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VIDEO.- "No estoy satisfecha": Marina del Pilar reconoce que la seguridad es su pendiente al cierre de su gobierno

"Usted no va a ver una sola gota de agua de la desaladora": lo que le dijeron a Marina del Pilar y lo que ella respondió.
Entrevista Marina del Pilar UniradioInforma
Uniradio Informa 05-11-2026

- En entrevista con David Mejía para Uniradio Informa Baja California y por su quinto informe, la gobernadora de Baja California habló de la desaladora de Rosarito, los apagones en Tijuana, las pensiones de ISSSTECALI y las sanciones del Departamento del Tesoro a personas que fueron cercanas a ella —"yo no voy a ser vocera de nadie"—, y reveló que tiene listas denuncias por violencia política de género que aún no presenta.

- "Tengo las denuncias listas, nomás que no las he ido a presentar". La gobernadora habla también de los ataques en su contra, su familia, la desaladora y la seguridad, a meses de dejar el cargo.

TIJUANA.- La gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda afirmó que no está satisfecha con los resultados en materia de seguridad, aun con la baja de homicidios que reporta su gobierno, y señaló ese tema como el pendiente del cierre de su administración.

"No estoy satisfecha con los resultados. Ha sido un reto, el mayor reto de nuestro gobierno ha sido el tema de seguridad", dijo en entrevista con David Mejía, director de Noticias de Uniradio Informa Baja California y conductor de Noticias 7 AM con David Mejía, en el marco de su quinto informe de resultados.

En la conversación, dividida en dos partes, la mandataria habló de la desaladora de Rosarito, los apagones en la zona costa, las pensiones de ISSSTECALI, los procesos contra exfuncionarios y las sanciones del Departamento del Tesoro de Estados Unidos a personas que fueron cercanas a ella. También reveló que tiene listas denuncias por violencia política en razón de género que aún no presenta.

Sobre las prioridades de los meses que le restan en el cargo, Ávila Olmeda dijo que buscará concluir los proyectos iniciados o dejar las bases para que los termine la siguiente administración.

"En este cierre del año, pienso que donde tenemos que reforzar todavía más es evidentemente en la conclusión de los proyectos que hemos emprendido: los que se puedan concluir; los que no, dejarlos muy bien sustentados, muy sólidas las bases para que el siguiente gobierno pueda concluirlos, pueda avanzar en ellos y llegar a su conclusión; que el siguiente gobierno cuente con las herramientas necesarias, con los recursos necesarios para emprender sus propios proyectos", expuso.

Entrevista Marina del Pilar

"La criminalidad solamente lleva dos caminos".

Ávila Olmeda enumeró las acciones de su gobierno en seguridad: volver a crear la Secretaría de Seguridad, aumentar el estado de fuerza y el presupuesto de la Fiscalía General del Estado, y abrir salas y juzgados del Poder Judicial en los municipios.

"Yo entré con 600 elementos de seguridad, hoy llevamos más del doble. (...) Nunca antes la Fiscalía General del Estado, antes Procuraduría del Estado, había tenido un incremento presupuestal como el que nosotros le hemos dado. Y, por supuesto, el Poder Judicial: abrimos más salas, más juzgados; estamos más cerca de las personas. Antes tenían que ir hasta Mexicali a una audiencia; hoy estamos buscando que cada municipio tenga sus propias salas", señaló.

"Ciertamente tenemos una incidencia delictiva a la baja: logramos disminuir alrededor del 50% los homicidios en el estado; prácticamente todos los delitos de alto impacto y delitos en general del fuero común tienen una disminución, pero aún no estamos satisfechos", agregó.

Las cifras federales muestran otra parte del panorama. De acuerdo con el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), Baja California registró 847 víctimas de homicidio doloso de enero a julio de 2026, el segundo lugar nacional, detrás de Guanajuato. Con el corte a septiembre, la entidad sumó 1,092 víctimas y pasó al primer lugar nacional, con 8.5% del total; en el mismo reporte, el promedio diario estatal bajó de 7.1 víctimas en septiembre de 2024 a 4.1 en septiembre de 2026, una reducción de 43%. El gobierno estatal reportó una baja de 18.98% en homicidio doloso entre enero-agosto de 2025 y el mismo periodo de 2026.

Mejía le preguntó qué les dice a las familias que, pese a las cifras, sienten que nada ha cambiado.

