20/10/2026 15:46 / Uniradio Informa Baja California / Columnas / Actualizado al 20/10/2026
Cada mañana, casi sin pensarlo, abrimos la llave para lavarnos los dientes, nos mojamos el rostro para despertar, nos duchamos antes de salir de casa. Son gestos tan cotidianos que rara vez nos detenemos a pensar en ellos. El agua está ahí, o al menos eso suponemos. Forma parte de nuestra rutina con tanta naturalidad que olvidamos que detrás de cada gota existe una infraestructura, una fuente de abastecimiento y una responsabilidad pública que pocas veces ocupan nuestros pensamientos.
En México, ese derecho no depende de la voluntad de una autoridad. El artículo 4.º de nuestra Constitución reconoce que toda persona tiene derecho al acceso, disposición y saneamiento de agua para consumo personal y doméstico en forma suficiente, salubre, aceptable y asequible. El mismo precepto establece que el Estado debe garantizarlo y que la ley debe definir las bases para un uso equitativo y sustentable de los recursos hídricos. No estamos, por tanto, ante una aspiración secundaria de la política pública, sino ante un mandato constitucional.
Este reconocimiento también se relaciona con los compromisos internacionales asumidos por México. El Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales protege el derecho a un nivel de vida adecuado y el derecho a la salud en sus artículos 11 y 12. A partir de esas disposiciones, el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de las Naciones Unidas desarrolló, en su Observación General número 15, el contenido del derecho humano al agua: todas las personas deben contar con agua suficiente, salubre, aceptable, físicamente accesible y asequible para sus necesidades personales y domésticas.
En 2010, la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó la Resolución 64/292, mediante la cual reconoció explícitamente el derecho al agua potable y al saneamiento como esencial para el pleno disfrute de la vida y de todos los derechos humanos. A ello se suman instrumentos internacionales que protegen especialmente el acceso al agua de mujeres en zonas rurales, niñas, niños y personas con discapacidad. La conclusión es clara: el agua está vinculada con la salud, la alimentación, la igualdad y la dignidad. Cuando falta o no es segura, las consecuencias no se limitan al recibo del servicio; alcanzan la vida cotidiana y el ejercicio de otros derechos.
Conviene detenernos en lo que esas palabras significan. Que el agua sea suficiente supone que alcance para las necesidades básicas; que sea salubre implica que no represente un riesgo para la salud; que sea accesible exige que las personas puedan obtenerla sin obstáculos indebidos; y que sea asequible significa que su costo no debe impedir que una familia satisfaga otras necesidades esenciales. No basta, entonces, con que exista una tubería frente a una vivienda. El derecho debe traducirse en un servicio efectivo, seguro y compatible con la dignidad de las personas.
Esta es la dimensión desde la que debemos observar lo ocurrido en Guadalajara. Durante meses, habitantes de distintas colonias denunciaron problemas con la calidad del agua que llegaba a sus hogares. La crisis escaló en octubre de 2026, cuando miles de personas salieron a las calles para exigir agua limpia y respuestas de las autoridades. Posteriormente, se anunciaron restricciones programadas que afectarían a 627 colonias, mientras el gobierno planteaba nuevas obras para enfrentar los problemas de abastecimiento. La protesta también quedó marcada por enfrentamientos con las fuerzas de seguridad y cuestionamientos sobre el uso de la fuerza pública.
Lo ocurrido demuestra que una crisis hídrica no comienza el día en que la gente protesta. Empieza mucho antes: cuando los reportes vecinales no reciben respuestas suficientes, cuando las redes envejecen sin mantenimiento oportuno, cuando la información sobre la calidad del agua no es clara y cuando las soluciones estructurales se posponen. La protesta puede ser el momento en que el problema se vuelve imposible de ignorar, pero rara vez es el momento en que comenzó.
Desde luego, cada denuncia debe investigarse y las afirmaciones sobre contaminación tienen que sustentarse en análisis confiables. Precisamente por eso, las autoridades tienen la obligación de informar con transparencia, publicar resultados verificables, explicar los riesgos sanitarios y comunicar qué medidas se adoptarán. La población no debería tener que elegir entre confiar a ciegas en el servicio público o buscar por sus propios medios información para saber si puede utilizar el agua de su hogar.
