Tijuana enfrenta la crisis de adicciones sin una tasa oficial que mida cuántas personas logran rehabilitarse
- Estimaciones ubican a la ciudad entre los principales puntos de consumo de fentanilo del país; decenas de centros operan sin regulación sanitaria mientras el presupuesto municipal alcanza solo a una fracción de la población en riesgo.
TIJUANA.- No existe en Tijuana un registro público que indique qué porcentaje de personas atendidas en los centros de rehabilitación de la ciudad logra mantenerse sin consumir sustancias después del tratamiento.
Las clínicas privadas publicitan "programas efectivos" y "altas tasas de recuperación" en sus propios sitios de internet, pero ninguna autoridad de salud federal, estatal o municipal audita esas cifras ni lleva un indicador equivalente.
La Comisión Nacional de Salud Mental y Adicciones (Conasama) y la Comisión Estatal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Coepris) concentran su supervisión en las condiciones sanitarias de los establecimientos, no en los resultados clínicos de largo plazo.
Consumo por arriba del promedio nacional.
La Encuesta Nacional de Consumo de Drogas, Alcohol y Tabaco (Encodat) 2025, la primera aplicada en nueve años tras suspenderse durante el sexenio anterior, ubicó en 14.6% el porcentaje de adultos mexicanos que ha probado alguna droga ilícita alguna vez, frente a 10.6% en la medición de 2016.
A nivel local, el estudio Encuesta Basal de Consumo de Drogas (EBCO) del Centro de Integración Juvenil, con datos de 2016, ya había documentado que Baja California registra un consumo de drogas alguna vez en la vida superior al promedio nacional, y que en la unidad Tijuana Soler las sustancias más reportadas en el último mes fueron tabaco, alcohol, cannabis y metanfetaminas.
Organismos como el Observatorio Mexicano de Salud Mental y Adicciones y reportes periodísticos coinciden en ubicar a Tijuana y Mexicali, junto con Ciudad Juárez y San Luis Río Colorado, entre las ciudades fronterizas con mayor presencia de fentanilo.
Datos del Servicio Médico Forense de Baja California citados por medios locales muestran que, en pruebas toxicológicas realizadas a cuerpos, el porcentaje de positividad a alguna droga en Tijuana se ubicó cerca de 59%, aunque en fentanilo específico Mexicali superó a Tijuana en años recientes.
Una investigación publicada en el International Journal of Drug Policy, realizada durante ocho meses de trabajo de campo en la ciudad, encontró fentanilo en 52.8% de las jeringas recolectadas en puntos de reducción de daños, con un aumento aproximado de 20% en su prevalencia durante el periodo de estudio.
No existe un censo oficial que determine cuántas personas viven con una adicción en Tijuana.
El investigador Steven Clark estimó en 2018 una población cercana a medio millón de personas con problemas de consumo de drogas en la ciudad, cifra que, según el mismo especialista, se ha incrementado en años posteriores; sin embargo, al no haber una encuesta local sistemática, las organizaciones civiles y de salud dependen de los registros de centros de rehabilitación y de las cifras del Semefo para aproximarse al fenómeno.
Clínicas certificadas y anexos sin regulación.
En Baja California conviven dos tipos de establecimientos: clínicas registradas ante la autoridad sanitaria, que cuentan con personal médico y psicológico y deben cumplir la Norma Oficial Mexicana NOM-028, y los llamados "anexos", espacios de ayuda mutua que en su mayoría operan sin permisos ni personal certificado.
Se ha reportado que durante 2025 se realizaron 120 verificaciones a centros de rehabilitación a nivel estatal y 11 fueron suspendidos en Tijuana por hacinamiento, falta de permisos u otras irregularidades.
En uno de los casos documentados, un denunciante anónimo señaló que un centro sin registro municipal operaba sin permisos y con presencia de drogas en sus instalaciones.
