por Redacción
18/11/2026 14:24 / Uniradio Informa Baja California / Sociedad / Actualizado al 18/11/2026
TIJUANA.- El presidente del Colegio de Abogados de Tijuana, A.C., Mtro. Daniel Avitia Beltrán, hizo un llamado a la Fiscalía General del Estado de Baja California para que, con estricto apego a derecho, se agilicen las investigaciones relacionadas con las denuncias penales presentadas contra el regidor independiente Miguel Antonio Loza Ginuez, a fin de que se emita una determinación ministerial que brinde certeza jurídica a todas las partes involucradas.
Al abordar la situación del edil tijuanense, quien también forma parte del Colegio de Abogados de Tijuana, Avitia Beltrán señaló que la procuración de justicia debe desarrollarse bajo los principios de legalidad, objetividad, debida diligencia y respeto a los derechos humanos, evitando que las investigaciones permanezcan indefinidamente sin una resolución.
"La justicia debe ser pronta y expedita. No es jurídicamente aceptable que una investigación penal se prolongue injustificadamente sin que exista una determinación sobre la situación jurídica de las personas involucradas. Esta incertidumbre perjudica tanto a quien denuncia como a quien es denunciado, pues ambas partes tienen derecho a obtener una respuesta de las instituciones encargadas de procurar justicia", expresó.
El presidente del organismo colegiado recordó que el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos reconoce el derecho a una justicia pronta, completa e imparcial, principio que debe orientar la actuación de las autoridades, sin perjuicio de las disposiciones específicas que regulan la investigación penal.
Asimismo, destacó que el transcurso del tiempo sin una definición ministerial puede generar consecuencias que trascienden el ámbito estrictamente jurídico, particularmente cuando las investigaciones involucran a personas que desempeñan funciones públicas.
"En el caso del regidor Miguel Loza, quien además es integrante de nuestro Colegio de Abogados, hemos observado que esta controversia ha tenido repercusiones en su esfera personal, profesional y política. Independientemente de las acusaciones formuladas, ninguna persona debe permanecer bajo una incertidumbre jurídica prolongada por dilaciones injustificadas de las autoridades", manifestó.
Avitia Beltrán precisó que el posicionamiento del Colegio no pretende anticipar conclusiones sobre la responsabilidad penal del regidor ni desestimar los derechos de las personas denunciantes, sino exigir que la Fiscalía actúe con objetividad y resuelva conforme a los elementos de prueba que obren en las carpetas de investigación.
"La Fiscalía debe determinar, con base en los datos de prueba recabados, si existen elementos suficientes para ejercer la acción penal y solicitar la audiencia inicial correspondiente para formular imputación y, en su caso, solicitar la vinculación a proceso; o bien, si jurídicamente procede emitir una determinación de no ejercicio de la acción penal. Lo que no debe ocurrir es que la falta de definición se convierta en una situación permanente", puntualizó.
El dirigente del gremio jurídico enfatizó que la presunción de inocencia y los derechos de las personas denunciantes no son principios contrapuestos, sino garantías que deben observarse simultáneamente durante cualquier investigación penal.
"Nuestro llamado no es para que la Fiscalía resuelva a favor o en contra de una persona determinada. Exigimos que investigue con seriedad, valore integralmente los elementos disponibles y adopte la determinación que legalmente corresponda. La justicia no puede depender de presiones mediáticas, intereses políticos ni de la posición pública de quienes intervienen en un procedimiento", sostuvo.
Finalmente, el presidente del Colegio de Abogados de Tijuana reiteró que las instituciones de procuración de justicia tienen la responsabilidad de actuar oportunamente, garantizando tanto el acceso a la justicia de quienes denuncian como el derecho de defensa y la presunción de inocencia de quienes son investigados.
"La mejor manera de garantizar los derechos de todas las partes es mediante investigaciones serias, objetivas y oportunas. La sociedad necesita instituciones que brinden respuestas y certeza jurídica, no procedimientos que se prolonguen indefinidamente. Por ello, hacemos un llamado respetuoso, pero firme, a la Fiscalía General del Estado para que determine conforme a derecho la situación jurídica del regidor Miguel Loza", concluyó.