por El Colef
07/10/2026 09:06 / Uniradio Informa Baja California / Columnas / Actualizado al 07/10/2026
México, específicamente la región de los valles de Mexicali y San Luis Río Colorado, recibía históricamente 1850 millones de metros cúbicos anuales (Mm3/a) por asignación del Tratado de Aguas Internacionales, pero desde que iniciaron los recortes establecidos en cuatro actas consecutivas de la CILA relacionadas con el río Colorado (319, 323, 330 y 334), las cosas han cambiado y se esperaría que continúen cambiando de manera más radical. Ante los recortes de 51 Mm3 en 2021; 99 en 2022; 128 en 2023; 263 en 2024; 346 en 2025; 182 en 2026; y programados 308 en 2027 y 308 en 2028, surge el siguiente cuestionamiento ¿cuáles son las implicaciones y retos para los usuarios del campo y las ciudades de la zona fronteriza ante el escenario de crecimiento sostenido de la demanda y de sequía prolongada que afecta a la región desde hace más de un cuarto de siglo?
Son diversas las acciones que se han implementado para enfrentar la crisis, pero hasta el momento, ninguna realmente enfocada a generar un cambio radical en la demanda de agua; más bien, las estrategias se han encaminado por las rutas tradicionales de generar nuevas fuentes de agua, es decir, incrementar la oferta.
El campo es el sector que sufre directamente las consecuencias, mismas que se intensificaron a partir de las reformas a la Ley de Aguas Nacionales (LAN) en diciembre pasado, de manera que, del Distrito de Riego 014, adicionalmente a los recortes mencionados, en 2026 y 2027, la Conagua recuperará derechos de riego por 124 Mm3/a para efecto de reasignarlos a las ciudades de la zona costa, lo que conjuntamente resulta en una reducción total de 432 Mm3/a en cada uno de esos años. Esto implicará la compactación inmediata de la superficie de riego en 44,000 hectáreas y, por otra parte, la eventual intensificación de la sobreexplotación del acuífero del Valle de Mexicali. Solo para tener una referencia de la magnitud del recorte, este equivale a más de 4.3 veces el consumo anual de la zona urbana de Mexicali.
Para las ciudades de la franja fronteriza, las implicaciones son en sentido positivo, ya que los recortes de CILA no se aplican al uso público-urbano y, además, las reasignaciones de la Conagua son precisamente para asegurar la disponibilidad en Tijuana y Rosarito y, con ello, continuar impulsando el desarrollo inmobiliario, industrial y turístico que caracteriza a esas urbes.
Lo anterior evidencia las inequidades sectoriales y regionales para alcanzar un desarrollo equilibrado y sostenible en Baja California. Entonces, ¿qué se podría hacer en materia de gestión y uso del agua para tratar de balancear o reducir esas notorias diferencias de oportunidades que incentiva la actual política del agua?
Las soluciones son inclusive de sentido común y poco novedosas: enfocarse en las áreas de oportunidad para utilizar de manera más eficiente, en un 3 a 4% general, las fuentes de agua tradicionales, tanto del río Colorado como del acuífero en Mexicali, de esta manera el sector agro podría amortiguar los impactos de las actas y la LAN, para que a partir de ello pueda aumentar su disponibilidad entre 65 y 70 Mm3/a y mantener la superficie agrícola. Por otra parte, en las ciudades de la zona costa se debe impulsar eficazmente la reducción del consumo per cápita que actualmente sobrepasa los estándares internacionales en un 67%, eliminar fugas en las redes de agua potable que son del orden del 25%, incrementar el reúso de aguas residuales tratadas que actualmente oscila entre 2 y 4%, captar agua de lluvia que actualmente es cero, etc. De esta manera, no habría tanta presión por el agua del río Colorado y del Valle de Mexicali, y tampoco tendrían que buscarse "nuevas fuentes de agua" caras, altamente consumidoras de energía y contaminantes, tal como lo son las plantas desalinizadoras que, desde la perspectiva de los tomadores de decisiones, representan la panacea. Lo novedoso sería que, ante la grave crisis de agua, se implementara una política del agua con sentido común, basada en esquemas ampliamente participativos enfocados en promover eficazmente la sostenibilidad y justicia hídrica regional.