También se documentaron testimonios de exinternos que describieron a los anexos como espacios donde se aplican meses de abstinencia sin terapia ni seguimiento médico, mientras las familias pagan cuotas semanales por la estancia.
Según ese relato, la ausencia de terapia posterior al egreso se asocia con recaídas frecuentes.
Un abogado de la Federación de Abogados de Baja California señaló en entrevista con Uniradio que la internación de personas sin su consentimiento, práctica que ocurre en algunos anexos por decisión de familiares, podría constituir el delito de privación ilegal de la libertad, independientemente de la intención de ayuda.
A nivel nacional, se documentaron casos en los que grupos de la delincuencia organizada utilizaron centros de rehabilitación clandestinos, incluidos algunos en Baja California, como escondite de personas con orden de aprehensión, punto de reclutamiento o lugar de resguardo de víctimas de secuestro.
Una política pública que cubre una fracción de la población.
El Instituto Municipal Contra las Adicciones (IMCAD), organismo descentralizado creado en 2013, es la instancia encargada de diseñar la política pública municipal en la materia.
Su documento de planeación define el problema que atiende como el incremento en el uso de drogas legales e ilegales entre la población tijuanense, calculada en más de 1.9 millones de habitantes como población potencial.
Sin embargo, evaluaciones internas del propio instituto señalan que sus programas, dirigidos a personas de entre 10 y 59 años, pueden atender como máximo a 76% de esa población potencial, y que el presupuesto aprobado en 2023 fue de 13 millones 556 mil pesos.
El IMCAD opera, además de programas de prevención en escuelas y comunidades, la Comunidad de Tratamiento y Reintegración Social (Cotrrsa), un programa de internamiento voluntario de seis meses seguido de un periodo de reinserción laboral de tres meses, dirigido a hombres de entre 18 y 59 años sin enfermedades infectocontagiosas ni trastornos mentales diagnosticados.
A finales de 2025, el instituto firmó un convenio con una empresa privada para ampliar sus acciones de prevención y atención comunitaria.
A escala federal, la actual administración mantiene una campaña de comunicación centrada primero en fentanilo y, más recientemente, en metanfetamina, sustancia que, según especialistas citados en medios nacionales, ha desplazado a otras drogas en las solicitudes de tratamiento entre jóvenes.
El desenlace: la calle, el hospital o la muerte sin acompañamiento.
Para una parte de la población que vive con adicción en Tijuana, el punto final del proceso ocurre fuera de cualquier centro de tratamiento.
En la canalización del Río Tijuana, conocida como "El Bordo", estudios de El Colegio de la Frontera Norte y censos de autoridades municipales han estimado entre 700 y 1,200 personas viviendo en el lugar, entre 60% y 72% de las cuales enfrenta problemas de adicción, muchas de ellas también deportadas de Estados Unidos.
La misma investigación de El Colef documentó que 94% de los encuestados había sido detenido alguna vez por la policía municipal y que 44% reportó haber sufrido agresiones físicas durante esas detenciones.
Consecuencias para la población en general.
Más allá de quienes viven directamente con una adicción, el fenómeno se traduce en carga adicional para los servicios forenses y de salud pública, que destinan personal y recursos a las pruebas toxicológicas y a la atención de sobredosis; en gasto económico para las familias que pagan cuotas semanales a centros no regulados sin garantía de resultado; y en el uso de espacios públicos como el canal del río o zonas del Centro y la Cinco y Diez para el consumo a la vista de la población.
La infiltración de la delincuencia organizada en algunos centros de rehabilitación, documentada en distintos estados del país, añade un factor de riesgo adicional para las familias que buscan tratamiento para un familiar.
La discusión sobre cómo regular a los anexos, ampliar la cobertura de tratamiento público y generar información confiable sobre el consumo y la efectividad de los tratamientos en la ciudad permanece abierta, en un contexto en el que la última encuesta nacional de adicciones tardó nueve años en actualizarse y en el que Tijuana no cuenta todavía con un instrumento propio y periódico para medir la magnitud del fenómeno.