por Guillermo Parra
26/12/2025 12:45 / Uniradio Informa Baja California / Gobierno / Actualizado al 23/12/2025
TIJUANA.- Luego de las recientes denuncias de corrupción a favor de funcionarios de la fiscalía para beneficiar a una funeraria irregular de Tijuana, la gobernadora de Baja California aseguró que el tema fue tratado en la mesa de seguridad estatal, en la que se determinó que habría un operativo de verificación en todos los establecimientos de este tipo en la entidad.
En cuanto a las acusaciones específicas recientes, dijo Marina del Pilar Ávila Olmeda, habrá informes de las investigaciones por parte de la Fiscalía General del Estado de Baja California (FGE BC).
"Entonces, lo que se determinó es revisar todas en particular para que se pudiera revisar las condiciones en las que se encuentran trabajando y que pues no ocurriera ninguna situación en particular. Le voy a pedir a la fiscal que pueda compartir estos detalles con ustedes, pero se está haciendo una revisión en general de las funerarias en el estado", dijo.
Recientemente, fue denunciada una crisis en el manejo de cuerpos y presuntos actos de corrupción al interior de la Fiscalía General del Estado que detonaron una protesta masiva en Tijuana, y en la que representantes de más de 24 casas funerarias se unieron para denunciar lo que llaman un "negocio redondo" operado por funcionarios públicos. Según los manifestantes, agentes de la fiscalía y peritos están interceptando cuerpos, incluso de muertes naturales en hospitales y domicilios, para desviarlos obligatoriamente a una funeraria privada específica, impidiendo la libre elección de las familias.
La molestia del gremio radica en que, bajo el argumento de investigación, los cuerpos no son llevados a las instalaciones del Servicio Médico Forense (SEMEFO), sino a una casa particular habilitada como depósito, la cual opera con horarios restringidos y cobra a las otras funerarias por liberar los cuerpos, actuando como una aduana ilegal. Expertos en medicina legal y exfuncionarios del sector salud advirtieron que este procedimiento viola las normativas vigentes. Señalan que la Fiscalía no tiene facultades para levantar cuerpos de muertes naturales que ya cuentan con certificado médico, y mucho menos para resguardarlos en propiedades privadas.
Esta práctica, dijeron en su momento, no solo afecta económicamente a las empresas establecidas, que reportan semanas sin servicios y pérdida de empleos, sino que golpea directamente a los deudos. Familias que ya pagaron planes de previsión se ven obligadas a contratar servicios dobles o pagar "multas" inventadas para recuperar a sus seres queridos de este depósito irregular.
El gremio funerario hizo un llamado urgente a la Gobernadora Marina del Pilar y a la Fiscal María Elena Andrade para que investiguen a los mandos medios involucrados y restablezcan el estado de derecho. Advierten que de no cesar el hostigamiento y el favoritismo hacia esta funeraria "pirata", las protestas podrían escalar, pues aseguran que hoy en día, morir en Tijuana se ha convertido en objeto de extorsión institucional.
"Esto se hace como una medida para revisar el funcionamiento de las mismas y que cumplan con todas las especificaciones que por ley se establecen. Entonces, es un operativo que se está haciendo a todas las funerarias, no en particular con algunas, esto es general", concluyó la gobernadora.
