Trump, un año de rupturas
Se cumple un año desde que Donald Trump regresó a la Casa Blanca, el 20 de enero de 2025, para iniciar un segundo mandato que ha alterado no solo la política estadounidense, sino los equilibrios centrales del sistema internacional. Doce meses después, el balance no admite eufemismos: el rasgo dominante ha sido la ruptura. Ruptura institucional, ruptura diplomática, ruptura económica y ruptura del consenso liberal que sostuvo el orden global durante más de siete décadas.
El arranque fue inmediato y simbólico. En su primer día en el Despacho Oval, Trump firmó el indulto de alrededor de 1,500 personas procesadas por el asalto al Capitolio del 6 de enero de 2021. El mensaje fue inequívoco: el nuevo ciclo no se construiría sobre la reconciliación ni sobre la reafirmación del Estado de derecho, sino sobre la revancha política. Lejos de ser un gesto aislado, ese acto inaugural marcó el tono de una presidencia gobernada por decreto, aceleración y confrontación permanente.
Durante este primer año, la Casa Blanca ha producido una cantidad inédita de órdenes ejecutivas que afectan ámbitos tan diversos como la política migratoria, el funcionamiento de la burocracia federal, la regulación económica, la educación, la ciencia y la cultura. La hiperactividad presidencial no ha sido neutral: ha erosionado normas, procedimientos y equilibrios institucionales que tradicionalmente limitaban el poder ejecutivo. Analistas coinciden en que no se trata de improvisación, sino de una estrategia deliberada para expandir la autoridad presidencial al máximo margen posible.
En el plano interno, uno de los episodios más significativos fue la creación y operación del llamado Departamento de Eficiencia Gubernamental (DOGE), inicialmente encabezado por Elon Musk antes de su ruptura pública con el presidente. Desde esa oficina se ejecutó una reducción drástica del aparato estatal: decenas de miles de funcionarios federales fueron despedidos, agencias enteras vieron recortadas sus funciones y la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID) quedó prácticamente desmantelada. El gobierno justificó estas decisiones como un combate al despilfarro; sus críticos las interpretan como un debilitamiento consciente de capacidades estratégicas del Estado.
La economía fue convertida en herramienta política central. En abril de 2025, Trump impuso aranceles generalizados a una amplia lista de países, incluyendo a China, Japón, Canadá, México y la Unión Europea. El resultado fue una dislocación del comercio global y un aumento abrupto de la tasa arancelaria efectiva de Estados Unidos, que, según diversos análisis, alcanzó niveles no vistos desde la Gran Depresión de los años treinta. El discurso oficial presentó esta política como un acto de soberanía económica; en la práctica, introdujo una prima de riesgo que frenó inversiones y deterioró la previsibilidad, uno de los pilares del sistema comercial internacional.
Pese a la promesa de reducir el costo de vida, los indicadores internos no acompañaron el relato. La inflación no descendió al ritmo anunciado, los precios de bienes básicos se mantuvieron elevados y la aprobación presidencial comenzó a erosionarse de forma sostenida. Las encuestas acumulan más de 300 días consecutivos con índices de popularidad negativos, reflejo de un descontento que no se limita a sectores ideológicos, sino que atraviesa capas amplias del electorado.
En materia migratoria, la administración desplegó una política de máxima dureza. En febrero de 2025, más de 250 migrantes venezolanos fueron deportados sin juicio previo a una prisión de máxima seguridad en El Salvador, en un operativo que generó condenas internacionales. A lo largo del año, más de 600,000 personas fueron deportadas y cerca de dos millones optaron por abandonar voluntariamente el país ante el endurecimiento de controles y redadas, según cifras oficiales. Aunque una parte significativa de la población respalda el objetivo de ordenar la migración irregular, los sondeos muestran un rechazo creciente a los métodos utilizados.
El uso político de las fuerzas de seguridad alcanzó un punto crítico con el envío de tropas federales a ciudades gobernadas por demócratas como Los Ángeles, Washington, Chicago y, más recientemente, Minneapolis. El asesinato de Renée Good por un agente policial, calificado como defensa propia por el trumpismo pese a la evidencia audiovisual, reavivó el debate sobre la instrumentalización del Departamento de Justicia y el riesgo de un Estado policial. El debate sobre si Estados Unidos enfrenta rasgos de autoritarismo dejó de ser académico para instalarse en la conversación cotidiana.
En política exterior, el impacto ha sido aún más profundo. Trump prometió durante la campaña poner fin de inmediato a las guerras en Ucrania y Gaza. Un año después, el balance es magro. En Medio Oriente, el respaldo incondicional a Israel derivó en un alto al fuego frágil que colapsó en menos de 48 horas. En Ucrania, los intentos de imponer una "paz negociada" fracasaron ante la negativa de Vladímir Putin, quien utilizó los encuentros diplomáticos como plataforma propagandística sin ceder en lo sustantivo.
Lejos de reducir la intervención militar, Estados Unidos reforzó su presencia armada. Hubo bombardeos contra objetivos iraníes, ataques a supuestas narcolanchas en el Caribe y, el 3 de enero de 2026, una operación militar en Caracas que dejó más de 80 muertos y culminó con la captura de Nicolás Maduro y Cilia Flores. La operación confirmó el retorno explícito de una versión renovada de la Doctrina Monroe, rebautizada informalmente como "Doctrina Donroe": América Latina vuelve a ser tratada como zona de influencia directa.
Europa tampoco escapó al terremoto. Trump exigió a los países de la OTAN elevar el gasto militar al 5% del PIB y condicionó la relación comercial al alineamiento político. Su ofensiva para adquirir Groenlandia tensó al máximo la relación con Dinamarca y encendió alarmas en la Unión Europea. El documento de Estrategia de Seguridad Nacional publicado en diciembre de 2025 describió al continente europeo como una civilización en riesgo y propuso apoyar desde dentro a partidos de ultraderecha afines a la Casa Blanca.
México ha vivido este año en primera línea. En marzo de 2025 entraron en vigor aranceles generalizados contra México y Canadá, confirmando que el T-MEC dejó de ser un ancla de certidumbre para convertirse en una palanca de presión. Con la revisión del tratado prevista para este junio de 2026, el país enfrenta un dilema estratégico: ceder para comprar estabilidad o resistir para preservar márgenes de soberanía en política industrial, energética y regulatoria, bajo una presión creciente para aceptar mayor intervención estadounidense en materia de seguridad.
A un año de su regreso, Trump no ha consolidado un nuevo orden: ha acelerado la descomposición del existente. El comercio dejó de ser un mecanismo de integración para convertirse en arma; la diplomacia mutó en transacción personalista; la legalidad se subordinó a la urgencia política. El mundo aún no refleja plenamente el impacto económico de esta transformación, pero los síntomas están ahí: debilitamiento del dólar, refugio en metales preciosos y un sistema internacional cada vez más fragmentado.
Lo que viene no promete moderación. Las elecciones de medio término de 2026 aparecen como el último contrapeso posible, aunque incluso su celebración ha sido puesta en duda retóricamente. En este primer año, Trump ha demostrado que el caos no es un accidente de su gobierno, sino su principal instrumento. Y cuando el desorden se vuelve método, el costo no se mide solo en encuestas, sino en la erosión silenciosa de las reglas que sostienen la convivencia democrática y el equilibrio global.
Adaptarse al compás de la vida no es tarea sencilla; en Cambio de ritmo, intento no perder el paso. Que tengan un excelente inicio de semana lector@s.
*_El columnista es académico y analista político, autor de: Un país imaginario y Tras las cortinas del poder. Escribe todos los martes y viernes, su columna, Cambio de ritmo._