"Evidentemente, cuando hay un acto de violencia a todos nos duele, a todos nos lastima, nos flagela como sociedad ver actos de violencia, incluso a veces sumamente crueles, y en ese sentido hay un impacto en la percepción ciudadana, porque independientemente de la disminución en los números, pues no dejan de ser números fríos, ¿no? Y son, al final del día, estadísticas, y cada pérdida humana no es un número, es una pérdida, y eso es lo que percibe el ciudadano", respondió.

"Yo comprendo esta parte de la percepción. Algunos dicen que la percepción no es la realidad, pero termina convirtiéndose en la realidad si así lo percibe el ciudadano", añadió.

La gobernadora dijo que su gobierno ha detenido a más de 130 generadores de violencia y líderes de células criminales.

"No estoy satisfecha porque, independientemente de que hayamos capturado a más de 130 generadores de violencia, líderes de células criminales que le han hecho mucho daño a Baja California, que hoy están detenidos, están en las cárceles, y que no hay impunidad en la gran mayoría de los casos en Baja California, sigue habiendo esa percepción en las familias. Y mientras exista esa percepción y mientras exista un joven, un ciudadano que tiene que optar por las filas de la criminalidad porque se le cerraron las oportunidades, ahí tiene que haber un gobierno que escuche y que resuelva", sostuvo.

Vinculó la violencia con la falta de espacios en preparatorias que, dijo, encontró al inicio de su gestión.

"Mira, David, la criminalidad solamente lleva dos caminos: la cárcel y la muerte. No deja nada bueno. Y esos 12 mil jóvenes que yo te platicaba al principio, que se quedaban fuera de los espacios educativos, de las preparatorias, pues ¿a dónde crees que se iban muchos de ellos? Lamentablemente, mientras el gobierno les cerraba las puertas de la educación, otros se las abrían para cuestiones donde nuestros jóvenes no merecen estar", afirmó. "Tenemos que cerrarles las puertas a la violencia, a la criminalidad, y abrírselas a las juventudes, a las familias; que un joven tenga más acceso a los deportes, a la cultura".

Entrevista Marina del Pilar

Fidepol: el fideicomiso para policías estatales

La gobernadora dijo que dejará el fideicomiso de seguridad social para policías estatales, al que llamó Fidepol, con alrededor de 1,500 millones de pesos, y reconoció que los policías municipales están fuera de ese esquema.

Se le preguntó qué cambió para las viudas y las familias de los policías caídos, y qué se puede hacer por los elementos que todavía no tienen esas prestaciones.

"Con el sistema que nosotros construimos, el Fidepol le denominamos, (...) es prácticamente un fideicomiso para policías, para protegerlos en sus prestaciones de seguridad social: servicios médicos, pensiones, que tengan un retiro digno, el incremento de su salario. Y cuando lamentablemente pierde la vida uno de nuestros compañeros, es justamente esta protección que entra para las familias, para las esposas, para las viudas", explicó.

Al inicio de su respuesta mencionó "más de mil millones de pesos"; al cierre precisó: "En mi gobierno vamos a dejar este fideicomiso con alrededor de 1,500 millones de pesos, garantizando un retiro digno para nuestros policías y para sus familias".

Sobre los policías municipales, señaló que la responsabilidad recae en los ayuntamientos.

"Aquí creo que tenemos un reto importante en los municipios, las policías municipales. Ellos no están dentro del esquema del estado, sino del esquema municipal. (...) Le compete a cada ayuntamiento ir sentando las bases para fortalecer a sus policías municipales, como lo hemos hecho desde el estado", dijo.

También afirmó que "hoy Baja California es el estado en el país también el primer lugar con los mejores salarios para policías". De acuerdo con información del gobierno estatal difundida el 1 de noviembre, el salario mensual promedio de los policías locales en la entidad es de 25,967 pesos; el fideicomiso para el periodo 2023-2027 suma 1,500 millones de pesos e incluye 13 prestaciones, entre ellas servicios médicos, pensiones, becas escolares y esquemas de retiro. En el primer semestre de 2026, más de 2,136 elementos recibieron al menos una prestación y se destinaron 215.7 millones de pesos al pago de pensiones por invalidez, vejez y retiro anticipado, así como a apoyos por fallecimiento.

Desaladora: "le tocará a los siguientes gobiernos concluir".

Sobre la desaladora de Rosarito, la gobernadora afirmó que el proyecto tiene recursos públicos para su construcción y que corresponderá a las siguientes administraciones concluirlo.

