VIDEO.- Peculado, uso ilícito de atribuciones y abuso de autoridad, cargos que enfrenta Bonilla
La administración estatal sostiene que el contrato con Next Energy representaba un "contrato leonino" que comprometía miles de millones de pesos sin haber generado un solo watt de energía.
BAJA CALIFORNIA.- En lo que representa uno de los procesos judiciales más mediáticos en la historia de Baja California, el exgobernador Jaime Bonilla Valdez fue vinculado a proceso. Tras una jornada de defensa que superó el día completo de duración, el juez determinó que existen elementos suficientes para investigar su responsabilidad en el contrato de una planta fotovoltaica que, a la fecha, no presenta avance alguno.
"¿Qué les parece? Es un récord... 24 horas y media. Se habló de todo. Sabíamos que nos iban a empapelar porque ese ha sido el proceso de todos mis colaboradores. ¿Por qué iba a ser diferente conmigo? Conmigo fue el último porque yo he viajado mucho en el último año... No veo sorpresas, sabíamos que nos iban a vincular", mencionó, Jaime Bonilla exgobernador de BC.
Bonilla insistió en que el trasfondo de esta acción legal es estrictamente político, enviando un mensaje directo a la actual titular del Ejecutivo estatal por las supuestas rencillas entre ambos.
"Sabíamos que ese era el propósito: nada más para que aprendan y no se anden peleando con la gobernadora. Mi doble nacionalidad ha sido pública toda la vida y yo nunca he pretendido tener dirección en Mexicali, y menos en verano... la doble ciudadanía la tengo desde hace muchos años", comentó, Jaime Bonilla.
Sin embargo, para el Gobierno del Estado, el caso se centra en un esquema financiero que habría hipotecado las finanzas públicas por las próximas décadas, exigiendo pagos por energía que nunca se generó.
"A la fecha, de no haber actuado nosotros por ese contrato leonino en el que estábamos obligados a pagar, inclusive aunque no se construyera esa planta fotovoltaica, hubiéramos pagado a la fecha más de 6 mil millones de pesos. Ustedes pueden ir al lugar donde supuestamente se iba a construir esa planta fotovoltaica y no existe nada. No existe nada", expresó Juan José Pon Méndez, condejero jurídico de BC.
La gobernadora Marina del Pilar Ávila enfatizó que el proceso legal no es una persecución individual, sino una acción técnica y jurídica para recuperar el patrimonio de la entidad.
"Él podrá decir lo que considere para su defensa, pero es un proceso. Si hubiera tintes políticos, hubiéramos actuado de otra manera. Aquí lo único que estamos haciendo es proteger los recursos públicos del estado de un contrato que arriesgaba el patrimonio de las y los bajacalifornianos", indicó Marina del Pilar Ávila, gobernadora de BC.
Ávila detalló que el esquema detectado en Baja California no es un hecho aislado, sino que coincide con modelos de operación observados en otras entidades del país con las mismas empresas involucradas.
"En Monterrey ustedes saben muy bien cuál es la situación política entre dos personajes por un contrato también similar... son tres casos, actores que coinciden, empresas involucradas. Entonces no, no hay ningún tema político, simplemente es una defensa que se está haciendo a los recursos públicos del estado", comentó Marina del Pilar.
Como medidas cautelares, el juez fijó una garantía económica de 100 mil pesos y estableció un plazo de seis meses para la investigación complementaria, el cual concluirá el próximo 25 de septiembre.
Con el exgobernador enfrentando el proceso en libertad, la fiscalía tiene ahora medio año para robustecer las pruebas de lo que consideran un desfalco sin precedentes. Mientras tanto, Jaime Bonilla asegura que la batalla legal apenas comienza, bajo la sombra de una creciente división política en el estado.