XXV Legislatura respalda a empresas con sello "Hecho en México"
El Congreso aprobó la reforma que impulsa a las Mipymes certificadas con el distintivo nacional
La medida fortalece la proveeduría local y alinea a Baja California con los objetivos del Plan México
Mexicali.- El Pleno del Congreso del Estado aprobó una reforma a la Ley de Fomento a la Proveeduría del Estado, con el objetivo de respaldar a las empresas de Baja California que obtengan la certificación oficial "Hecho en México".
La iniciativa fue presentada por el diputado de Morena Ramón Vázquez Valadez y busca fortalecer la competitividad de las empresas locales, particularmente de las micro, pequeñas y medianas empresas (Mipymes), al permitir que destaquen el origen nacional de sus productos en el mercado.
De acuerdo con el legislador, la modificación se enmarca dentro del Plan México, anunciado por la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo, como una estrategia nacional orientada a fortalecer el mercado interno, incrementar la producción nacional y consolidar los programas de bienestar.
El distintivo "Hecho en México" es una marca oficial que identifica productos fabricados en el país, con el propósito de promover su calidad y origen, además de impulsar la presencia de bienes mexicanos en el mercado nacional e internacional.
Vázquez Valadez, representante del Distrito 12 de Tijuana, señaló que la reforma permitirá que las Mipymes de Baja California puedan diferenciarse de la competencia y facilitar que los consumidores reconozcan los productos elaborados en el país.
Asimismo, destacó que México atraviesa una etapa de transformación económica y social, por lo que consideró necesario fortalecer desde el ámbito estatal las acciones que impulsen la economía nacional y el desarrollo de la industria mexicana.
La reforma fue aprobada por las diputadas y diputados de la XXV Legislatura con 21 votos a favor, sin votos en contra ni abstenciones, mediante el Dictamen No. 2 de la Comisión de Desarrollo Económico y Comercio Binacional.
Además, la modificación legal contempla la armonización de las denominaciones de dependencias con la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado, así como la incorporación de lenguaje inclusivo no sexista en el ordenamiento.