Mejía recordó que el proyecto se cayó en varias ocasiones y le preguntó qué mecanismos de protección deja para que no se frene, y si su costo se reflejará en el recibo del agua.

"Baja California actualmente cuenta con una sola fuente de agua, que es el río Colorado. El agua del río Colorado viene del norte, de Estados Unidos. Año con año nos preguntamos si se van a respetar los tratados que tenemos en cuanto a los litros de agua que son enviados a México", respondió.

"El acueducto, ¿cómo funciona? Con energía. Imagínate que eventualmente el acueducto se quede sin energía, ¿qué sucede con esa agua que deja de llegar a Tijuana? Entonces hay un impacto en el suministro de agua en toda la región. Por eso el tema de la desaladora no nada más es un tema de otra fuente de agua; es un tema de soberanía hídrica e incluso, diría yo, a cómo están los temas internacionales, es un tema de seguridad nacional", agregó.

Sobre el costo para los usuarios, contrastó el esquema actual con el de asociación público-privada (APP) que planteaban administraciones anteriores.

"¿Cómo lo habían planteado los anteriores gobiernos? A través de esquemas de APP. Cuando tú haces un esquema de APP para proyectos hídricos, lo que sucede es que estás privatizando el agua, y cuando tú privatizas el agua, el agua deja de ser un derecho para convertirse en una mercancía. Y es ahí cuando viene el impacto tarifario, en donde los ciudadanos iban a pagar estos proyectos (...) y entonces el ciudadano, a través de la tarifa, iba a estar pagando; la tarifa se iba a ir incrementando durante los años", dijo.

Funcionarios estatales han señalado que la obra no elevará las tarifas y que se pagará con la venta del agua a través de los organismos operadores.

La gobernadora relató que, al llegar al cargo, había un arbitraje internacional por el terreno de la planta, y que acudió al entonces presidente Andrés Manuel López Obrador para resolverlo.

"Llega el presidente meses después conmigo a acompañarme en mi segundo informe de gobierno (...) y me entrega una hojita donde me dice: 'Mira, aquí te entrego, ya compramos el terreno'. 800 millones de pesos, comprados con el Gobierno Federal", narró. 

Agregó que la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo incluyó el proyecto en el Plan Nacional Hídrico y explicó la división de tareas.

"El Gobierno Federal, a través de la Conagua, va a desarrollar la construcción de la planta desaladora, y el gobierno del Estado —yo ya dejé los recursos—, los recursos están para que continúen los proyectos de la transmisión y la distribución del agua, de las redes, porque una cosa es hacer la planta y luego cómo vas a distribuir el agua que vas a desalar, para que llegue a los hogares de las familias bajacalifornianas", explicó.

"Entonces, yo ya le voy a dejar agua a los bajacalifornianos por los próximos al menos 30 años, un proyecto que tiene recursos, que tiene los fondos para su construcción, y habrá el agua, estará el recurso y le tocará a los siguientes gobiernos concluir con lo que nosotros empezamos", sostuvo. "Quien quiere invertir en un estado, ¿qué necesita? Energía y agua".

La Comisión Nacional del Agua (Conagua) difirió tres veces el fallo de la licitación, programado originalmente para el 28 de julio, y lo emitió el 14 de agosto a favor de Cox Energy, en conjunto con Cox Water, con una propuesta de 5,291.5 millones de pesos más IVA, la menor de tres ofertas. La planta tendrá capacidad de 2,200 litros por segundo, un plazo de construcción de 1,096 días y abastecerá a Tijuana, Rosarito y parte de Ensenada.

El costo total del proyecto, con las obras de conducción, es de alrededor de 15 mil millones de pesos, y la planta completa podría operar en 2029. El estado financia la primera fase de conducción (19 kilómetros, 432 millones de pesos) y la segunda (45.07 kilómetros, 2,612 millones de pesos); la tercera quedará para la siguiente administración. En el marco del quinto informe, el gobierno estatal reportó una inversión proyectada de 15,616.8 millones de pesos en agua, con financiamiento 100% público (Uniradio Informa).

Apagones: robo de cable y temperaturas.

La gobernadora atribuyó parte de los apagones en Tijuana al robo de cable y al aumento de las temperaturas, y dijo que la región requiere un plan de infraestructura eléctrica.

