por Redacción
29/10/2026 22:00 / Uniradio Informa Baja California / Sociedad / Actualizado al 26/10/2026
TIJUANA.- Con un registro de casi mil reportes ciudadanos atendidos por actos de violencia contra animales domésticos, autoridades del Gobierno de Baja California, académicos y colectivos analizaron este mes de octubre en la Facultad de Derecho de la UABC Tijuana las estrategias para afianzar la procuración de justicia en la materia, dentro de un marco legal que contempla penas de hasta ocho años de prisión para quienes incurran en actos de crueldad.
Durante la apertura del "Ciclo Estatal de Foros sobre Maltrato y Crueldad Animal", la gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda destacó que la Constitución local reconoce formalmente a los animales bajo la figura de seres sintientes con capacidad de experimentar sufrimiento, respaldo jurídico consolidado con recientes reformas al Código Penal.
La titular de la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable (SMADS), Elvia Martínez Santos, explicó que la creación de la Dirección de Derecho y Bienestar Animal ha permitido articular las acciones entre dependencias estatales, ayuntamientos y la fiscalía local para coordinar la atención de las denuncias ciudadanas recibidas hasta el momento.
Para la canalización de ejemplares asegurados o rescatados en diligencias judiciales y cateos, las autoridades destacaron la labor del Santuario Animal Mily, espacio destinado al desahogo médico-veterinario y a la preparación para adopciones responsables en alianza con la sociedad civil y gobiernos municipales.
Por su parte, la representante de la organización Abogados Animalistas, Carmen Villarreal, subrayó el avance legislativo en la entidad al considerar que la voluntad política ha permitido colocar la protección animal dentro de la agenda de transformación social.
El foro, en el que participaron integrantes de la Fiscalía General del Estado (FGE), litigantes y estudiantes de Derecho, centró sus trabajos en resolver los cuellos de botella que ralentizan el seguimiento de las carpetas de investigación, con la finalidad de agilizar los trámites judiciales que permitan liberar legalmente la custodia de los animales bajo resguardo e integrarlos a nuevos hogares en el menor tiempo posible.
