Gobernadora desconoce acusaciones de red de lavado dinero en Rosarito que involucra a diputada Araceli Brown y empresarios

• Tras revelarse un informe del Departamento del Tesoro de EE.UU. que vincula a políticos y empresarios con el Cártel de Sinaloa, la mandataria estatal aseguró que se trata de un tema federal y que hasta el momento no hay notificación oficial.

PLAYAS DE ROSARITO.— La gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila Olmeda, afirmó desconocer la información difundida por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, que reveló la existencia de una red de lavado de dinero y control político en Playas de Rosarito presuntamente operada por la facción de "Los Mayos" del Cártel de Sinaloa.

El informe involucra a la diputada federal y exalcaldesa de Rosarito, Araceli Brown Figueredo; al empresario transportista Candelario Arcega Aguirre; al empresario de bares Jesús González Lomelí; y a los expolicías Karlo Omar y Mario Alberto Herrera Sánchez.

"No tenemos más información. Esta es una nota que salió hace aproximadamente una hora en los medios y es la única información hasta el momento", declaró la mandataria durante su conferencia semanal.

Ávila Olmeda explicó que no ha tenido contacto con la legisladora federal y recordó que un día antes el secretario de Seguridad, general Laureano Carrillo, sostuvo una reunión con el Cónsul de Estados Unidos en Tijuana, pero el tema de la red criminal denominada "Imperio del paseo marítimo" no fue abordado.

Por su parte, Carrillo señaló que el gobierno estatal se mantiene a la espera de información oficial por parte de la federación y agencias estadounidenses. "Es un tema federal", dijo, al tiempo que aclaró que de las nueve personas mencionadas en la lista de EE.UU., únicamente tres son investigadas en México por autoridades federales, mientras que seis no cuentan con órdenes de aprehensión ni indagatorias abiertas.

El boletín estadounidense también enumera al menos siete empresas con sede en Tijuana y Rosarito que presuntamente eran utilizadas para operaciones de lavado de dinero.

"No tenemos más datos", reiteró la gobernadora al insistir en que el caso corresponde al ámbito federal y no estatal.