Afirmó que al inicio de su gestión "se hablaba de desabasto de energía" y que la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y el Gobierno Federal invirtieron en plantas y subestaciones para Baja California. "¿Cuál es el problema ahorita o cuál es el tema? Distribuirla también: la distribución, la transmisión, y estamos hablando de la infraestructura", señaló.

"El calentamiento global está impactando durísimo. Hoy vemos un Tijuana mucho más caluroso que en años anteriores. Por ejemplo, hoy día Tijuana está más caliente que Mexicali", dijo.

Mejía le preguntó si habrá una solución a corto o mediano plazo, o si la población tendrá que esperar hasta 2030.

"Vamos a hacer las gestiones necesarias. (...) Los proyectos ya están. Yo tuve una reunión con CFE la semana pasada, estuvimos revisando; se están haciendo todos los trabajos de prevención para evitar más apagones. ¿Sabes también qué nos está pasando mucho? Que se están robando los cables. Tenemos los videos. Yo ya hablé con la fiscala para que revise quiénes son esas personas que van, se roban los cables, así los cortan y se los llevan para después venderlos. Entonces, es un delito. ¿Y qué pasa cuando cortan los cables? Pues que se va la energía en varias zonas de la ciudad o en las colonias donde hicieron este delito", respondió.

"Con CFE venimos haciendo las gestiones para que las reconexiones sean mucho más rápidas, pero efectivamente, David, requerimos de un plan de infraestructura para toda la región, considerando también el tema del calentamiento global, y que hoy tanto Tijuana, Tecate, como Rosarito, e incluso me atrevería a pensar que en algunas zonas de Ensenada, también tienen ya condiciones meteorológicas de temperaturas mucho más altas que requieren de más potencia en los equipos de distribución eléctrica", añadió.

De acuerdo a reportes previos, la entidad registró apagones y fallas en el servicio en agosto, septiembre y la primera parte de octubre. El 24 de octubre, la CFE inició un operativo de mantenimiento preventivo y correctivo en la zona metropolitana de Tijuana que abarca 8 líneas de subtransmisión, 5 subestaciones y 72 circuitos, con 248 trabajadores. La gobernadora revisó el operativo con la empresa y con los alcaldes de Tijuana, Tecate y Playas de Rosarito.

"Otro se va a colgar la estrellita".

Ávila Olmeda dijo que no le tocará inaugurar como gobernadora la desaladora ni el puerto de Punta Colonet, y que impulsó ambos proyectos con "visión de Estado".

Mejía le preguntó cómo enfrenta dejar obras que otro gobierno inaugurará.

"Sería yo muy egoísta si pensara de esa manera, porque sí, muchos me lo dijeron, ¿eh?: 'Ay, no, Marina; ay, gobernadora, ¿para qué pierde tiempo en esos proyectos? Usted no va a ver una sola gota de agua de la desaladora. Usted no va a ver un solo barco llegar con mercancías del puerto Punta Colonet'. A lo mejor no como gobernadora, les contesto yo, pero sí como exgobernadora y como bajacaliforniana, porque tengo visión de Estado", respondió.

"Esa es la diferencia con otros gobernadores que no entregaron su corazón en estos proyectos para hacer las gestiones que tenían que hacer durante los seis años de su gobierno. ¿Por qué ninguno pudo? Porque pensaron así, porque dijeron: 'A mí no me va a tocar, para qué le muevo, otro se va a colgar la estrellita'. No importa. Mira, al final el beneficio es para la gente", añadió.

"Con eso yo me quedo tranquila y satisfecha de saber que hice todo lo necesario, que dejé todas las bases para que esos proyectos, que no son de cinco años por el número de trámites, se convirtieran en una realidad y que tengan un impacto en el bienestar, en las familias", dijo.

También cuestionó a gobernadores que, dijo, presumían su relación con los presidentes de la República: "Muchos gobernadores presumían su cercanía con los presidentes: 'Es que somos bien amigos, nos vamos de pachanga juntos'. (...) Y esa amistad y esa relación, a ver, dime un solo proyecto que se haya construido así".

Sobre el puerto, en la primera parte de la entrevista señaló: "Pusimos la primera piedra del puerto Punta Colonet, que fue un anhelo de todos los gobiernos en el pasado. Nadie pudo hacerlo, nosotros lo logramos, y vamos a construir una ciudad portuaria en Punta Colonet, mejorando la movilidad, la logística, la conectividad de las rutas comerciales de toda la región de Baja California, California, Arizona, incluso al interior de la República Mexicana".