Tampoco podemos mirar hacia Guadalajara como si se tratara de un asunto distante. En Tijuana y Playas de Rosarito, la gestión del agua es un desafío estratégico. En 2025, la Comisión Estatal de Servicios Públicos de Tijuana informó que atendía a más de 750 mil usuarios activos y que la demanda anual de ambos municipios superaba los 150 millones de metros cúbicos. La dependencia reportó una cobertura de agua potable del 99.5 por ciento. Son cifras relevantes, pero deben analizarse junto con otros indicadores: continuidad del servicio, calidad del agua, pérdidas en la red, capacidad de saneamiento y preparación ante contingencias. Una cobertura elevada no elimina la necesidad de prevenir futuras crisis.
Nuestra situación geográfica hace todavía más importante esa previsión. La zona costa depende en gran medida del agua proveniente del río Colorado, transportada mediante un sistema de acueductos y plantas de bombeo que permite llevarla hasta nuestras ciudades. Esa infraestructura sostiene hogares, escuelas, hospitales, comercios e industrias. Su importancia exige mantenimiento constante, inversiones oportunas y una estrategia que considere el crecimiento urbano, la disponibilidad futura del recurso y los efectos del cambio climático.
Aquí es donde el mandato constitucional debe convertirse en decisiones concretas. Garantizar el derecho al agua requiere reparar fugas, modernizar redes, fortalecer el tratamiento de aguas residuales, impulsar el reúso, proteger las fuentes de abastecimiento y evaluar nuevas alternativas con criterios técnicos, ambientales y financieros. También exige que los presupuestos se traduzcan en obras concluidas, que los proyectos se sometan a vigilancia pública y que las autoridades expliquen con claridad sus resultados. El anuncio de una inversión no equivale a una solución; la solución se comprueba cuando el servicio llega en condiciones adecuadas a las personas.
El deber del Estado no excluye la responsabilidad ciudadana. Debemos evitar el desperdicio, reparar las fugas domésticas y utilizar el recurso de manera responsable. Pero sería un error trasladar toda la carga a las familias mediante campañas de concientización, mientras se ignoran las pérdidas de la infraestructura o las deficiencias de planeación. El cuidado del agua debe ser compartido, aunque las obligaciones de cada parte son distintas: a la ciudadanía le corresponde usarla responsablemente; a las autoridades, garantizar el derecho y administrar el recurso con eficacia, transparencia y visión de largo plazo.
El agua también revela desigualdades. Una familia con recursos puede comprar garrafones, instalar una cisterna o pagar alternativas privadas cuando el suministro falla. Para otra, la interrupción representa un golpe directo a su economía, su salud y su tranquilidad. Por eso, hablar del derecho al agua es hablar también de justicia social. Su protección debe dar prioridad a las personas y comunidades que enfrentan mayores obstáculos para acceder a un suministro seguro y suficiente.
La lección de Guadalajara debe servirnos para anticiparnos, no para esperar a que el problema alcance la misma dimensión. La Constitución ya reconoce el derecho; los instrumentos internacionales han desarrollado sus alcances; el desafío está en convertir esas normas en una realidad cotidiana. Ninguna familia debería tener que organizar una protesta para recibir agua limpia, y ninguna autoridad debería necesitar una crisis para recordar que tiene obligaciones jurídicas frente a la población.
En Baja California todavía podemos fortalecer la prevención, exigir información pública y evaluar con seriedad las decisiones que determinarán nuestro abastecimiento durante los próximos años. No se trata de sembrar alarma, sino de entender que la seguridad hídrica forma parte de la seguridad de nuestras comunidades.
Porque el agua no entiende de partidos, no espera a que concluyan las reuniones de gabinete ni distingue entre una promesa cumplida y una obra pendiente. Es indispensable para la salud, la economía y la vida cotidiana. Y cuando un derecho tan básico no se garantiza, lo que está en juego no es solamente la calidad de un servicio, sino la confianza de la sociedad en sus instituciones.
¿El día que el agua deje de salir, será demasiado tarde para comenzar a cuidarla.
