por Uniradio Informa
02/07/2026 06:00 / Uniradio Informa Baja California / Sociedad / Actualizado al 29/06/2026
BAJA CALIFORNIA.- Las escuelas públicas y privadas de educación básica de Baja California operan desde el 25 de junio de 2026 con un nuevo marco de seguridad que, por primera vez en la historia del sistema educativo estatal, incluye un protocolo de respuesta ante tiradores activos, procedimientos frente a la violencia digital y una sección dedicada a proteger a los docentes de denuncias falsas o maliciosas.
El documento se llama Programa de Protección Integral Escolar (PPIE) y entró en vigor mediante el oficio 1175/2026 de la Coordinación General de Educación Básica del Instituto de Servicios Educativos y Pedagógicos de Baja California (ISEP), firmado por la subsecretaria Ana Catalina Ávila Sosa y Silva. La instrucción fue dirigida a delegados, directores, subdirectores, coordinadores y todo el personal educativo del estado, con el mandato de difundir e implementar el programa en cada plantel.
El PPIE sustituye a la guía de actuación de 2022, que contemplaba 24 normas y quedó rebasada por el avance de reformas legales y por una serie de incidentes que pusieron en evidencia los vacíos del sistema. El nuevo programa se fundamenta en 44 normas, identifica 10 categorías de riesgo y fue construido con la participación formal de las organizaciones sindicales SNTE Sección 2, SNTE Sección 37, SETEBC, SIETEBC y STEBC, así como del Colegio de Profesionistas de la Educación.
El protocolo que nadie esperaba: cómo actuar si un tirador entra a la escuela
La medida que llama la atención de manera inmediata es la incorporación del Código ATICE, el primer protocolo formal de Baja California para situaciones de violencia armada extrema dentro de planteles educativos. El acrónimo corresponde a las fases de la respuesta: Alarma, Trinchera, Informar, Contraataque y Evacuación.
El documento establece que, en un escenario de ataque armado activo, permanecer inmóvil puede incrementar el riesgo de muerte para estudiantes y trabajadores. Por eso, el protocolo define acciones escalonadas: primero alertar y refugiarse; después informar a las autoridades competentes; la fase de contraataque se contempla únicamente como último recurso, cuando no exista ninguna otra alternativa disponible para proteger la vida. La evacuación se activa en cuanto las condiciones lo permitan.
La inclusión de este protocolo coloca a Baja California en un terreno que pocas entidades del país han formalizado por escrito, aunque el fenómeno de los tiradores activos en escuelas ha sido objeto de debates en México desde el ataque registrado en el Colegio Americano del Noreste de Monterrey en enero de 2020, que dejó tres heridos.
La violencia digital, dentro del protocolo escolar por primera vez
El PPIE reconoce de manera formal que el daño originado en entornos digitales puede tener consecuencias reales dentro de la comunidad educativa. Por eso incorpora una sección de violencia digital con más de diez subtipos.
Los términos se mantienen en inglés —Deepfakes, Doxing, Grooming, Sexting y Stalking— con el argumento de que así resultan más reconocibles para estudiantes y docentes al momento de identificar y denunciar una conducta. Esta decisión de nomenclatura evita que las conductas queden diluidas bajo definiciones legales genéricas que dificultan los reportes.
Con esta inclusión, el programa actualiza también las responsabilidades de madres, padres y tutores: el PPIE establece que no podrán grabar, exhibir ni desacreditar al personal escolar mediante dispositivos electrónicos o redes sociales sin autorización. Asimismo, advierte que entregar a un alumno a una persona distinta de las autorizadas en el expediente escolar puede constituir una omisión de cuidados con consecuencias jurídicas.
Maestros: presunción de inocencia, restricción de careos y restitución de prestigio
Uno de los apartados del PPIE con mayor repercusión en el gremio docente es el protocolo de protección para el personal educativo. Su existencia tiene un referente directo: el caso del maestro Esteban Canchola.
El 30 de octubre de 2023, el alumno Martín Damián, de 10 años, sufrió un golpe en la cabeza en la Escuela Primaria Eucario Zavala Álvarez de Mexicali. El profesor Canchola notificó a los padres y activó el seguro médico escolar según el protocolo vigente en ese momento. El menor fue atendido y dado de alta en una clínica privada, pero falleció horas después por un hematoma epidural. La Fiscalía General del Estado lo acusó de omisión de auxilio, lo que desencadenó movilizaciones del magisterio en varios municipios de Baja California durante meses.
En julio de 2025, un juez dictó sentencia mínima contra el docente: seis meses en libertad, con firma mensual y una multa de cinco mil pesos. El fallo fue recibido con júbilo por cientos de maestros que acompañaron la audiencia. El propio Canchola declaró a la salida: "No hay que abandonar a nuestros compañeros. Hay que apoyarnos entre nosotros. Que vuelva esa dignificación de los maestros, pero real". En diciembre de 2025, la Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado revocó la sentencia al determinar que no existían elementos suficientes y que se había vulnerado el principio de presunción de inocencia.
La gobernadora Marina del Pilar Ávila anunció tras el caso una revisión de los protocolos escolares. El PPIE 2026 es el resultado visible de ese compromiso.
El protocolo de protección docente contempla los siguientes puntos:
- Presunción de inocencia durante cualquier investigación.
- Prohibición de suspender salarios o separar del cargo sin elementos mínimos de prueba.
- Prohibición de realizar careos entre denunciantes y docentes dentro del plantel.