La primera piedra del puerto se colocó el 28 de octubre de 2026, con participación de la Secretaría de Marina y de Grupo ICA como constructora. El proyecto tiene una concesión federal de 50 años, proyecta iniciar operaciones en 2029 y estima más de 10,500 empleos directos y 30 mil indirectos.

Acerca del viaducto elevado de Tijuana, dijo: "Lo construimos con el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador y ahora con la presidenta Claudia Sheinbaum lo inauguramos, pero fue una gestión que se hizo desde lo local". La presidenta inauguró el primer tramo el 30 de enero de 2026; la obra, a cargo de la Secretaría de la Defensa Nacional, mide 11.3 kilómetros y su costo pasó de 8,500 millones a 14 mil millones de pesos.

Finanzas y pensiones: la reforma, para la siguiente administración.

La gobernadora afirmó que dejará finanzas estables y que la decisión sobre una reforma al sistema de pensiones de ISSSTECALI corresponderá a la siguiente administración, con participación del magisterio y la burocracia.

Mejía recordó que durante décadas las administraciones iniciaban con déficit, créditos y dudas sobre el pago de la nómina.

"Vamos a dejar finanzas estables. Orden financiero. (...) Hemos sido reconocidos durante toda nuestra administración; nos han mejorado la calificación crediticia. Eso no pasaba en las tres últimas administraciones", respondió.

"Pero lo voy a traducir bien sencillo, ¿eh? (...) Todos han recibido pensiones, finiquitos, en tiempo y forma. No ha habido un retraso ni de un solo día en ninguno de mis compromisos como gobernadora con las entidades públicas", añadió, en referencia a los pagos a la burocracia, el magisterio, los organismos autónomos y los poderes del Estado.

En septiembre de 2025, HR Ratings subió la calificación crediticia del estado de BBB+ a A-, y Moody's y Fitch revisaron la perspectiva a estable.

Sobre las protestas de maestros interinos, explicó el procedimiento de pago: "Un interino es el maestro que llega a sustituir al maestro que se fue por licencia. (...) Nosotros dejamos una bolsa presupuestal para cubrir esos interinatos. Y es el sindicato, son las mismas direcciones de las escuelas que le reportan al sindicato y posteriormente el sindicato al estado cuáles son los interinatos que se cubrieron. Y a mí me toca, evidentemente, supervisar que efectivamente ese maestro pidió la licencia y que otro maestro lo cubrió. Y entonces, una vez que tenemos todos los papeles, nosotros hacemos el pago".

"El primer año de mi gobierno abatimos el rezago. El rezago histórico: todavía había maestros de la gestión de Osuna Millán, imagínate. (...) Ahorita estamos al día, en tiempo y orden, y no nos hemos retrasado ni un solo momento", sostuvo.

Sobre ISSSTECALI, ubicó el problema en el sistema de pensiones: "ISSSTECALI es una gran institución, es un gran instituto. Sin embargo, aquí el tema es el sistema de pensiones, que es el principal reto: garantizarle tanto a la burocracia como al magisterio que sus pensiones están sólidas y que jamás les va a faltar, como no les faltó durante mi administración. Ni un solo día tuvieron que ir a hacer fila, tuvieron que estar exigiendo, porque siempre se les pagó en tiempo y forma".

Señaló que la siguiente administración definirá si se requiere una reforma, "pero no se puede construir ningún planteamiento sin que estén en la mesa los interesados, que son el magisterio y la burocracia".

Mejía le preguntó si ellos son quienes deben impulsar esa reforma. "Yo pienso que sí. Yo pienso que la construcción de la solución tiene que ser conjunta entre el magisterio, burocracia y gobierno del Estado; construir una solución en la cual todos estén de acuerdo", respondió.

La postura coincide con la del secretario de Hacienda, Andrés Pulido Saavedra, quien el 20 de octubre reconoció que el sistema de pensiones de ISSSTECALI es el principal problema financiero del gobierno estatal, estimó que el déficit de 2027 superará los 10 mil millones de pesos y descartó una reforma en esta gestión, a diferencia del intento de 2024; propuso que los liderazgos sindicales decidan cuándo concretarla. En mayo, el director de ISSSTECALI, Luis Gallego Cortez, declaró que "ISSSTECALI está quebrado", con un déficit de más de 8,400 millones de pesos al cierre de 2025 y alrededor de 20 mil pensionados.

Corrupción: "Yo no me distraigo en temas de cacerías".

