por El Universal
04/04/2026 11:56 / Uniradio Informa Baja California / Sociedad / Actualizado al 04/04/2026
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), que conduce Rosario Piedra, cuestionó el dictamen del Comité contra la Desaparición Forzada (CED) al asegurar que se basa en posturas "sesgadas" de organizaciones no gubernamentales que, acusó, manipulan las demandas en derechos humanos, lo que derivó en conclusiones sin sustento pleno sobre la situación de desapariciones en México.
En un posicionamiento, el organismo sostuvo que el CED concluyó de forma preliminar que en México existen indicios "fundados" de desapariciones forzadas de manera generalizada o sistemática, lo que ameritaría llevar el caso ante la Asamblea General de la ONU.
Sin embargo, la CNDH afirmó que esta determinación se apoyó principalmente en peticiones de ONG, aunque también reconoció la legitimidad del dolor de los colectivos de familiares de personas desaparecidas.
La Comisión discrepó de fondo con el Comité al señalar que no se agotaron previamente las instancias nacionales, como lo establece la Convención internacional en la materia, y criticó que se privilegiaran opiniones como las del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh), que ha cuestionado la eficacia de las recientes reformas y políticas públicas, calificándolas de insuficientes y desarticuladas.
De acuerdo con la CNDH, el CED también incurre en contradicciones al analizar el contexto mexicano. Por un lado, reconoce que la estrategia de seguridad durante la llamada "guerra contra el narcotráfico", impulsada en el sexenio de Felipe Calderón Hinojosa, derivó en violaciones graves a derechos humanos; pero por otro, descarta que exista evidencia suficiente para considerar que dicha política implicara de manera intencional la comisión de desapariciones forzadas.
Para el organismo, esta postura minimiza el impacto de esa estrategia en el incremento de desapariciones y, al mismo tiempo, ignora los avances recientes.
Sostuvo que, a diferencia de periodos como la "Guerra Sucia" (1951-1990) y el combate al narcotráfico entre 2006 y 2012, las desapariciones forzadas atribuibles a autoridades federales han disminuido de forma sostenida desde 2018, "hasta prácticamente desaparecer".
La Comisión también reprochó que el CED no considere adecuadamente la evolución temporal y regional del fenómeno, al calificarlo como "generalizado" pese a que —según sus datos— se concentra en determinados periodos y zonas del país.
Además, acusó inconsistencias en el dictamen al señalar que, aunque el Comité descarta una política estatal de desapariciones, simultáneamente afirma que estos hechos ocurren en el marco de políticas de autoridades u organizaciones.
CNDH defiende su propio trabajo ante crisis de desaparecidos
En su posicionamiento, la CNDH defendió su propio trabajo, al señalar que ha documentado casos históricos y emitido recomendaciones sobre desapariciones forzadas, principalmente vinculadas a administraciones pasadas, así como resoluciones recientes atendidas con mayor celeridad. También reiteró que ha advertido sobre fallas en el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y ha insistido en fortalecer las instituciones de búsqueda y procuración de justicia.
El organismo rechazó lo que calificó como una "politización" del dictamen del CED por parte de algunas ONG, a las que acusó de lucrar con la causa de las víctimas. Pese a ello, afirmó que mantendrá el diálogo con instancias internacionales y continuará dando seguimiento al caso, con el objetivo de garantizar el derecho a la verdad y la justicia de las personas afectadas
