La otra cara de la salud pública en México
"La salud es un derecho humano, no un privilegio para quienes pueden pagarlo." - Paul Farmer
Por Isidro Aguado Santacruz
Clara camina con pasos lentos por la avenida Camino Verde en Tijuana, mientras sus hijos juegan frente a ella, ajenos a la carga que su madre lleva en el corazón. Me confiesa que, ante la falta de medicamentos gratuitos en los centros de salud, debe destinar hasta un tercio de su ingreso mensual a farmacias privadas para cubrir las necesidades de sus hijos. La medicina, que debería ser un derecho, se ha convertido en un lujo que divide a las familias entre quienes pueden costearla y quienes deben esperar a que el azar o la escasez decidan su suerte. Clara no es un caso aislado; en cada barrio de la ciudad, el eco de historias semejantes dibuja la misma fragilidad humana: rostros que buscan alivio en medio de un sistema fragmentado.
Los números son implacables. Según el INEGI, para 2023 más de 24 millones de mexicanos carecían de acceso constante a servicios de salud. En Baja California, el 25.7% de la población recurre a consultorios anexos a farmacias, mientras que el IMSS cubre al 33% y los hospitales privados al 27%. La dependencia de estos consultorios es crítica: de cerrarse, el estado podría enfrentar una crisis sanitaria de proporciones graves, dada la necesidad de atención inmediata y la creciente demanda de población en zonas urbanas y rurales. Entre 2018 y 2023, el número de mexicanos sin cobertura sanitaria se duplicó, pasando de 20 a 44 millones, reflejando la complejidad de transitar de un sistema antiguo a uno universal, aún en construcción.
Las enfermedades crónicas agudizan la vulnerabilidad: la diabetes afecta a más de 12 millones de personas en México, la hipertensión a 18 millones y la obesidad a más de 36 millones, según datos de la ENSANUT 2021. La mortalidad por enfermedades cardiovasculares, diabetes y complicaciones metabólicas representa cerca del 40% de los decesos anuales, mientras la prevención sigue siendo insuficiente en amplias regiones del país. Aunado a esto, el gasto privado en salud, que incluye consultas, medicamentos y transporte, puede representar entre 10 y 15% del ingreso familiar mensual para hogares de ingresos medios-bajos, un esfuerzo financiero que muchas veces desplaza necesidades básicas como alimentación y educación.
Comparando con otros países, la diferencia es evidente: en Canadá, Japón y los países nórdicos, el gasto público en salud supera el 6% del PIB, asegurando cobertura universal, atención primaria robusta y acceso continuo a medicamentos. En México, este gasto oscila entre 2.5 y 2.9% del PIB. En Colombia y Brasil, aunque se ha avanzado hacia la cobertura universal, persisten brechas similares a las mexicanas en zonas rurales y barrios periféricos. La evidencia indica que la universalidad no depende solo de la creación de instituciones, sino de su financiamiento sostenido, capacidad logística y administración eficiente de recursos humanos y materiales.
En Baja California, los consultorios anexos a farmacias representan una estrategia de proximidad imprescindible, pero requieren supervisión rigurosa, capacitación constante y provisión suficiente de insumos. La capacitación para la detección temprana de enfermedades infecciosas, problemas de salud mental y adicciones es un avance, pero no sustituye la necesidad de sistemas integrales que articulen hospitales, clínicas y telemedicina. La rotación frecuente del personal y el desabasto de medicamentos son retos que limitan la eficacia de estas unidades.
Las posibles soluciones se encuentran en la combinación de políticas públicas basadas en evidencia y estrategias innovadoras: integrar consultorios locales con hospitales y sistemas de telemedicina, digitalizar expedientes médicos para mejorar continuidad de atención, optimizar la logística de suministro de medicamentos y establecer comités comunitarios de salud que supervisen el funcionamiento y garanticen transparencia. Asimismo, fortalecer la atención primaria, priorizar la prevención de enfermedades crónicas, asegurar financiamiento sostenible y promover la investigación en salud pública son pasos indispensables para transformar la cobertura sanitaria en una realidad equitativa.
Clara y millones de mexicanos viven diariamente entre la fragilidad de la enfermedad y la carga económica que esta representa. Sus historias nos recuerdan que la salud no puede depender del azar ni del ingreso familiar. Los rostros detrás de las estadísticas son recordatorios silenciosos de que el derecho a la salud es un pacto ético con la sociedad. Convertir los números en acciones concretas, sostenibles y justas es un desafío que requiere la colaboración de académicos, legisladores, autoridades y sociedad civil, para que ninguna familia más tenga que decidir entre la medicina y la comida, entre la enfermedad y la esperanza.
Adaptarse al compás de la vida no es tarea sencilla; en Cambio de ritmo, intento no perder el paso. Que tengas un excelente inicio de semana lector.