Sobre las denuncias contra exfuncionarios de administraciones anteriores, la gobernadora dijo que los casos están en manos de las instancias de procuración de justicia y que su prioridad es que no se pierdan recursos públicos. No precisó cuántos procesos han concluido con sentencia.

Mejía le planteó que la ciudadanía esperaba resultados de las denuncias contra exfuncionarios vinculados a proceso, y le preguntó también por las sanciones a servidores públicos de su propia administración.

"Yo misma le he pedido a Gabi Monge, nuestra secretaria Anticorrupción, utilizar este usuario simulado: va disfrazado, va como un ciudadano, un elemento de la Secretaría, para revisar si hay algún tipo de chantaje o de soborno por parte de algún funcionario público. Se han emprendido varias acciones legales en contra de varios empleados del gobierno del estado. Ha habido bajas importantes. Hay varios asuntos que se están llevando a través de la Fiscalía General del Estado", respondió.

"En estos momentos no tengo la información de ellos, pero con mucho gusto yo le pediría a Gabi Monge que nos apoye proporcionando esta información", añadió. La Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, a cargo de Gabriela Monge Pérez, reportó en mayo 565 auditorías a dependencias y paraestatales, con 17.2% de las observaciones turnadas a investigación.

Sobre los exfuncionarios denunciados, señaló: "Está en los órganos competentes, en las instancias de procuración de justicia. Pero te voy a decir algo, David: yo no me distraigo en temas de cacerías; a mí lo más importante es garantizar que los recursos públicos de los bajacalifornianos no se pierdan".

Puso como ejemplo el caso de la planta fotovoltaica contratada en la administración de Jaime Bonilla Valdez: "Yo logré recuperar 175 millones de pesos. (...) Ahorita llevaríamos alrededor de 6 mil millones por un proyecto inexistente si yo no hubiera emprendido las acciones legales que emprendí en su momento".

En julio de 2025, Banca Afirme restituyó al estado 172 millones 158 mil 622 pesos: 123 millones retenidos en enero de 2022 para el proyecto de la empresa Next Energy, más sus rendimientos. El 24 de marzo de 2026, un juez vinculó a proceso al exgobernador Bonilla por peculado, abuso de autoridad y ejercicio ilícito del servicio público en ese caso.

Mejía insistió en la percepción de que "otra vez no pasó nada". La gobernadora respondió que algunas personas relacionadas con el caso de la banca privada que retuvo los recursos estuvieron en prisión. "La mayoría de estos funcionarios están vinculados a proceso y ellos están interponiendo las acciones legales que consideren que les corresponde. Yo estoy concentrada en el gobierno", dijo.

Entre los casos heredados está el del exsecretario de Salud Alonso Pérez Rico, vinculado a proceso dos veces en diciembre de 2025, junto con dos exfuncionarios de la dependencia, por adjudicaciones directas de medicamentos e insumos en 2020, durante la pandemia; el primer caso involucra contratos por alrededor de 39 millones de pesos. Enfrenta el proceso en libertad, y en su momento contabilizó cinco carpetas activas en su contra en la Fiscalía General del Estado de Baja California (FGE BC).

"Yo no voy a ser vocera de nadie".

La gobernadora dijo que en el último año "lo político cruzó a la parte personal" y, sobre las sanciones de Estados Unidos a personas que fueron cercanas a ella, afirmó que cada quien deberá aclarar lo que le corresponda.

Mejía enumeró los episodios del año: el retiro de la visa, los cambios en su vida familiar y las sanciones del Departamento del Tesoro, que, precisó, alcanzaron a personas que fueron cercanas a ella, aunque no a la gobernadora. Le preguntó cómo ha vivido ese periodo y dónde está la línea entre la función pública y la familia.

"Fíjate que por supuesto que lo he reflexionado muchísimo, ¿no? El golpeteo político pues es parte del día a día, la parte política. Pero lamentablemente hoy ya lo político cruzó a la parte personal. Entonces, sí ha sido duro. Yo soy una mujer muy honesta, muy, muy honesta; siempre yo misma he hecho públicas las situaciones por las que he estado pasando", respondió.

"Y sí, evidentemente ha sido duro en lo personal, para mi familia, para mis hijos", dijo. Sobre su hija, de 13 años, señaló: "A ella sí le toca ver muchas cosas, pero pues ella sabe quién es su mamá, ¿no? Y eso me deja a mí muy tranquila".

