denuncias actuales, y que los centros clausurados solo pudieron reabrir después de comprometerse a cumplir con la normativa sanitaria vigente.
"Desde el año pasado que se suscitó un primer evento con la Patrulla Espiritual en Tijuana, participamos activamente para corregir la situación y cerramos las instalaciones. Se habló con los dueños, con los responsables para que la condición para reaperturar era que aplicaran lo necesario, que se apegaran a la norma", ahondó Medina Amarillas.
Medina Amarillas identificó a los centros que operan sin aviso de funcionamiento ni registro ante la Secretaría de Salud como el principal riesgo para la integridad de las personas atendidas. Señaló que los propios centros registrados han colaborado con las autoridades para localizar establecimientos que operan al margen de la ley, y precisó que las clausuras solo proceden cuando se detectan violaciones graves a la dignidad, los derechos humanos, las condiciones de higiene o los mecanismos de rehabilitación.
Activistas denuncian terapias de conversión y exigen capacitación
Representantes del Frente Ciudadano Amor, Dignidad y Lucha, y activistas de la diversidad sexual, protestaron frente a la "Patrulla Espiritual" para exigir atención con enfoque de salud mental y respeto a la identidad de género. Elisa Sofía, activista de la diversidad sexual, denunció que el centro habría cortado el cabello a la mujer trans y buscado imponerle una identidad masculina.
Amanda Rodríguez González, integrante del Frente Ciudadano, advirtió que prácticas basadas en discursos religiosos o moralistas podrían constituir terapias de conversión:
"Esto, a todas luces, parece ser que es una terapia de conversión con matices religiosos. Entonces, lo que buscamos acá es poder entablar un diálogo con estas personas que brindan estos servicios y comprometernos, de alguna manera, a que de manera mutua y conjunta podamos trabajar para dignificar las condiciones en las que estas personas acceden a estos tratamientos", dijo.
Amenazas a periodistas y respuesta de la gobernadora
Como parte del mismo caso, periodistas que cubrieron las denuncias contra la "Patrulla Espiritual" recibieron amenazas, situación que fue condenada públicamente por la gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda. Las autoridades otorgaron protección de 30 días a los comunicadores afectados. El caso coloca bajo escrutinio público no solo a esa organización, sino al conjunto de los alrededor de 350 centros de rehabilitación que operan en Baja California.
La Fiscal General del Estado indicó que la investigación se extiende a otras denuncias registradas contra la "Patrulla Espiritual" y contra otros establecimientos similares, en trabajo coordinado con la Secretaría de Salud estatal, y que el proceso seguirá el protocolo establecido para determinar si los hechos constituyen uno o más delitos.
"Estamos checando todas las denuncias que haya contra esta institución y además contra otras, precisamente llevándose a cabo ese trabajo también con la Secretaría de Salud", concluyó María Elena Andrade Ramírez, Fiscal General del Estado de Baja California.
