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Manipular la mente de otro podría costar hasta 7 años de cárcel en Baja California

Proponen en el Congreso de Baja California tipificar la persuasión coercitiva, la violencia que no deja golpes pero anula la voluntad.

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por Guillermo Parra

20/11/2026 04:00 / Uniradio Informa Baja California / Sociedad / Actualizado al 18/11/2026

- Las víctimas de una congregación religiosa y de un grupo de superación personal en Tijuana dieron su testimonio.

TIJUANA.- Hay violencias que no dejan golpes ni marcas, pero que pueden arrebatarle a una persona la capacidad de decidir sobre su propia vida. Para castigarlas, la diputada local Michel Sánchez Allende (Morena) presentó ante el Congreso del Estado una iniciativa para tipificar la persuasión coercitiva como delito en el Código Penal de Baja California, con penas de tres a siete años de prisión y multas.

De aprobarse, Baja California se colocaría entre las primeras entidades del país en sancionar penalmente la manipulación psicológica como un delito autónomo. 

Actualmente el Código Penal estatal no la contempla de forma independiente, por lo que los casos suelen investigarse como fraude, sin reconocer el daño psicológico que denuncian las víctimas.

"Nadie debería controlar tu vida, lo que dices o lo que haces", resumió la legisladora al presentar la propuesta en conferencia de prensa este martes 17 de noviembre.

¿Qué es la persuasión coercitiva?

De acuerdo con la iniciativa, se trata de una forma de violencia psicológica en la que una persona o un grupo recurre a la manipulación, el miedo, la culpa, la dependencia emocional, el aislamiento, la presión constante o el control de las decisiones de otra persona hasta someter su voluntad.

Según la diputada, estas prácticas se presentan en grupos de supuesta superación personal, en espacios religiosos, en entornos laborales y terapéuticos, y también en relaciones de pareja y familiares.

Castigo mayor para líderes, terapeutas y funcionarios

La propuesta contempla agravantes cuando el delito sea cometido por servidores públicos, líderes religiosos, terapeutas, empleadores o cualquier persona que aproveche una posición de autoridad, confianza o dependencia, así como cuando haya múltiples víctimas.

También plantea protección reforzada para menores de edad, personas adultas mayores, personas con discapacidad y personas migrantes, un sector especialmente relevante en una ciudad fronteriza como Tijuana.

Además de la sanción penal, la iniciativa propone crear un programa estatal de atención psicológica, médica, jurídica y social para que las víctimas recuperen su autonomía. "No basta con castigar a quienes ejercen estas formas de violencia", subrayó Sánchez Allende.

"No es una cuestión de religión".

Ante posibles cuestionamientos sobre la libertad de culto, la legisladora fue enfática en que la reforma no busca criminalizar creencias, religiones ni actividades legítimas de formación o desarrollo personal, sino sancionar conductas de quienes usan la fe, el afecto, la confianza o la autoridad para someter a otras personas.

Las voces detrás de la iniciativa.

La propuesta es resultado de más de un año de análisis y de la recopilación de testimonios, incluido el foro "Cuando el control se disfraza de...", celebrado en el Congreso del Estado en julio de 2025 con víctimas y especialistas de distintas partes del país.

Una de ellas es Julia, quien se identificó como sobreviviente de violencia vicaria y persuasión coercitiva dentro de los Testigos de Jehová. 

Relató que, cuando pidió ayuda a líderes de su congregación, le recomendaron permanecer en su relación. 

"Me decían que como mujer debía aguantar porque él era mi cabeza", contó. 

Dijo que el temor a ser expulsada retrasó su salida y que en 2018 intentó quitarse la vida.

Otro caso que ha dado rostro al tema en Tijuana es el de la arquitecta Andrea, quien se presenta como presunta víctima de manipulación dentro de la organización de "desarrollo personal". 

En 2024 se documentó que ingresó a un curso en octubre de 2023, mientras atravesaba una depresión diagnosticada, y que denunció hostigamiento, humillaciones y presión para reclutar a familiares y amigos, así como cobros que pasaron de 5 mil a 25 mil pesos. 

Su denuncia ante la Fiscalía General del Estado de Baja California se integró únicamente por fraude.

En la conferencia, López afirmó que ya entregó gran parte de las pruebas, pero considera que la investigación no avanza como debería, e incluso señaló que algunas evidencias habrían desaparecido del expediente. 

También sostuvo que en esa organización participa un político local. 

Un abogado que enfrentó a los Testigos de Jehová en España.

La iniciativa contó con la asesoría del abogado español Carlos Bardavío Antón, especialista en persuasión coercitiva y autor del libro Sectas criminales y coercitivas en Derecho Penal Mexicano, que incluye una propuesta legislativa para México.

Bardavío representa a la Asociación Española de Víctimas de los Testigos de Jehová, que en abril de 2026 obtuvo de la Audiencia Provincial de Madrid la confirmación de un fallo que avala su derecho a calificar a esa organización como "secta destructiva", al rechazar el recurso que esta había presentado.

En España tampoco existe todavía este delito: organizaciones civiles reunieron cerca de 300 mil firmas para pedir que la persuasión coercitiva se incorpore al Código Penal de ese país, en una propuesta redactada por el propio Bardavío.

No es la primera vez que se intenta en México.

El tema ya se ha discutido en otros congresos del país. 

En Guanajuato se debatió en 2022 una ley de asistencia a víctimas de "coaching coercitivo" y sectas, acompañada de una reforma penal; en Jalisco y en la Ciudad de México también se han presentado iniciativas en la materia.

En Baja California, la propia Sánchez Allende impulsó en 2024 un proyecto de "ley anticoaching" para atender a víctimas de grupos coercitivos, de autoayuda, religiosos y sectas, pero aquel planteamiento no incluía sanciones penales. 

La nueva iniciativa da ese paso.

¿Qué sigue?

La propuesta deberá ser turnada y analizada en comisiones del Congreso antes de llegar al Pleno. 

La diputada confió en que avance durante la actual Legislatura.