Recordó que, como gobernadora fronteriza, hizo pública en su momento la situación que enfrentaba y que buscó asesoría legal, aunque es abogada.

"Estoy muy tranquila, con mi conciencia limpia, con la frente en alto, con las manos limpias. Y, por supuesto, si hay algo que aclarar —yo siempre lo he dicho—, si hay algo que aclarar, yo estoy en la mejor disposición de aclarar cualquier cosa. Y en el caso de las otras personas que en algún momento fueron cercanas a mí, pues ellos tendrán que aclarar lo que les corresponda. Yo no voy a ser vocera de nadie", afirmó.

"Yo no voy a distraerme en esas cuestiones. Cada quien que responda lo que tenga que responder. En mi caso particular, personal y político, me toca seguir atendiendo y cuidando a mis hijos como madre de familia (...) y, como gobernadora, me toca seguir chambeando, seguir adelante y respetar muy bien los tiempos, los momentos y a las autoridades", agregó.

Antecedentes. El 10 de mayo de 2025, la gobernadora informó que Estados Unidos revocó su visa de turista y la de su entonces esposo, Carlos Torres Torres; en octubre de ese año anunció su proceso de divorcio. En enero de 2026 confirmó que la Fiscalía General de la República investiga a Torres Torres por narcotráfico, tráfico de armas y lavado de dinero, a partir de una denuncia anónima; él ha negado los señalamientos.

En julio de 2026 se difundieron audios en los que una voz atribuida a la gobernadora conversa con personas que se presentaron como agentes estadounidenses. Ella acusó una "emboscada" organizada por Bonilla y presentó una denuncia; el secretario de Seguridad federal, Omar García Harfuch, descartó investigarla al señalar que no se desprendía delito. En agosto se publicó, con base en fuentes en Estados Unidos, que la gobernadora era investigada en ese país; la presidenta Sheinbaum respondió que no tenía información oficial al respecto.

El 29 de septiembre, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro sancionó a 21 personas y 25 empresas que vincula con la red de Los Mayos, facción del Cártel de Sinaloa, entre ellas Carlos Alberto Torres Torres, su hermano Luis Alfonso Torres Torres y el exdirector de Seguridad Pública de Mexicali, Pedro Ariel Mendívil García. La Unidad de Inteligencia Financiera los incluyó en la Lista de Personas Bloqueadas. El gobierno estatal respondió que la gobernadora y Torres Torres están divorciados, que ella no figura en la lista de la OFAC ni tiene cuentas o bienes en el extranjero, y que ordenó revisar si las empresas sancionadas tenían contratos con el Ejecutivo. Torres Torres negó "cualquier relación con grupo o actividad criminal alguna, dentro y fuera de México".

"Tengo las denuncias listas"

Ávila Olmeda dijo que ha sido "la gobernadora, quizá de este país, más golpeada sin escrúpulos" y reveló que tiene preparadas denuncias por los ataques en su contra que aún no presenta.

Mejía le preguntó dónde traza la frontera entre la violencia de género y la crítica legítima de la prensa a una gobernante, y qué mensaje da a las mujeres que viven violencia disfrazada de "decir la verdad", sin que ese mensaje se lea como un escudo frente al escrutinio.

"Yo creo que yo he sido la gobernadora, quizá de este país, más golpeada sin escrúpulos. Se me han inventado todo tipo de historias, de calumnias, de difamaciones, mentiras que además saben que están diciendo mentiras y aun así las dicen al público. No han tenido escrúpulos para meterse conmigo en mi vida privada, en mi vida personal", respondió.

"A ver, nosotros nos dedicamos [a esto] y los políticos siempre tenemos que tener la madurez para enfrentar la crítica. Pero a mí me han atacado en muchos sentidos: mi imagen física, mi vida personal; se me han inventado muchas historias con el ánimo de ofenderme o de insultarme, que para nada lo logran, ¿eh? Pero lo intentan. Al final del día es el objetivo que tienen", agregó.

"Creo que hemos hecho esfuerzos muy importantes en México, en el país, en avanzar hacia la erradicación de la violencia política en razón de género, pero todavía nos falta mucho para llevarlo a la práctica", sostuvo.

El periodista le comentó que mujeres que viven violencia le han preguntado qué pueden esperar si ven lo que ocurre con la gobernadora.

