por Octavio Fabela
22/09/2025 10:45 / Uniradio Informa Baja California / Sociedad / Actualizado al 19/09/2025
TIJUANA.- La limitación al derecho de amparo frente a excesos de la autoridad se ha limitado tanto en la administración pasada como en la actual, y con la nueva iniciativa del Ejecutivo federal, las posibilidades para los ciudadanos se reducen aún más.
Martín Hasan Franco, expresidente de la Federación de Abogados de Baja California, señaló que, aunque los derechos humanos están protegidos en la Constitución, las facultades de los jueces de distrito para salvaguardarlos han sido restringidas progresivamente.
"Los derechos humanos están ahí en la Constitución y tenemos el juicio amparo. Sin embargo, este tipo de conductas que lo van limitando contra los actos de autoridad es lo que estamos viendo ahorita. Difícilmente va a desaparecer, me preguntaban ayer si veíamos que desapareciera el juicio, eso no va a suceder. Sin embargo, las facultades que tenía el juez de distrito para proteger los derechos humanos de los mexicanos son las que estamos viendo que se van limitando", dijo.
Recordó que en el sexenio anterior se eliminó la figura de suspensión con efectos generales, que permitía que un amparo contra una ley beneficiara a toda la ciudadanía y no solo al quejoso.
"Desde el sexenio anterior hemos venido viendo cómo han ido coartando y cómo han ido rasurando las opciones que tenemos los ciudadanos para interponer el juicio de amparo o sobre todo los beneficios que este tiene", agregó.
Con la nueva reforma enviada al Congreso de la Unión, también se plantea que un juez federal ya no pueda sancionar a autoridades que incumplan resoluciones, lo que, según el jurista, resta eficacia al amparo como herramienta de defensa.
"Vemos una nueva reforma ya enviada al Congreso de la Unión que, sin lugar a dudas, yo me atrevería a mencionarla y a definirla como una salvajada para los derechos de los mexicanos", refirió.
Advirtió que estas modificaciones debilitan uno de los mecanismos más importantes para proteger a los ciudadanos frente a actos de autoridad, lo que representa un retroceso en materia de derechos humanos.