por Brenda Bedolla
09/11/2026 12:00 / Uniradio Informa Baja California / Sociedad / Actualizado al 05/11/2026
- De 922 causas por violencia contra mujeres en juzgados especializados de Tijuana, 87 concluyeron.
- El Poder Judicial proyecta un presupuesto de hasta 2 mil 200 millones de pesos para 2027
BAJA CALIFORNIA.- El Tribunal de Disciplina Judicial de Baja California investiga a 12 personas, de las cuales 10 son jueces, por su presunta participación en el esquema de despojo de propiedades conocido como "cártel inmobiliario", con hechos registrados en Tijuana y San Quintín.
La información se presentó el miércoles durante la comparecencia del Poder Judicial del Estado ante el Congreso local, en la que también se reportó un avance de 96 por ciento en la capacitación obligatoria de su personal sobre la Ley Daryela y una proyección presupuestal de hasta 2 mil 200 millones de pesos para 2027.
Ocho denuncias y 10 jueces bajo investigación.
La magistrada a cargo del área informó que el Tribunal de Disciplina mantiene abiertas ocho denuncias relacionadas con el esquema, en el que presuntamente participan funcionarios de distintos órdenes de gobierno, personal de notarías e integrantes del Poder Judicial.
Como medida cautelar, algunos expedientes fueron retirados a los funcionarios investigados y reasignados a otros servidores públicos mientras continúan las indagatorias.
Además, se anunció el inicio de mesas de trabajo con la Fiscalía General del Estado, sindicaturas, la Secretaría Anticorrupción y comisiones legislativas.
La cifra representa un aumento respecto a lo reportado meses atrás.
En junio, el presidente del Tribunal Superior de Justicia, Alejandro Isaac Fragozo López, informó que al menos cuatro jueces del ámbito civil en Tijuana eran investigados por su presunta relación con casos vinculados al "cártel inmobiliario", y explicó entonces que algunos casos estarían relacionados con la ocupación de predios por grupos armados, lo que derivó en esa denominación pública.
El Tribunal de Disciplina Judicial fue creado con la reforma judicial como un órgano autónomo integrado al Poder Judicial, conformado por tres magistrados, con facultades para investigar y emitir sanciones.
En septiembre, su presidenta aseguró que se habían emitido tres medidas cautelares contra cuatro jueces vinculados a casos del cártel inmobiliario en Tijuana, las cuales, según dijo, no habían sido aplicadas por el Consejo de Administración.
En el ámbito penal, la Fiscalía informó en septiembre que hasta esa fecha ningún juez había sido denunciado penalmente en Baja California por fraudes inmobiliarios, mientras que para ese mes sumaban 15 órdenes de aprehensión giradas contra presuntos integrantes del grupo en Tijuana.
Ley Daryela: capacitación al 96 por ciento.
Fragozo López informó que de los 2 mil 460 empleados del Poder Judicial faltaba alrededor del 4 por ciento por concluir la capacitación sobre la Ley Daryela, proceso que se cerraría ese mismo miércoles.
"Yo creo que sí vamos a lograr el 100 por ciento de la capacitación", afirmó.
Explicó que el programa incluyó cursos, ensayos y evaluaciones para jueces, magistrados, secretarias, actuarios y personal jurisdiccional, con el fin de que el personal esté preparado ante revisiones que pueda realizar la Secretaría de las Mujeres.
La Ley Daryela es el nombre con el que se conoce a la Ley de Capacitación en Materia de Género, Prevención y Erradicación de la Violencia hacia las Mujeres de Baja California, aprobada por unanimidad en el Congreso del Estado. Fue creada a raíz del feminicidio de Daryela Elizabeth Valdez Rocha, de 25 años, en enero de 2023; la joven fue asesinada por su expareja, a quien ya había denunciado ante las autoridades.
La norma prevé sanciones administrativas para las personas servidoras públicas que incumplan la capacitación sin justificación, y establece que cada ente público debe contar con una Unidad de Género encargada de diseñar el plan de capacitación.
Quienes ingresen como nuevos servidores públicos tienen un plazo de 90 días naturales para tomarla.
Violencia contra mujeres: 87 de 922 causas concluidas.
Diputados cuestionaron los resultados de los juzgados especializados en violencia contra las mujeres en Tijuana, cuyo informe registra 922 causas recibidas y 87 concluidas.
El presidente del Tribunal explicó que la mayoría de los expedientes permanecen en trámite y que la cifra corresponde principalmente a asuntos resueltos por sentencia o procedimiento abreviado.
Reconoció que el número le parecía bajo y se comprometió a enviar información complementaria al Congreso.
Los legisladores también solicitaron datos sobre la elaboración de protocolos en materia de violencia institucional, reparación del daño y vigilancia de medidas de protección para mujeres víctimas.
Judicializaciones "para cumplir metas".
Fragozo López señaló que en el Sistema de Justicia Penal se presentan judicializaciones de casos prescritos, sin domicilio o con investigaciones deficientes, únicamente para cumplir indicadores numéricos.
"No tiene sentido judicializar 100 asuntos si solamente 10 terminan en vinculación. Eso significa que no hubo investigación en los otros 90", sostuvo.
Agregó que las audiencias diferidas generan en Ensenada un costo cercano a un millón de pesos mensuales, equivalente a unos 12 millones de pesos al año.
Presupuesto 2027: hasta 2 mil 200 millones.
En materia financiera, el titular del Poder Judicial adelantó que la proyección para 2027 se ubica entre 2 mil 180 y 2 mil 200 millones de pesos, principalmente por incrementos salariales y la implementación de sistemas de justicia.
Detalló que el aumento anual a la base sindical tuvo este año un costo cercano a 50 millones de pesos, que volverá a impactar el próximo ejercicio. "Con el puro incremento sobre la base sindical te sube casi 95 millones de pesos", explicó.
La prioridad, dijo, es la implementación del sistema de justicia oral civil y familiar en Ensenada, que requerirá la contratación de jueces, secretarios y personal administrativo.
Reconoció que 2027, último año de la actual administración estatal y periodo electoral, tendrá presiones financieras, por lo que prevé solicitar una ampliación a mitad de año.
Sobre 2026, informó que se presentaron tres solicitudes de ampliación por alrededor de 20 millones de pesos, destinadas a plazas y personal para Tecate, Rosarito y Guadalupe Victoria.