"Muchos me han dicho: 'Denuncie, gobernadora. Denuncie, denuncie'. No te voy a negar, ¿eh? Es más, creo que tengo las denuncias listas, nomás que no las he ido a presentar en algunos casos. Pero vuelvo a lo mismo: mira, al tiempo, al tiempo. Eventualmente, si tengo que hacerlo, lo haré, y no nada más por mí, sino por otras mujeres, por las demás. Pero en estos momentos estoy concentrada, no me quiero distraer", dijo.

"Hay muchas cosas por hacer, hay muchos temas por resolver que merecen que esté concentrada en responder a la confianza que el pueblo de [Baja] California me ha dado. Ya llegará el momento", añadió.

En marzo de 2026, el Tribunal de Justicia Electoral del Estado sancionó al exgobernador Jaime Bonilla Valdez, a Alejandro Moreno Berry y al Partido del Trabajo por violencia política en razón de género contra la gobernadora, por expresiones en las "Jornadas por la Paz". La resolución, que quedó firme, incluyó amonestación pública, inscripción en los registros nacional y estatal de personas sancionadas por esa conducta y capacitación con perspectiva de género. A finales de julio, tras la difusión de los audios, la gobernadora informó que presentó una denuncia contra quien resulte responsable por usurpación de funciones y violencia política contra las mujeres en razón de género, entre otros posibles delitos.

El balance: pobreza, escuelas y Tarjeta Violeta.

Al hacer el balance de cinco años, la gobernadora destacó la reducción de la pobreza, la cobertura en preparatorias y desayunos escolares, y la Tarjeta Violeta.

"Baja California hoy es el estado a nivel nacional con menos pobreza y prácticamente erradicamos la pobreza extrema. Somos uno de los estados con más inversión extranjera directa, con más inversión pública, con mejores salarios del país. Hemos incrementado muchísimo el número de empleos formales", afirmó.

De acuerdo con la medición del Inegi, la pobreza en Baja California pasó de 13.4% en 2022 a 9.9% en 2024, y la pobreza extrema, de 1.3% a 0.4%. En empleo, el gobierno estatal reportó 90 mil puestos formales creados ante el IMSS en el primer semestre de 2026; al mismo tiempo, la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo reportó 53,772 personas desocupadas en el segundo trimestre, 12,337 más que un año antes, con una tasa de desocupación que pasó de 2.3% a 2.9%.

En educación, señaló: "Cuando yo llegué al gobierno, alrededor de 12 mil jóvenes que cruzaban de la secundaria a la preparatoria se quedaban sin un espacio dentro de las preparatorias. Actualmente ningún joven se queda fuera. Todos los jóvenes ingresan a la preparatoria, e ingresan en sus tres primeras opciones".

"Alimentamos a todas las niñas y niños de todas las primarias públicas de Baja California. Ningún otro estado en el país puede hacer algo así. (...) En San Quintín, en Isla de Cedros, en el Paralelo 28, en cualquier rincón de Baja California, si hay una escuela con un solo niño o una niña, ahí van a llegar los desayunos", dijo.

Mencionó la construcción de 12 universidades gratuitas con apoyo de la presidenta Sheinbaum, entre ellas la Universidad Nacional Rosario Castellanos, que ya opera en Tijuana y que, dijo, "muy pronto lo será también en Mexicali", así como la beca Corazón de Cimarrón, creada "para que ningún joven se quede fuera de la universidad por cuestiones económicas". "Yo soy una convencida de que cuando un joven cruza las puertas de la universidad, no entra solo. Toda la familia entra con él", expresó.

Sobre la Tarjeta Violeta, programa que en 2025 se elevó a rango constitucional y que entrega 2,600 pesos bimestrales a mujeres de 18 a 64 años, dijo: "Hoy más de 100 mil madres autónomas de Baja California tienen ese apoyo económico, han terminado su primaria, su secundaria, su preparatoria e incluso están estudiando su universidad. Eso es la transformación, eso es transformar: apoyar a todas esas mujeres que en algún momento fueron víctimas de violencia o fueron víctimas del abandono o no tuvieron quién más les pudiera apoyar".

También afirmó que "la totalidad de personas con discapacidad en Baja California reciben alguno de los apoyos del gobierno del estado".

Al cierre de la entrevista, envió un mensaje a la población: "Agradecerles a todas y a todos por su confianza, por el cariño que me han manifestado durante estos cinco años. Sé que hay retos, todos enfrentamos siempre retos, pero decirles que vamos a seguir trabajando con el corazón por delante, que mi prioridad es seguir construyendo bienestar para las familias de Baja California y que los quiero mucho".