por Agencia México
26/10/2026 13:03 / Uniradio Informa Baja California / Fama / Actualizado al 26/10/2026
CIUDAD DE MÉXICO.- Ramón Ayala Jr. enfrenta nuevos señalamientos legales luego de que el viernes pasado se entregara a las autoridades tras emitirse una orden de arresto en su contra por acusaciones de agresión sexual. El músico recuperó su libertad unas horas después de pagar una fianza de 2 mil dólares; sin embargo, el proceso penal continúa, mientras que las tres demandas civiles que enfrenta también siguen su curso.
En entrevista con Ventaneando, la abogada Crystal del Toro, representante legal de las personas que denunciaron a Ramón Ayala Jr. por presuntos abusos, explicó que actualmente existen dos procedimientos legales distintos contra el músico. Además, detalló qué ocurrirá con las demandas civiles y aclaró que el caso penal está en manos de las autoridades del estado de Texas.
"Sí, correcto. Bueno, desde nuestra última conferencia de prensa ha pasado algo muy importante y eso es que Ramón Ayala Junior se entregó a la policía después de que un juez autorizara una orden de arresto en su contra por acusaciones de agresión sexual. Entonces, estamos hablando de un delito bastante grave que en Texas puede llevar una pena de entre 2 y 20 años en de prisión".
La abogada precisó que las acusaciones penales son independientes de las tres demandas civiles que presentó en representación de sus clientes. Mientras el proceso criminal busca determinar si existe responsabilidad penal por los hechos denunciados, las acciones civiles pretenden obtener una compensación económica por los daños que las personas aseguran haber sufrido.
"Aquí tenemos dos casos diferentes. Por un lado, están las demandas que nosotros presentamos en nombre de nuestros clientes donde buscamos que los responsables respondan por los casos que por los daños que ellos causaron económicos".
"Y por el otro lado está el caso criminal, que es el sujeto de lo que ha estado pasando en estos días, que ese caso lo lleva el estado de Texas y donde Ramón Ayala Junior podría enfrentar una pena de cárcel si resulta culpable. Entonces, el hecho de que se haya entregado voluntariamente no significa que los cargos desaparezcan. Simplemente significa que se presentó ante las autoridades porque existía una orden para arrestarlo".
Del Toro también aseguró que la entrega voluntaria de Ramón Ayala Jr. no significa que los cargos hayan desaparecido, por lo que el proceso penal deberá continuar conforme avance la investigación. La abogada reiteró que, por su parte, seguirá trabajando en las demandas civiles para buscar justicia para las personas que representa.
"Una cosa que quería agregar es que mientras tanto nuestras demandas siguen adelante y nosotros continuaremos trabajando para que se conozca la verdad y que nuestros clientes obtengan la justicia".
La representante legal explicó nuevamente que las demandas civiles buscan que los responsables respondan por los daños que presuntamente ocasionaron a los denunciantes, mientras que el caso penal es responsabilidad de la fiscalía y las autoridades correspondientes de Texas.
"Las demandas civiles son las demandas que nosotros presentamos en nombre, que son las personas que dicen haber sufrido estos abusos. Entonces, lo que buscamos en esos casos es que los responsables respondan por el daño que les causaron y que nuestros clientes reciban una compensación económica por todo lo que han sufrido. Y por el otro lado ahora tenemos un caso criminal y ese caso no lo llevamos nosotros, eso lo lleva el estado de Texas por medio de la fiscalía".
Durante la entrevista con Ventaneando, Crystal del Toro también fue cuestionada sobre la participación de Ramón Ayala, padre del acusado, en los procedimientos legales. La abogada confirmó que el cantante también está incluido en las demandas civiles, debido a los señalamientos de que presuntamente tenía conocimiento de lo que ocurría y no se tomaron medidas para detenerlo.
De acuerdo con la versión de la representante legal de los denunciantes, la presunta falta de acciones para frenar la situación habría continuado incluso después de que se presentaran las demandas y los señalamientos se hicieran públicos. Del Toro sostuvo que Ramón Ayala Jr. habría permanecido en su puesto dentro de la gira pese a que, según los argumentos de la parte demandante, ya existía conocimiento de lo ocurrido.
"Sí, él también es parte de la demanda por, precisamente, por las razones que usted ha dicho, porque nadie lo detuvo y sabían muy bien lo que estaba pasando y, aún así, después de que las demandas se metieron y que todo salió a la luz, todavía lo mantuvieron en cargo de la gira. Entonces, es por decir que sabían desde entonces y lo saben hoy todavía nunca hicieron nada".
Estos señalamientos forman parte de los argumentos de las demandas civiles y deberán ser examinados dentro del procedimiento correspondiente; no constituyen, por sí mismos, una determinación judicial de responsabilidad.
Sobre el avance de las demandas, Crystal del Toro confirmó que los tres casos civiles pendientes serán consolidados en una sola corte y que ya se estableció una fecha para el juicio: marzo de 2027.
"Sí, los casos, hay tres casos, hay tres demandas que tenemos pendientes ahorita y se van a consolidar en una sola corte y esa corte ha puesto una fecha de juicio en el caso civil; la ha puesto ahorita en marzo del 2027".
En cuanto al procedimiento penal, la abogada aclaró que todavía no existe una fecha definida para el juicio, pues las autoridades se encuentran en las primeras etapas de la investigación. También puntualizó que ella no representa a Ramón Ayala Jr. en el caso criminal, sino a las personas que lo denunciaron en las demandas civiles.
"El penal todavía no se sabe porque ahorita están en el proceso de empezar la investigación. Entonces, él tendrá una audiencia en la corte criminal y yo en ese lado, pues en ese aspecto, yo no puedo comentar algo que yo no soy la abogada criminal de Ramón Junior".
Por ahora, Ramón Ayala Jr. enfrenta dos procedimientos legales distintos: uno penal, a cargo de las autoridades de Texas, en el que podría enfrentar una pena de prisión si es declarado culpable, y otro civil, en el que las personas que lo denunciaron buscan una compensación económica por los daños que aseguran haber sufrido. Mientras el juicio civil está previsto para marzo de 2027, el calendario del proceso penal aún está pendiente de definirse.