- Restitución pública del prestigio del maestro cuando una denuncia resulte falsa o maliciosa.
- Eliminación de anotaciones desfavorables del expediente administrativo cuando la acusación no se compruebe.
El SETE BC, que acompañó al maestro Canchola durante todo el proceso judicial, había señalado en su momento que el juicio evidenciaba "la ausencia de protocolos que salvaguarden los derechos de las y los docentes". El nuevo programa responde directamente a esa demanda.
Riesgo de suicidio: dos días para demostrar atención
El PPIE también actualiza los procedimientos de salud mental. Cuando el personal educativo detecte señales de alerta por riesgo de suicidio en un alumno, los padres o tutores dispondrán de un plazo máximo de dos días hábiles para acreditar que el estudiante ya recibe atención especializada.
El documento abandona el término "suicida" para referirse a estas situaciones y adopta la expresión "riesgo de suicidio", con el propósito de evitar la estigmatización de los alumnos y de sus familias dentro de la comunidad escolar.
El programa también refuerza los lineamientos para atender a estudiantes con discapacidad o trastornos del neurodesarrollo, instruyendo al personal educativo a intensificar la detección de señales de riesgo en este grupo, debido a que algunos estudiantes pueden presentar dificultades para comunicar por sí mismos situaciones de violencia o vulnerabilidad.
Una historia de actualizaciones marcadas por tragedias
El PPIE 2026 no surgió en el vacío. En Baja California, la evolución de los protocolos de seguridad escolar ha sido reactiva y vinculada a incidentes específicos.
El Protocolo de Protección Integral Escolar de 2022 integró 24 normas, pero quedó desfasado frente a reformas legales y nuevas realidades. La muerte del niño Damián y el proceso judicial contra el maestro Canchola detonaron en 2023 un debate sobre la insuficiencia de las herramientas disponibles. Esto derivó en el Proyecto técnico de actualización de 2025, que amplió el sustento a 38 normas, pero nunca se implementó formalmente porque docentes y sindicatos cuestionaron la carga adicional que les generaba. Como respuesta provisional, se elaboró en 2025 una Guía Rápida de Actuación en Situaciones de Riesgo, con cuatro riesgos generales y 15 modalidades. El PPIE 2026, con sus 44 normas y 10 categorías de riesgo, es el siguiente paso en esa cadena.
El analista Guillermo E. Rivera Millán, director del despacho De la Peña y Rivera S.C. y fundador de Justicia que Transforma México A.C., señaló en un análisis publicado hoy mismo en Brújula News que la participación de sindicatos y colegios de profesionistas en la elaboración del programa "aparentemente representa legitimidad y refuerza la corresponsabilidad en su aplicación".
Lo que el protocolo no resuelve: los cuestionamientos al PPIE
El PPIE recibió respaldo de los principales sindicatos del estado, pero también enfrenta señalamientos sobre puntos que el documento no resuelve o que plantean dudas de implementación.
Presupuesto sin definir. El programa no establece con precisión qué recursos se destinarán a su aplicación. La Dirección de Participación y Convivencia Social, donde opera el área de riesgos escolares, requiere personal y financiamiento para cubrir los siete municipios del estado. Sin plazas adicionales y sin capacitaciones en marcha, el riesgo de que las instrucciones queden en papel es real.
Uniformidad sobre diversidad. El documento parece asumir condiciones similares en todos los planteles, sin considerar la brecha entre escuelas urbanas con infraestructura consolidada y centros rurales o indígenas con recursos limitados. La falta de un enfoque territorial puede reducir la eficacia del programa en las comunidades con mayor vulnerabilidad.
Vacíos de competencia. El PPIE redacta lineamientos en áreas de seguridad, educación y laborales que no siempre son atribución directa de la Secretaría de Educación, lo que puede generar conflictos de competencias con otras dependencias o instancias del estado.
Legisladores desarticulados. Rivera Millán señala en su análisis que los diputados del Congreso "aparecen desvinculados de la agenda de la Secretaría de Educación; legislan de manera desarticulada en temas educativos". En ese contexto, varios de los lineamientos del PPIE carecen del sustento legal que solo una reforma legislativa formal podría brindar.
Sin mesa de seguimiento. El programa no contempla la instalación de un espacio interinstitucional permanente de coordinación y evaluación. Sin ese mecanismo, los avances y ajustes dependerán de la voluntad de cada dependencia mencionada en el documento, sin obligación de rendir cuentas de manera conjunta.
El seguro escolar, sin claridad. El programa no desarrolla el tema del seguro escolar ni define cómo se cubrirán gastos médicos o indemnizaciones en casos de accidentes, una laguna que el caso Damián dejó expuesta con claridad.
Lo que viene para el inicio del ciclo 2026-2027
La aplicación del PPIE coincide con el arranque del ciclo escolar 2026-2027. La Secretaría de Educación del estado busca que el programa homologue la respuesta de todos los centros escolares ante situaciones de riesgo, incorporando por primera vez a vecinos y comités comunitarios como parte de la estrategia de vigilancia.
El programa llega en un contexto en que el SNTE nacional, encabezado por su secretario general Alfonso Cepeda Salas, ha insistido en que "todas las escuelas sean lugares seguros" y ha vinculado la permanencia escolar con condiciones dignas para alumnos y maestros. En Baja California, el PPIE 2026 representa la respuesta institucional más amplia que el estado ha generado hasta ahora en materia de seguridad escolar, aunque los cuestionamientos sobre su financiamiento y su alcance real marcarán las semanas que siguen.
