02/02/2024 08:30 / Uniradio Informa Baja California / Sociedad / Actualizado al 02/02/2024
BAJA CALIFRONIA.- El Colegio de Comunicólogos de Baja California (COLCOMBC) exhorta a la Fiscalía General del Estado, realizar una sólida y pronta investigación en torno al ataque perpetrado en contra de la periodista Yolanda Caballero, así como a las autoridades municipales coadyuvar en estas acciones en el ámbito de su competencia, además la implementación inmediata del Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas en coordinación con la Secretaría de Gobernación.
Durante la tarde del jueves 1 de febrero, el vehículo de la comunicadora fue incendiado, tal como se muestra en un video que ha circulado en algunos medios digitales y en el que aparece un individuo aproximándose a la unidad estacionada para activar el fuego, mientras que otro le esperaba en un carro para huir del lugar. Caballero ejercía en ese momento su labor informativa, alejada del siniestro, por lo que no resultó lesionada.
Ante este tipo de acciones dirigidas a periodistas, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha señalado que la promoción de la seguridad "no debe limitarse a adoptar medidas después de que hayan ocurrido los hechos", por tanto, sostiene que es necesaria la implementación de mecanismos de prevención y otras medidas eficaces para erradicar las violencias hacia la prensa.
Toda persona tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión, tal como se expresa en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, proclamada por la Asamblea General de las Naciones Unidas, por lo que esto incluye el "no ser molestada a causa de sus opiniones, el de investigar y recibir informaciones, y el de difundirlas, sin limitación de fronteras, por cualquier medio".
En ese sentido, el Colegio de Comunicólogos de Baja California, reitera que las libertades en el ejercicio pleno, ético y profesional del periodismo, son prerrogativas sustentadas en la dignidad humana, que en conjunto conforman los Derechos Humanos, mismos que están amparados dentro del orden jurídico nacional, en la Constitución Política, además de tratados internacionales.
